Reciban todas las delegaciones de los países representados en el Consejo de Derechos Humanos y la Alta Comisionada, señora Michelle Bachelet, un caluroso saludo del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Durante los últimos dos años, debemos reconocerlo, la humanidad ha vivido terribles, graves e inesperadas consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19. Esta tragedia mundial ha exacerbado las injusticias y las profundas desigualdades ya existentes en el mundo. Este hecho se ha expresado en el desigual acceso a las vacunas y a los tratamientos.

Según la Organización Mundial de la Salud, en los países de bajos ingresos, solo el 10% de la población ha sido vacunada. El acceso a los diagnósticos es aún menor. De las 4 mil 700 millones de pruebas realizadas en el mundo, solo 22 millones, es decir 0,4%, se han aplicado en los países con las economías más pobres.

Se necesita un esfuerzo multilateral y verdadera voluntad política para defender la vida humana por encima de las ganancias farmacéuticas.

Venezuela ha logrado, por su parte, mitigar y controlar la pandemia a pesar de las grandes dificultades enfrentadas por la imposición de medidas coercitivas unilaterales, sanciones ilegales, criminales, punitivas y extorsivas contra nuestra economía y nuestro pueblo. Medidas que han bloqueado el acceso a alimentos, medicinas, insumos y equipos médicos, antes y durante la pandemia.

A la fecha, 100% de la meta de población venezolana ha sido vacunada y 97% de los 508 mil casos que hemos tenido de contagios, se han recuperado plenamente. Todos los indicadores ubican a Venezuela entre los países de mejor desempeño en el combate contra el coronavirus.

Venezuela ha sido blanco de 502 medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas, para destruir nuestra economía, desestabilizar nuestra democracia y acabar con el modelo social inclusivo construido por la Revolución Bolivariana del Siglo XXI.

Las acciones ilegales contra nuestro pueblo, ejecutadas por la élite imperialista de los Estados Unidos, por la élite neocolonial de la Unión Europea y otros Estados y organizaciones, han violado los derechos humanos de nuestro pueblo y el derecho al desarrollo, como lo constató la Relatora Especial de Derechos Humanos contra Medidas Coercitivas Unilaterales, Alena Douhan, en su visita reciente y en su informe sobre nuestro país.

Una sostenida campaña de mentiras en la prensa internacional que ha pretendido criminalizar a nuestro amado país, a las autoridades y también a los migrantes; intentos de golpes de Estado y magnicidios, invasiones mercenarias made in Washington, penetración paramilitar y de bandas criminales en nuestro territorio financiado por el narcotráfico con el apoyo del Gobierno de Colombia, sabotaje a la infraestructura vital y a los servicios públicos de Venezuela se suman al plan de la guerra económica, que ha pretendido lo que ellos denominan un cambio de régimen, y tomar el control de los recursos naturales y las riquezas de Venezuela.

Nuestro país, como se conoce, ha sido históricamente un receptor de migrantes del mundo: más de 12 millones de migrantes viven entre nuestro pueblo, la mayoría procedente de Colombia; más de 6 millones de colombianos han sido recibido con los brazos abiertos, huyendo de la guerra, de la miseria, del narcotráfico y del paramilitarismo de Colombia. Hoy se recurre al expediente de la campaña contra los migrantes para justificar una intervención contra Venezuela. Rechazamos en alta voz esta perversa campaña.

Y de igual manera, tengo el deber de denunciar y rechazar las pretensiones de utilizar el Sistema Internacional de Derechos Humanos para sustituir gobiernos no alineados a los intereses hegemónicos de Occidente, e imponer contra los países del Sur, fórmulas de colonialismo judicial, en la cual los sistemas nacionales pretenden ser sustituidos por mecanismos intervencionistas, colonialistas, foráneos, en contravención de los principios de soberanía, autodeterminación y complementariedad. Así lo denunciamos desde Venezuela.

Debo denunciar que el Banco de Inglaterra, con el apoyo del Gobierno del Reino Unido, mantiene secuestradas y retenidas, 31 toneladas de oros de nuestro país, pertenecientes a las reservas legales e históricas de Venezuela.

Debo denunciar también que el Novo Banco de Portugal tiene secuestrado, en la modalidad de congelamiento, más de mil millones de dólares de Venezuela; que el City Bank transfirió 342 millones de dólares del Banco Central de Venezuela, pertenecientes al país, a una cuenta del Tesoro estadounidense de manera ilegal. Con este dinero pagan las operaciones de la organización criminal internacional, que basada en una ficción de reconocimiento a un Gobierno inexistente, ejecuta planes contra nuestro país.

Entre tanto, estas tres instituciones financieras nos niegan el derecho a usar recursos para comprar vacunas, medicamentos, alimentos, o insumos en general en la lucha contra el COVID-19, y para garantizar los derechos a la salud y a la vida del pueblo venezolano.

Lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional, que por presiones del Gobierno de los Estados Unidos se niega a entregar a Venezuela 5 mil millones de dólares en derechos especiales de giro que nos corresponden por derecho, para luchar contra la pandemia y por los derechos del pueblo.

Las mal llamadas “sanciones” han privado a nuestro país del 99% de sus ingresos en divisas por exportaciones y de al menos 30 mil millones de dólares líquidos que forman parte de los activos de Venezuela en el exterior.

El Embajador Alex Saab fue ilegalmente secuestrado en junio del año 2020, en Cabo Verde, donde se encontraba en una misión oficial para traer alimentos y medicinas a Venezuela.

