El economista estadunidense Mark Weisbrot recalcó este jueves la ilegalidad y el aspecto criminal de las medidas coercitivas unilaterales que el Gobierno de los Estados Unidos sostiene sobre la República Bolivariana de Venezuela, en violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del derecho internacional.
Durante su intervención en la conferencia ‘Medidas coercitivas unilaterales: irrespeto del derecho internacional y graves consecuencias humanas’, el catedrático denunció el «daño económico terrible» que las denominadas «sanciones» han generado en el país suramericano.
«No se hubiese producido este daño si las sanciones no hubiesen sido aplicadas; es decir, con todos los errores que hubiese cometido el gobierno, no se hubiese alcanzado este nivel de devastación sin las sanciones», enfatizó.
En particular, se refirió a la reducción en el Producto Interno Bruto de más de 75 % desde 2015. En marzo de ese año, la administración de Barack Obama declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
«Nunca había visto nada así antes en ninguna otra parte del mundo, incluso esto asemeja algunos escenarios de guerra […] Este efecto devastador ha sido resultado claro de las sanciones», manifestó.
El economista aludió, además, el costo humano de estas medidas coercitivas, que configuran crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma y se imponen con el propósito de forzar un cambio de gobierno en el país petrolero.
«Esto es horrible de muchas maneras porque tiene un costo humano muy alto […] Crea efectos devastadores, por su ilegalidad, incluso es como un acto de guerra», agregó.
El economista deploró el hecho de que la Casa Blanca se ampare en el supuesto de que Venezuela constituye «una amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional de los Estados Unidos para justificar las «sanciones».
La conferencia internacional ‘Medidas coercitivas unilaterales: irrespeto del derecho internacional y graves consecuencias humanas’ fue organizada por el Gobierno venezolano y la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra, y congregó durante dos días a un importante grupo de académicos y expertos en materia de derecho internacional y derechos humanos.