Este lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab; el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz y el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, presentaron al nuncio apostólico [en calidad de decano del cuerpo diplomático], Aldo Giordano, el informe “La verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio”, que sistematiza la situación real de los derechos humanos en el país, en el marco de la agresión multiforme que sufre Venezuela.
El documento elaborado por la Fiscalía General, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, desmonta con datos oficiales el “informe” presentado recientemente por supuestos “expertos” de la denominada “misión internacional de determinación de los hechos”, el cual ha sido señalado por el canciller Arreaza como “la variante jurídica de la llamada Operación Gedeón”, que desarticuló el Gobierno venezolano el pasado mes de mayo y que buscaba asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Estado.
En declaraciones a los medios, el Canciller aclaró que si bien la “misión de determinación de los hechos” fue financiada con recursos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no es una misión de la ONU.
De igual forma, dijo que el “informe” de esa comisión -promovido por el autodenominado Grupo de Lima- no ha sido aprobado ni discutido en ninguna instancia de las Naciones Unidas, y que el mismo ha sido utilizado como arma política contra el pueblo venezolano, contra el Gobierno y contra el Estado a través de falsedades e infamias.
“Desde el punto de vista metodológico, es absolutamente irregular y fraudulento (…) Incluso es como una operación mercenaria análoga, el informe tiene la misma intención de la Operación Gedeón”, reiteró el jefe de la diplomacia venezolana.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, denunció que “no se pueden utilizar los derechos humanos como excusa para asesinar, para pedir intervenciones militares, ni mucho menos para ver cómo se acaba o se continúa con el ataque contra el pueblo venezolano”.
“No se pueden utilizar los derechos Humanos como excusa para atacar al país, a través del bloqueo de las necesidades primordiales de la gente (…) No se pueden ver los DDHH de forma parcial, los derechos son de todas las personas”, insistió el defensor.
Dijo que desde el año 1999 “todos los venezolanos tenemos el derecho de convertirnos en defensores y garantes de los derechos humanos, para garantizar la vida y la integridad de todas y todos”.
Entre tanto, el Fiscal General de la República recordó que “el Grupo de Lima utilizó una resolución paralela [42/25] a la de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para obstaculizar el verdadero trabajo asignado por las Naciones Unidas».
Señaló además, que la información del sesgado “informe” se recopiló en un 80% a través de las redes sociales e internet, y que “nunca realizaron experticias técnicas, mucho menos, solicitaron información al Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, ni Ministerio Público”.
El fiscal William Saab cuestionó el porqué de una repentina comisión paralela, cuando desde hace un año está un equipo de la Oficina de la Alta Comisionada trabajando con las instituciones del sistema de justicia venezolano para corregir y coadyuvar en la resolución de temas vinculados a los derechos humanos.
Durante su intervención, el Fiscal General denunció que las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, tampoco aparecen en ningún informe; y que los datos que presentan se utilizan para atacar a Venezuela. Por lo que agregó que se elevará la verdad de Venezuela al exterior, para que todos sepan la realidad. “Desmontaremos con hechos contundentes todas estas mentiras», afirmó.
Cabe destacar, que el informe ‘La verdad de Venezuela contra la infamia’ presentado este lunes al nuncio apostólico Aldo Giordano servirá para mostrar los datos oficiales, fuentes judiciales, procesos, sentencias y resoluciones, verificables de acuerdo a los procedimientos de investigación social y científica que rigen el trabajo de los observatorios de derechos humanos que rectora la ONU, al resto del cuerpo diplomático acreditado en el país.