En el marco del Debate General de la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el jefe de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela y Representante Permanente ante la Corte Penal Internacional (CPI), embajador Hector Constant Rosales, expresó que, fiel a su Constitución, Venezuela se constituye como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna los valores superiores de libertad, vida, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, y que los cinco Poderes nacionales del Estado venezolano actúan articuladamente para la protección y la promoción de los derechos de las y los venezolanos.

Asimismo, denunció que, a partir del año 2014, su país ha sido víctima de una sistemática campaña de desestabilización política y mediática, con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno, a costa del sufrimiento de su población. En este contexto, afirmó que en las más recientes acciones violentas, ocurridas posterior a la celebración de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha pretendido recrear, una vez más, la falsa matriz de opinión de una supuesta violación de derechos como política de Estado en Venezuela, desestimando a las propias víctimas de tal violencia y a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía venezolana.

El embajador Constant Rosales recordó que Venezuela ha sido objeto de la aplicación ilegal de más de 900 Medidas Coercitivas Unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos de América y otros Estados, que han significado un terrible impacto para la economía nacional y para los derechos humanos de los venezolanos, tal y como ha sido reconocido por mandatos independientes de Naciones Unidas. Compartió que, hasta el año 2022, el daño causado por estas criminales medidas a la economía del país se estimaba en 642 mil millones de dólares, lo cual es superior a las reservas internacionales de todos los once países restantes de América del Sur.

La delegación nacional también subrayó que remitió a la Fiscalía la situación Venezuela II, que busca determinar responsabilidades concretas sobre los crímenes que se desprenden de la aplicación de las ilegales medidas sancionatorias, enfatizando que Venezuela espera que se rechacen las sanciones ilegales contra los pueblos que las sufren y que se concluya prontamente el examen preliminar para proceder con las investigaciones.

Igualmente, el diplomático venezolano rechazó el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra y, en este contexto, repudió la agresión continuada de Israel contra el pueblo palestino, que se ha cobrado en el último año más de 44.000 vidas y ha causado deliberadamente una situación humanitaria sin precedentes contemporáneos. Venezuela hizo un llamado a redoblar los esfuerzos internacionales para avanzar de manera efectiva e inmediata en un necesario proceso de rendición de cuentas.

Finalmente, respecto al trabajo desarrollado con la Corte Penal Internacional, expresó que Venezuela ha mostrado su firme compromiso en el marco de la complementariedad y en congruencia con el derecho irrenunciable a su soberanía.

Actualmente, la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI está conformada por 124 Estados miembros y se reúne ordinariamente una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebra períodos extraordinarios de sesiones.