Fotógrafo: Jesus Adrian García

En el marco de la conmemoración de los 60 años del Acuerdo de Ginebra, destacados juristas y académicos se dieron cita en un foro sobre la vigencia, legalidad y posición histórica de Venezuela con respecto a este instrumento jurídico, en el que reafirmaron que es el único válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

Durante el encuentro en la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, en Caracas, los ponentes coincidieron en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 produjo un efecto de innovación en el Derecho Internacional, sustituyendo las circunstancias previas por una nueva obligación de negociar, lo que deja al Laudo Arbitral de 1899 como un elemento meramente histórico y carente de validez jurídica.

Antonio Remiro Brotons, profesor y abogado experto en Derecho Internacional, calificó el Acuerdo de Ginebra como una "historia de éxito" dentro del proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas. "El acuerdo no es un pacto político que obliga solo a personas; es un tratado entre sujetos soberanos del cual se desprenden efectos jurídicos. Su incumplimiento implica responsabilidad internacional", afirmó.

El jurista subrayó que la premisa del Acuerdo es, precisamente, la contención venezolana de que el Laudo de 1899 es "nulo e írrito". Según Brotons, si el Reino Unido no hubiera aceptado esta premisa, no habría existido negociación alguna. "Vamos a buscar un arreglo por vía negociadora, que sea práctico y satisfactorio. Ese es el objeto del tratado", sentenció.

Por su parte, María Esperanza Orihuela, profesora de Derecho Internacional Público, enfatizó que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no puede ser impuesta sin el consentimiento de las partes.

Explicó que Venezuela ha mantenido una "posición histórica de no someter a mecanismos que impongan una solución determinada" aquellos asuntos que comprometan su integridad territorial.

La académica recordó que esta postura fue ratificada por el pueblo venezolano en el referéndum del 3 de diciembre de 2023. "El consentimiento de las partes resulta imprescindible para que la Corte pueda resolver la controversia y ese consentimiento de Venezuela nunca ha existido", señaló, calificando de "imposible" que un proceso judicial logre la solución "mutuamente aceptable" que exige el Acuerdo de Ginebra.

Ambos ponentes denunciaron la actitud de la República Cooperativa de Guyana, acusándola de desnaturalizar el Acuerdo bajo la influencia de intereses petroleros. Brotons destacó que la "buena fe" en la diplomacia implica empatizar con el adversario para llegar a un punto constructivo, algo que Guyana ha bloqueado sistemáticamente al intentar validar un laudo muerto desde 1966.

El foro concluyó con un llamado a mantener la unidad nacional en la defensa de los derechos históricos de Venezuela e insistir en la vía del diálogo directo como el único camino legal y soberano establecido en el Acuerdo de Ginebra para dirimir la controversia territorial.