El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, ratificó este jueves que la República Bolivariana de Venezuela mantiene sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que funciona en Caracas.
Durante una rueda de prensa en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, el Canciller señaló que “independientemente de esta acción que estamos tomando, nosotros mantenemos todos nuestros compromisos en materia de derechos humanos; es una decisión administrativa que suspende la colaboración y el funcionamiento de esta oficina, porque se ha desviado de su de mandato”.
Las declaraciones del ministro Gil surgen tras el pronunciamiento del alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, en torno a la detención de la abogada Rocío San Miguel, acusada de terrorismo y traición a la Patria por su vinculación en el plan magnicida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y otras altas autoridades del Gobierno Bolivariano.
El diplomático indicó que el Estado venezolano ha desmantelado ya cinco conspiraciones dirigidas a atentar contra la vida de Maduro, algunos de sus ministros y gobernadores electos popularmente. “¿Será que el Presidente de la República, los ministros, los gobernadores no tienen derecho a la vida, no tienen derechos humanos? No hemos visto ninguna declaración, ni la más tímida de la oficina en Caracas y no se diga de la Oficina del Alto Comisionado condenando o manifestando su preocupación por que grupos violentos traten de generar o traten de asesinar al primer mandatario”, fustigó.
Acciones para garantizar el respeto a los DDHH
El Canciller resaltó los logros de la Revolución Bolivariana para garantizar el respeto de los DDHH en Venezuela para toda la población, mientras que durante los gobiernos de la cuarta República “toda la población fue víctima de una violación constante y ningún país de estos que hoy vociferan y salen en defensa de instancias golpistas, terroristas, apoyó al pueblo de Venezuela. Fue la movilización consciente la que logró el resultado que hoy tenemos, una Constitución que es profundamente inspirada en los valores de defensa de los derechos humanos, unas leyes que protegen los derechos civiles, políticos y humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela”, enfatizó.
Gil manifestó que Venezuela ha avanzado “en la consolidación de unas leyes y una protección integral de los derechos del pueblo, del derecho a vivir en paz, del derecho a vivir con tranquilidad, el derecho a vivir con prosperidad”, por lo que los factores de la derecha y el imperialismo comenzaron “a instrumentalizar los derechos humanos precisamente en contra de estas políticas de protección del pueblo y desde el año 1999, el tema de los derechos humanos ha sido útil para desarrollar campañas en contra del Gobierno Bolivariano”, denunció.
En este sentido, resaltó que Venezuela es uno de los países de América Latina que “estrictamente respeta todo lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, por lo que se inició en 2019 la “colaboración con la Oficina del Alto Comisionado, que instaló en Caracas una representación que el día de hoy cuenta con 13 funcionarios”, a los que “se le ha dado la mayor de las colaboraciones, acceso a instancias del Poder Público, a los cuerpos de seguridad del Estado, a la justicia, a la Fiscalía, sin restricciones de ningún tipo, porque en Venezuela no tenemos nada que ocultar (…) estamos orgullosos de cómo tratamos el tema de los derechos humanos y cómo los protegemos”.
Suspendidas actividades de oficina técnica
Durante la comparecencia ante los medios, Gil anunció la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que funciona en Venezuela y solicitó la salida del país a los funcionarios de esta instancia en las próximas 72 horas.
A través de un comunicado oficial leído por el Canciller, el Gobierno Bolivariano destaca que la decisión responde “al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Recordó que esta instancia fue creada para colaborar técnicamente con el Estado venezolano “para optimizar toda la materia de protección de derechos humanos en el país y mostrar al mundo el apego del Gobierno Bolivariano, pero se ha instrumentalizado para ser una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana”.