Con el objetivo de garantizar la protección de aquellas personas que huyen de sus países por temores fundados de persecución por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupos social u opinión política, el 5 de agosto de 2003 fue creada la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de la República Bolivariana de Venezuela.
La Conare, que arriba a su 20° aniversario, nació por mandato del Comandante Hugo Chávez, mediante la Ley Orgánica para los Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA), y se encarga de orientar y coordinar las acciones necesarias para brindar asistencia y apoyo jurídico a las personas solicitantes de refugio y refugiados o refugiadas.
Durante estas dos décadas, la institución ha conocido de cerca y decidido sobre los casos de determinación de la condición de refugiado, de la cesación y de la pérdida de esta condición, además, a resuelto los asuntos relacionados con repatriación, de conformidad con los procedimientos y criterios establecidos en la legislación venezolana y los tratados y convenios internacionales válidamente suscritos por el país.
Históricamente, Venezuela ha sido y es un país de acogida, de inclusión, de integración, garante en cuanto a la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos, por lo que recibe con los brazos abiertos a todo el que llega con una necesidad de refugio, en el marco de la solidaridad que caracteriza al pueblo de la nación suramericana.
En este sentido, extranjeros de diversas nacionalidades conviven en paz dentro de Venezuela, contando con el apoyo irrestricto del Gobierno Bolivariano y el pueblo, con acceso a todos los programas sociales implementados en el país, en en torno a la salud, vivienda y alimentación, así como todas las políticas que dignifican al ser humano.
Ubicación geoestratégica
Conare cuenta, actualmente, con 04 oficinas regionales: una en Caracas y las otras tres, ubicadas geoestratégicamente en la vasta frontera terrestre entre Venezuela y Colombia, abarcando estados como Zulia, Táchira y Apure, donde es atendida la población vulnerable que entra a territorio venezolano.
Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que mantiene estas oficinas regionales para la atención de los refugiados, lo que permite evaluar in situ las situaciones y contextos que puedan surgir en la frontera para brindar la mejor atención a los solicitantes de la condición de refugiados, acción fortalecida durante este año 2023 gracias al trabajo que la Conare viene fortaleciendo con el Poder Comunal, considerando el valioso rol que representa la organización popular en la sociedad.
Impacto de las MCU
Es importante señalar que, desde el 2015, Venezuela es víctima de un bloqueo económico y financiero, a través de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales (MCU) por parte del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, que ha impactando negativamente en los derechos humanos del pueblo, además de obstaculizar la inversión en los programas sociales que se desarrollan de manera amplia y universal desde la llegada de la Revolución Bolivariana, en beneficio de las poblaciones más vulnerables del país que incluyen nacionales y extranjeros y hasta refugiados y refugiadas, así como los solicitantes de esta condición.
Sin embargo, el Gobierno Bolivariano ha fomentado de forma activa, a través de sus políticas públicas, la integración y el intercambio de iniciativas que benefician a los solicitantes de refugio, asilo y aquellas personas a las cuales se les ha otorgado esa condición, garantizando sus derechos a la educación, al trabajo, a la alimentación y a la salud, sin discriminación ni exclusión.
Estas iniciativas no solo se limitan a resoluciones legales, sino a acciones prácticas, promoviendo la justicia social, la igualdad ante la ley, la multiculturalidad y la progresividad de los derechos.
Conare: retos, desafíos y avances
En 20 años de gestión la Conare ha enfrentado retos y desafíos, sin dejar de avanzar en su objetivo principal, garantizar la protección a las personas solicitantes de refugio y refugiados o refugiadas.
Todo esto enmarcado en el ideal bolivariano de promoción, protección y disfrute de los derechos humanos, generando la mayor suma de felicidad posible a las personas que residen dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho humano de los refugiados y desplazados, en sintonía con los instrumentos internacionales válidamente suscritos y ratificados por Venezuela, su ordenamiento jurídico interno y las instrucciones y lineamientos dictados por el Estado.