El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, durante su intervención en el Segmento de Alto Nivel de la 55º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, calificó de “vergonzosa la incapacidad del sistema internacional, incluyendo el de derechos humanos, para detener esta continuada masacre y la violación masiva de los derechos humanos del pueblo palestino”.
El diplomático condenó que las fuerzas israelíes no han reparado siquiera en “lo más sagrado de todo pueblo, de toda familia, de todo padre y madre, que son los niños”, pues ante el silencio cómplice de la “burocracia internacional, paralítica e inoperante, se está exterminando impunemente el futuro de un pueblo entero”.
Asimismo, agregó que esa misma “burocracia internacional es muy activa cuando se trata de atacar y calumniar países soberanos como Venezuela, instrumentalizando los derechos humanos a su conveniencia”.
En ese sentido, consideró como “la mayor violación de derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial”, las agresiones que sufre el pueblo palestino por parte de Israel, al tiempo que reiteró la solidaridad y apoyo del Gobierno y el pueblo venezolano al hermano Estado árabe.
Gil denunció “las profundas inequidades, exclusiones y desigualdades” impulsadas por países hegemónicos, que mantienen sus agendas de dominación y explotación contra los pueblos del Sur.
Además, rechazó la imposición de “medidas coercitivas unilaterales ilegales, criminales y extorsivas contra nuestras economías y pueblos, bloqueando el acceso a los alimentos, medicinas, bienes y servicios esenciales y afectando gravemente el disfrute pleno de los derechos humanos de millones de personas”.
Señaló que su nación ha denunciado ante la Corte Penal Internacional estos hechos, sin recibir pronunciamiento en cuatro años, pese a que han sido condenadas debido a sus desproporcionados efectos negativos sobre la población.
En cuanto a los recientes hechos relacionados con la oficina técnica en Caracas del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el titular del despacho diplomático lamentó que dicho equipo “se haya alejado de su mandato de imparcialidad, ejecutando acciones impropias, al erigirse en una suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas, lo cual nos obligó a suspender sus actividades en Venezuela hasta que se tomen los correctivos pertinentes”.
Resaltó la incapacidad de la Oficina del Alto Comisionado para pronunciarse ante las denuncias sustentadas del Gobierno Nacional de intentos de golpes de Estado y magnicidios recientemente frustrados; “por el contrario, la Oficina se ha hecho eco de la campaña de sectores radicales que continúan atacando las instituciones y al Gobierno de Venezuela”. Sin embargo, reiteró la disposición del Gobierno Bolivariano de establecer un proceso de discusión con la Oficina del Alto Comisionado “para llevar la cooperación técnica al nivel que corresponde, sin injerencias ni parcializaciones políticas”.
En referencia a la reciente visita al país del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, indicó que éste mantuvo numerosas reuniones con actores no gubernamentales, sin mostrar interés por escuchar a las comunidades organizadas e interesadas “en mostrar el enorme esfuerzo de resistencia del pueblo venezolano para garantizar, junto al Gobierno Bolivariano, el derecho a la alimentación en medio de las feroces medidas coercitivas unilaterales a las que debemos hacer frente”.
Finalmente, reiteró en nombre de la República Bolivariana de Venezuela su rechazo a la politización y los dobles estándares impulsados por sectores muy específicos en el Consejo de Derechos Humanos contra los países del Sur, y reafirmó la plena disposición de su país a seguir colaborando con un Sistema Universal de las Naciones Unidas que verdaderamente se base en el diálogo genuino y la cooperación, sin selectividad y en estricto apego a los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.