El gobierno venezolano tildó de cínicas las licencias que está otorgando EEUU, para que en Venezuela operen algunas empresas petroleras.
Las licencias otorgadas por Washington, por el contrario, en vez de aliviar las consecuencias del bloqueo en la población venezolana, lo que hacen es “ratificar la política exterior criminal que EEUU mantiene contra Venezuela”, denunció este jueves el viceministro de políticas antibloqueo, William Castillo.
Castillo participó como ponente principal en una teleconferencia convocada por la Universidad Nacional Autónoma de Managua y por la Casa de la Soberanía, cuya sede funciona en la capital nicaragüense.
Durante su intervención, el Viceministro de políticas antibloqueo del Gobierno venezolano rechazó la narrativa que busca avalar las licencias y otorgarles un carácter político legal. “Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, ninguna empresa tiene que pedirle permiso a EEUU para trabajar con Venezuela”, explicó. “Las licencias no minimizan las consecuencias del bloqueo, lo ratifican”, reiteró.
El Viceministro detalló que, actualmente, 30 países sufren las consecuencias de, al menos, 26 mil sanciones emitidas de manera unilateral por EEUU y algunos de sus países aliados. Esos 30 países reúnen el 28% de la población mundial y el 72% del territorio del planeta, se pudo ver en la teleconferencia.
Estados Unidos ha decretado más de 900 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela entre 2013 y 2023, generando un impacto terrible en la población. “EEUU impone esas medidas coercitivas para eliminar al Estado venezolano y colocar un gobierno franquicia a sus órdenes”, expuso Castillo.
Alrededor de 80% de las medidas coercitivas contra Venezuela apuntan al sector gubernamental, petrolero, económico y financiero. Esto generó que más de 90% de los ingresos del país se paralizaran.
Solo en el sector petrolero, Venezuela ha perdido unos 232 mil millones de dólares como consecuencia del bloqueo, de acuerdo con un estudio del presentado por el Viceministro antibloqueo.
En el evento de este jueves participaron sectores políticos, intelectuales, académicos, estudiantiles, juveniles y diplomáticos acreditados en Nicaragua. Además, contó con la participación del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua, Javier Arrúe.