La paz y la estabilidad mundial enfrentan hoy nuevas y graves amenazas. Se trata de una guerra sofisticada, no por eso menos cruel y despiadada, en la que el armamento y el cerco militar son acompañados, en algunos casos incluso sustituidos, por el asedio económico, la persecución financiera, el ataque comercial y el despojo de activos a Estados soberanos. La aplicación de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) es más que un acto ilegal, es un crimen de lesa humanidad. Convoca, por tanto, el accionar conjunto de la comunidad internacional.
Venezuela es uno de los más de 30 países que actualmente luchan para superar las consecuencias del bloqueo económico, financiero y comercial derivado de la imposición de MCU que de mala fe se presentan al mundo como “sanciones” en un intento por justificar el perjuicio causado al pueblo, calificado como “devastador” por Alena Douhan, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de esas medidas coercitivas en el disfrute de los derechos humanos.
Esa devastación provocada por el bloqueo, impuesto desde 2014 y agudizado durante la pandemia por covid-19, se evidencia en cifras como la pérdida de hasta 99% de los ingresos en divisas del país, lo que ha impactado la importación de alimentos, medicinas e insumos para el sector salud, además de repuestos y otros bienes que han afectado en general el aparato productivo y la economía, y en particular la prestación de servicios básicos como agua, electricidad y gas doméstico.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa más importante del país y la principal generadora de ingresos, ha perdido más 100 mil millones de dólares por la caída de su producción a causa de “sanciones” directas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que han alcanzado además a diversos sectores económico-productivos y a terceros países.
El secuestro de empresas venezolanas localizadas en el extranjero como Citgo constituye un daño patrimonial valorado en más de 30 mil millones de dólares. Además, el bloqueo y desvío de recursos de esa filial de PDVSA en EEUU ha significado otra pérdida que es incuantificable: la muerte de al menos 14 niños venezolanos que esperaban por transplantes de hígado, riñón o médula ósea y el riesgo para cientos de pacientes atendidos con recursos de Citgo a través de la Fundación Simón Bolívar, cuyo programa de salud fue paralizado en 2017.
El paquete de MCU contra Venezuela representa una agresión sin precedentes en nuestra historia. En promedio, el país llegó a perder anualmente 30 mil millones de dólares durante 6 años, fueron congelados recursos por el orden de los 6 mil millones de dólares en bancos extranjeros y 31 toneladas de oro permanecen secuestradas en el Banco de Inglaterra.
Gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea han dictado medidas directas al menos contra 192 personas, 150 empresas (de ellas 140 de capital privado), 69 embarcaciones, 58 aeronaves y 30 buques petroleros. Venezuela es el quinto país con más “sanciones” en el mundo.
Voceros del gobierno de Estados Unidos, de las últimas tres administraciones con los presidentes Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, han declarado abiertamente que el objetivo de las “sanciones” es causar el mayor dolor posible al pueblo venezolano, a fin de provocar reacciones que conduzcan a un “cambio de régimen” en el país. Esa política configura un delito de lesa humanidad y como tal ha sido denunciado por Venezuela ante la Corte Penal Internacional.
Este brutal y sistemático ataque llega a cada sector del país y afecta todos los ámbitos de la vida nacional. Ante esa realidad, el Gobierno y el pueblo de Venezuela, con el apoyo y la solidaridad de aliados y amigos en el mundo, cada día trabaja para superar las graves consecuencias. Así, hemos logrado mantener la paz, la estabilidad y avanzar hacia la recuperación del estado de bienestar logrado por la Revolución Bolivariana, que antes de la arremetida imperial colocó al país entre los primeros de la región en niveles de inclusión, igualdad y seguridad social.
Lo que se impone hoy, por respeto al derecho internacional y a los principios de humanidad, soberanía e independencia que deben regir las relaciones entre los pueblos y gobiernos, es poner fin a la aplicación de Medidas Coercitivas Unilaterales, que son rechazadas por la Organización de Naciones Unidas como prácticas equiparables a la “amenaza o el uso de la fuerza”.
En su reciente informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la relatora especial ha pedido “que se levanten estas sanciones sectoriales, impuestas en su mayoría en nombre de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, ya que socavan estos mismos principios, valores y normas”.
Esa es también nuestra exigencia y nuestro llamado a todos los pueblos y gobiernos para que en cada escenario y oportunidad se sumen a la tarea de lograr que sean el respeto a la autoderminación y el multilateralismo los que rijan las relaciones internacionales.
El acto barbárico de aplicar MCU y el consecuente bloqueo económico, financiero y comercial derivado de ellas es una política que bajo confesión expresa de sus ejecutores busca causar dolor y sufrimiento a pueblos enteros e intervenir en asuntos internos de los Estados para provocar cambios políticos. Por ello, no sólo merece el repudio de la comunidad internacional sino que también exige decididas y firmes acciones colectivas para frenar esas prácticas en nombre de los más nobles valores de humanidad y convivencia pacífica de las naciones del mundo.
Félix Plasencia González
Canciller de la República Bolivariana de Venezuela