El pasado 16 de octubre del año 2021, fue secuestrado por un grupo de militares de los Estados Unidos y llevado de manera ilegal desde Cabo Verde hasta el estado de la Florida, a pesar de la sentencia clara y tajante del Tribunal de la Comunidad de Estados de África Occidental, que ordenaba su liberación inmediata. Su inmunidad diplomática, sus derechos humanos y su propia integridad física fueron cruel y sistemáticamente violados. Su proceso en un tribunal estadounidense está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones.

A finales del año 2021, el diplomático Alex Saab fue designado representante oficial y permanente del Gobierno venezolano en la Mesa de Diálogo en México, entre el Gobierno constitucional que presido y los distintos sectores de la oposición venezolana.

En consecuencia, su segundo secuestro y su extracción ilegal a Estados Unidos fue un deliberado y artero golpe al desarrollo y continuidad del proceso de diálogo y paz que se desarrollaba en México.

Aún, en las circunstancias más difíciles, hemos hecho grandes esfuerzos para garantizar el mayor bienestar a nuestro pueblo. Ello ha sido posible, porque en 2021, tras 7 años de agresión, hemos logrado que la economía venezolana crezca de manera sostenible, por primera vez, desde el año 2013. Para 2022 transitamos una senda continuada de recuperación. Dirigiremos el 77% del presupuesto de la nación a la inversión en protección y seguridad social.

En el período anterior 2016 – 2021, entregamos más de 2 millones 800 mil viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, alcanzando recientemente el hito histórico de la construcción y entrega de 3 millones 900 mil viviendas cómodas y seguras al pueblo de Venezuela, desde el año 2011. Ello ha beneficiado a más de 10 millones 900 mil personas.

También debemos resaltar la creación en 2016 de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (los CLAP), que han asegurado la entrega mensual de alimentos a nuestro pueblo, con un subsidio del 99%, a más de 7 millones de familias.

Otro derecho que hemos defendido, con inversión directa y con políticas públicas acertadas, es el derecho a la educación. Tengo que decirles que el 84% de las instituciones que imparten educación en Venezuela pertenecen al sector público, gratuito y de calidad. 93% cuentan con programa especial de alimentación que se da de manera gratuita a los estudiantes.

Igualmente, la creación de la plataforma tecnológica de avanzada, de alto nivel, denominada Plataforma Tecnológica Patria, que hoy por hoy agrupa a 21 millones de personas, que reciben directamente atención social del Estado para la garantía de sus derechos económicos y sociales.

Deseo resaltar la creciente participación activa y protagónica del pueblo venezolano en el ejercicio de sus derechos políticos. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en 1999 hasta el presente, hemos celebrado en Venezuela 29 procesos electorales.

A pesar de la campaña mundial de los medios hegemónicos para desprestigiar nuestra fuerte democracia, el pasado 21 de noviembre del año 2021, el pueblo de Venezuela, nuevamente, por vez número 29, ejerció de manera exitosa su derecho al sufragio, eligiendo a sus autoridades, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, parlamentos regionales y concejos municipales.

Para esta jornada comicial se inscribieron 70 mil 244 candidatos y candidatas de todas las tendencias. 44% de las postulaciones correspondieron a mujeres, lo que evidencia la intensa labor para la participación de la mujer en la vida política de Venezuela.

Un día como hoy, lunes 28 de febrero del año 1989, hace 30 años, el pueblo venezolano se rebelaba contra la imposición de políticas neoliberales, rapaces, injustas; medidas económicas que pretendieron imponerse por parte del Fondo Monetario Internacional. Hablo de la revuelta popular conocida por entonces como “El Caracazo”.

Hoy por hoy no se sabe todavía la cifra de las víctimas, algunos hablan de más de 3 mil personas asesinadas, miles de heridos, centenares de desaparecidos. No hubo entonces comunidad internacional, llamada así, ni sistema de derechos humanos ni instituciones que protegieran a nuestro pueblo.

De aquella tragedia de dolor y rebelión, nació entonces una fuerza histórica para las transformaciones que ha vivido Venezuela. Nació una revolución política y social. Una Constitución garantista como ninguna otra, y un sistema de protección de los derechos humanos amplio y fuerte como el que hoy funciona en la Venezuela del Siglo XXI.

El pasado 25 de enero mi país participó, por tercera vez, en el Mecanismo del Examen Periódico Universal de este Consejo de Derechos Humanos.

Asistimos a nuestro tercer examen con un espíritu constructivo y cooperativo. Expusimos nuestros logros, avances y retos pendientes en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

Desde el año 2019 hemos puesto en práctica mecanismos de cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, para continuar fortaleciendo el modelo de derechos humanos en nuestro país.

En el marco de esta cooperación, funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada están presentes en Venezuela, cumpliendo su mandato con total libertad. La Oficina brinda apoyo técnico a más de 10 instituciones del Estado venezolano, en múltiples áreas de trabajo.

Con el mismo espíritu constructivo hemos extendido invitación para visitar a nuestro país, al Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo, y nos mantenemos en comunicación y cooperación con los diversos Procedimientos Especiales de este Consejo de Derechos Humanos.

Señor presidente

Deseo reiterar ante usted, que la acción de Venezuela en este Consejo de Derechos Humanos está orientada a la promoción, garantía y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el marco de nuestro compromiso con la Diplomacia Bolivariana de Paz.

Desde la tierra del Libertador Simón Bolívar, desde la tierra del gran Comandante Hugo Chávez, les agradezco la atención prestada.

Cuenten con mi Gobierno, cuenten con nuestro pueblo para que este Consejo de Derechos Humanos se fortalezca, y sus direcciones y su accionar en la defensa de los más preciados valores de la humanidad.

Señor Presidente, invitados, invitadas presentes, muchas gracias.