«La declaración de Venezuela en el año 2015 como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos fue la puerta para todas las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump», afirmó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, durante su intervención en el seminario telemático ‘Déjennos respirar. Las sanciones como una violación a los DDHH’.
El Canciller sostuvo que Venezuela no solo padece un bloqueo económico-financiero, sino una persecución, “llaman y amenazan a las empresas, impiden exportar petróleo, comprar equipos y aditivos”.
Explicó que el impacto de las medidas coercitivas unilaterales a las empresas petroleras venezolanas disminuye la capacidad del Estado para producir todo lo que el pueblo requiere, y que además “son parte de un ataque multiforme, multidimensional, una guerra económica y mediática para desprestigiar a la dirigencia del pueblo venezolano”.
En esa misma línea, tras hacer referencia a los métodos de guerra convencionales, manifestó que “están cayendo bombas de otro tipo», al impedir importar alimentos o comprar medicamentos; y recordó la remisión que entregó en febrero pasado ante la Corte Penal Internacional (CPI), por medio de la cual se solicita formalmente el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y el Estado venezolano en su conjunto.
“La propuesta es ir a un juicio internacional, denunciando las medidas coercitivas unilaterales, llevar al capitalismo, al imperialismo y a sus rostros políticos, nos corresponde crear herramientas para que los pueblos con los expertos y profesionales pueden llegar a conclusiones sobre los crímenes que ha cometido Estados Unidos”, añadió el canciller Arreaza.
Señaló además, que hay un libro del asesor del expresidente Obama, Richard Nephew, en materia de «sanciones» que expone claramente los objetivos de las mismas, las cuales buscan la capitulación o que el pueblo se rebele contra su gobierno.
Para el Canciller es un deber no solo del Estado venezolano, sino del pueblo, condenar las medidas coercitivas unilaterales. “Somos hijos e hijas de Bolívar, nosotros no sabemos de capitulaciones», sentenció.
Durante su intervención, dijo que ante las sanciones se espera que la Ley Antibloqueo, logre dar las “herramientas necesarias” para flexibilizar determinadas acciones de la política económica que enfrenta el país.
“Vienen muchas cosas positivas para Venezuela en los próximos años y sabemos que contamos con la solidaridad de todos los pueblos en nuestra lucha contra el imperialismo”, concluyó.