La Defensa Pública de la República Bolivariana de Venezuela suscribió este martes un convenio de cooperación interinstitucional con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), representado por su jefe en el país, Arnaud de Baecque, enmarcado en la formación y capacitación académica del personal en el ámbito de los derechos humanos (DDHH).
El defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, destacó que este acuerdo forma parte de la optimización y la consolidación del sistema de justicia. El mismo permitirá a ambos organismos trabajar en conjunto en aras de la protección de la población en materia de Derecho Internacional Humanitario.
“La preparación de nuestros funcionarios coadyuva a fortalecer a la institución en la garantía del derecho a la defensa de todos los ciudadanos y las ciudadanas, sin distinción alguna, brindando así una mejor atención a los usuarios y usuarias, sobre todo a los privados y privadas de libertad. Estamos trabajando en la capacitación de la nueva y nuevo defensor público”, indicó el Defensor Público General.
El convenio permitirá formar, capacitar y actualizar al personal defensoril y no defensoril, además de diseñar conjuntamente con el CICR programas de formación, así como líneas de investigación e instrumentos de evaluación.
Arnaud de Baecque, jefe de delegación regional del CICR, señaló que este convenio formaliza la cooperación entre el Comité y la Escuela Nacional de la Defensa Pública como espacio abierto de formación, “seguiremos ampliando nuestras labores, apoyando a las y los más vulnerables”.
En la actividad hizo presencia Rafael Navarro, delegado de la Fuerza Armada y Cuerpos Policiales del CICR; Rubén Darío Molina, viceministro de Relaciones Exteriores para Temas Multilaterales; Eliani Pérez, directora de Tratados Internacionales de la Consultoría Jurídica de la Cancillería; Gerardo Delgado, director general del Despacho del Viceministro para Temas Multilaterales; Rosimar González, coordinadora general de la Defensa Pública; Franklin Vezga, director nacional de Consultoría Jurídica; Marisela Rodríguez, directora nacional de Asuntos Internacionales y Verónica Soto, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública.
Trabajo con privados de libertad
De igual manera, Ramírez Herrera señaló que la institución ha hecho un recorrido por más de 26 internados judiciales del país para verificar el estado actual de las causas de los privados de libertad, en función de garantizarles la reinserción social mediante el trabajo y el estudio.
“Sabemos que existen fallas y la estamos corrigiendo, pero para hacerlo necesitamos el apoyo de todas las instituciones que integran el sistema de justicia y trabajar mancomunadamente”, enfatizó el funcionario.
El órgano de la Defensa Pública tiene como prioridad garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en las diversas áreas. Asimismo, tiene como función prestar un servicio de defensa pública, gratuita y sin discriminación a las personas que la soliciten.
Prensa Mppre / Defensa Pública
Foto: Yadriel Martínez