El viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, durante su intervención en el Diálogo de Alto Nivel sobre Financiamiento al Desarrollo, realizado en el marco del 78° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resaltó la necesidad de que los países desarrollados «comiencen realmente a cumplir con todos los compromisos previamente adquiridos».
El representante del Gobierno venezolano abogó, en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, por la unidad y la coordinación «para avanzar en el tratamiento de los desafíos apremiantes y comunes que tenemos por delante».
Asimismo, mostró su preocupación ante el poco avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene como fecha límite para ser alcanzados el año 2030, por lo que instó a «pasar de las palabras a la acción».
«La realización de los anhelos de nuestros pueblos, sin embargo, no dejará de ser una quimera si no se aborda eficazmente uno de los mayores obstáculos para la implementación de la Agenda 2030 y la realización del desarrollo económico y social de más de un tercio de la humanidad. Nos referimos a la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales, que, a pesar de constituir una flagrante violación de la Carta de la ONU, de las normas del derecho internacional, de las disposiciones de la propia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del verdadero espíritu del financiamiento para el desarrollo, siguen siendo una lamentable realidad para más de 30 países de todo el mundo, incluidos muchos de nuestro grupo», denunció el Viceministro bolivariano.
En este sentido, precisó que estas medidas han generado «una crisis sistémica en todo el sistema de relaciones internacionales», al tiempo que cuestionó que no se puede hablar «en serio de la implementación de la Agenda 2030 cuando los propios medios de implementación, incluida una gran cantidad de fondos, están bloqueados como resultado de la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales y, por lo tanto, se encuentran bloqueados para su utilización».
Por esta razón, Molina insistió en la necesidad de que dichas medidas sean levantadas de manera «completa, inmediata e incondicional, y esperamos que esta cuestión sea abordada a fondo e incorporada en el documento final del Foro del ECOSOC sobre el financiamiento para el desarrollo, en abril del próximo año».
Finalmente, reiteró el compromiso del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU con la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba y con el financiamiento para el desarrollo, «al tiempo que renovamos también nuestra determinación de seguir abogando por el establecimiento de un nuevo orden económico internacional que se base en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados».