El Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través de su representante permanente ante la sede Ginebra (Suiza) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), embajador Hector Constant, celebró la resolución adoptada este jueves por el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral en contra de la imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU).
“¡Nueva victoria del Derecho Internacional! Adoptada hoy Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenando MCU: «ningún Estado puede recurrir o fomentar el recurso a ningún tipo de medida (…), con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o para procurarse de él ventajas de cualquier índole…”, compartió el diplomático en su cuenta X.
El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, a través de un mensaje difundido mediante la misma red social, también celebró la resolución como una «nueva victoria de la Diplomacia Bolivariana de Paz».
En la resolución aprobada sobre “Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales” se destaca que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la Carta y las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados.
En el documento, el Consejo de DDHH se declara “profundamente consternado por las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el derecho a la vida, el derecho a la salud y la atención médica, el derecho a no pasar hambre, el derecho a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la vivienda, y el derecho al desarrollo”.
Además, la instancia de la ONU expresa su alarma ante los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de las sanciones unilaterales y sus efectos negativos para la población civil, en particular las mujeres y los niños, de los Estados contra los cuales van dirigidas.
La resolución acoge con beneplácito y apoya la labor de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, y decide prorrogar por un período de tres años su mandato.
Asimismo, solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que siga dando una gran prioridad a los derechos humanos y las medidas coercitivas unilaterales.
También se exhorta a todos los Gobiernos a que cooperen con la Relatora Especial y la ayuden en su cometido, entre otras acciones.
El pasado lunes, en la defensa del Quinto Informe Periódico de Venezuela sobre la protección y garantía de los derechos civiles y políticos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, reiteró la denuncia sobre el impacto negativo de las MCU en el disfrute de los derechos humanos del pueblo.
El Canciller precisó que la aplicación de las MCU ocasiona «efectos devastadores» en la calidad de vida de la población, tal como lo afirmó en 2021 la Relatora Especial Alena Douhan en un informe sobre su visita al país.
Gil puntualizó que contra Venezuela pesan más de 930 medidas restrictivas o punitivas que reducen drásticamente las capacidades del Estado para obtener recursos financieros, así como bienes y servicios necesarios para satisfacer plenamente las principales necesidades de sus habitantes.