En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros y el canciller Yván Gil, el representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), embajador Samuel Moncada, informó este martes que entregó una carta a la presidencia del Consejo de Seguridad del organismo para denunciar formalmente el grave acto de secuestro y piratería del buque petrolero venezolano, ocurrido el pasado 10 de diciembre,  en aguas internacionales del Caribe y cuya tripulación al día de hoy está desaparecida. 

“Se trata de un acto de piratería de Estado ejecutada mediante el uso de la fuerza militar que constituye un robo descarado de activos que no pertenecen a los Estados Unidos de América, sino que forman parte del comercio internacional lícito de un Estado miembro de las Naciones Unidas”, refiere la misiva, leída por el embajador, en la cual se enfatiza que este hecho no es aislado sino que se trata de una “política sostenida de coerción y agresión” contra su país, “caracterizada por la aplicación prolongada de medidas unilaterales, ilegales e ilegítimas, que hoy derivan en una práctica aún más  grave: la piratería marítima”. 
 
Explicó que el secuestro del petrolero venezolano viola el derecho internacional. “La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, en su artículo 101, define la piratería como todo acto de violencia, detención o depredación cometido en alta mar contra un buque, su tripulación o sus bienes por un sujeto privado. En este caso, cuando es la fuerza militar de un Estado la que ejecuta los mismos actos catalogados de piratería, el hecho no hace sino agravar la acción hostil y genera una alarma que sacude las bases del sistema multilateral”.

El embajador también hace referencia al artículo 2, párrafo 4, que prohíbe de manera categórica el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sentenciando que “corresponde exclusivamente al Consejo de Seguridad de la ONU  -conforme a los artículos 39 y 42- determinar las existencias de amenazas a la paz y en su caso, autorizar medidas coercitivas”. 

”Esta instancia ha definido claramente que la piratería constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional, incluso ha generado una doctrina especial en la materia, mediante la creación de un paraguas legal excepcional, como lo evidencian las resoluciones 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 2015 (2011), 2184 (2014) y 2634 (2022)”, refiere el diplomático. 

“Asimismo, la Organización Marítima Internacional (OMI), en el marco de su Convenio Constitutivo y de las resoluciones de su Asamblea, condena la piratería y el robo armado contra buques, y promueve la cooperación internacional para prevenir, reprimir y sancionar estos actos, por constituir una amenaza directa a la seguridad marítima y al comercio internacional”, prosiguió. 

Precisó que “tolerar o normalizar este tipo de conductas equivaldría a legitimar el caos en la navegación marítima internacional, lo cual es absolutamente incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho del Mar y el mandato fundamental de este Consejo”. 

En virtud de esto, Moncada refirió que el Gobierno de Venezuela exige al Gobierno de Estados Unidos (EEUU): 

1. La liberación inmediata y sin condiciones de la tripulación secuestrada.
2. La devolución inmediata del petróleo venezolano confiscado ilegalmente en alta mar.
3. El cese inmediato de cualquier acción de fuerza o interferencia contra la comercialización legal de petróleo venezolano. 

Igualmente, Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a: “Condenar públicamente este acto de piratería promovida por un Estado, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito; actuar conforme a sus responsabilidades primordiales para preservar la seguridad de la navegación y del comercio internacional, gravemente amenazadas por este precedente; e impedir que las prácticas equivalentes a la piratería se consoliden como instrumento de coerción económica y política entre Estados”. 

Moncada reiteró que su nación continuará ejerciendo su derecho soberano e inalienable a comercializar legítimamente sus recursos y exigir que ninguna operación legal sea objeto de robos, secuestros o actos de piratería, venga de donde venga.