Fotógrafo: Alexis Madriz
El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, advirtió que el mundo es testigo de “una escalada del unilateralismo y de las prácticas intimidatorias, en particular en forma de supuestos aranceles”.
En ese sentido, explicó que “los llamados aranceles que hoy se pretenden imponer persiguen objetivos diferentes a los relacionados con el comercio”, pues los mismos “procuran objetivos similares a los de la política de medidas coercitivas unilaterales que el gobierno estadounidense ha abrazado durante décadas”, los cuales son “coaccionar y subordinar a las naciones del mundo en desarrollo, a fin de preservar sus agendas de dominación y de avanzar sus egoístas intereses neocoloniales y geoestratégicos”.
El Canciller venezolano recordó que actualmente más de 30 naciones son objeto de medidas coercitivas unilaterales “que afectan directamente la vida cotidiana de más de un tercio de la humanidad, en particular de aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables”.
“Se trata de una realidad que ha creado una crisis sistémica en todo el sistema de relaciones internacionales y que no sólo sigue erosionando el multilateralismo, sino que además aumenta la incertidumbre, la inestabilidad, la desconfianza y las tensiones en todo el mundo, en un momento en el que nos enfrentamos a grandes desafíos y profundas complejidades geopolíticas”.
Asimismo, Gil aseguró que las MCU “constituyen un problema mundial, que requiere una solución global” y que ahora son “más crueles y destructivas, que se valen del dolor y el sufrimiento que causan deliberadamente como medio para impulsar agendas intervencionistas y de desestabilización”.
“Las medidas coercitivas unilaterales, debemos decirlo sin ambigüedades, provocan también graves y negativas repercusiones en el ámbito humanitario, amenazando la vida y el bienestar de los pueblos a los que van dirigidas”, pues, entre otros efectos, dificultan o evitan “el acceso a los servicios de atención sanitaria, el acceso y la adquisición de medicamentos, de suministros médicos, de equipos y servicios, así como el desarrollo, la compra y el suministro de vacunas. También generan trabas en lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos que salvan vidas, creando graves impedimentos para la gestión y la mitigación de enfermedades, así como para el tratamiento de enfermedades, incluidas, entre otras, las enfermedades raras y las de naturaleza no transmisibles”.
