Señor Presidente, Excelencias, 

La República Bolivariana de Venezuela participa en este Primer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General contra la Corrupción, ratificando su firme compromiso para prevenir, combatir y castigar el flagelo de la corrupción en todas sus dimensiones, como uno de los principales enemigos en la lucha contra la pobreza y el desarrollo y en la consolidación de sociedades equitativas.

Venezuela es país signatario de la Convención desde su adopción inicial en la Conferencia de Mérida, México, en diciembre de 2003, fecha que marcó un hito histórico y sentó las bases jurídicas en la cooperación multilateral en esta materia, y que cada día se convierte en un llamado urgente de los pueblos que muchas veces han visto frustradas sus aspiraciones y derechos por culpa de deshonestas minorías enceguecidas de poder, y de sistemas económicos que promueven la desigualdad.

Nuestra Constitución Nacional de 1999 establece como valor de acción política la Democracia Participativa y Protagónica, que otorga al pueblo, a través de diversos mecanismos políticos e institucionales, las facultades de control de la gestión pública.

La Carta Magna también creó un nuevo Poder Público, el Poder Ciudadano, como el principal garante de la justa y eficaz rectoría de las políticas estatales, compuesto por la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, junto al Consejo Moral Republicano, representan así el sustento y garantía institucional para prevenir y combatir las prácticas corruptas junto a los múltiples espacios del Poder Popular.

Nos anima la convicción de que los recursos que manejan los Estados y  las relaciones económicas y políticas deben responder como condición sine qua non al bienestar público, particularmente el de los más vulnerables, esto implica que ostentar un cargo público o privado, conlleva también a una gran responsabilidad social que debe ser honrada en todo momento.

Señor Presidente,

Ninguna sociedad se encuentra exenta del flagelo de la corrupción, tanto en su plano público y estatal, como en la usualmente olvidada dimensión privada, que está estructuralmente amparada por un modelo económico que premia la explotación y la usura, que promueve la concentración de la riqueza en pocas manos y genera una sociedad inequitativa y desigual. No hay corrupto público, sin corruptor privado. Estos esquemas de explotación implantados y naturalizados, son la causa principal de las prácticas de corrupción más extendidas y lamentablemente invisibilizadas, y constituyen una grave afrenta a los Pilares de las Naciones Unidas, en especial  a los Derechos Humanos.

El pueblo venezolano hoy debe asumir las consecuencias de la aplicación criminal de un bloqueo económico y medidas coercitivas unilaterales que, como un acto de corrupción incuestionable, ha congelado activos por más de treinta mil millones de dólares pertenecientes a la República y que deberían estar destinados a garantizar la alimentación y la salud del pueblo, particularmente en medio de la peor pandemia en cien años. Fijénse excelencias, nos estamos refiriendo a una modalidad de corrupción inducida desde centros de poder con intenciones geopolíticas. La agresión a Venezuela nos ha despojado de empresas, de fondos, de capacidad de financiamiento. Buena parte de esas riquezas, notoriamente mal habidas, ha caído en cuentas de políticos corruptos, de escritorios jurídicos y hasta en manos oscuras en el gobierno de los Estados Unidos.

Este saqueo ha desatado las ambiciones de sectores comerciales y financieros que se valen de cualquier estrategia, de forma cínica e inmoral,  para aprovecharse de las vulnerabilidades de empresas y sectores vinculados a Venezuela, con el objetivo de robarle esos recursos al pueblo venezolano.

Tal es el caso de la empresa venezolana CITGO, cuyo despojo ilegal ha generado una trama de corrupción internacional de miles de millones de dólares, que, incluso, ha sido recientemente desvelada por medios como The Washington Post y reconocida por las autoridades de ese país.

Señor Presidente,

 La infraestructura institucional del Estado venezolano ha actuado con firmeza contra la corrupción en diversos niveles, y mantiene una permanente mejora de la aplicación de los mecanismos existentes basados en la Ley contra la Corrupción y Salvaguarda del Patrimonio Público. No escapamos a este flagelo y lo enfrentamos día a día, hora a hora.  

Venezuela, como Estado signatario de la Convención, del 7 al 10 de junio de este año, iniciará el Segundo Ciclo del Examen de Revisión de la Aplicación de la Convención contra la Corrupción, abarcando el período 2016-2021. Este examen demuestra el compromiso abierto, transparente e inclusivo de nuestro país con la Convención.

Finalmente, en nombre del presidente Nicolás Maduro, ratificamos el compromiso del Gobierno venezolano con la cooperación multilateral y bilateral contra las prácticas corruptas, en favor de una gestión pública transparente y de relaciones equitativas de poder desde lo político y lo económico en las dimensiones pública y privada.

Muchas gracias.