El pasado 16 de septiembre, la denominada “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela” hizo público un “informe” concerniente a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana, sin que para su elaboración los expertos visitaran el país e hicieran las investigaciones de rigor en el terreno.
La intempestiva publicación se produjo dos días después de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconociera los avances de su oficina en la cooperación técnica con el Gobierno venezolano, con cuyas autoridades renovó por un año el Memorando de Entendimiento suscrito el 20 de septiembre de 2019.
En una declaración conjunta a la prensa este sábado, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazaron enérgicamente el informe y presentaron una serie de evidencias y elementos que contradicen el sesgado documento.
Advirtieron del grave daño que se le hace al sistema multilateral de derechos humanos y a la sagrada institución de los DDHH, con este tipo de documentos carentes de rigurosidad.
Los objetivos
Entre otros objetivos, sugirió el canciller venezolano, la publicación del informe procura “torpedear” el trabajo que mantiene el Gobierno de Venezuela con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; boicotear el proceso de diálogo político en el país y las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre de 2020. De hecho, ha sido emanado en el preludio de los comicios legislativos.
El documento, que ha resultado de esta comisión paralela y no autorizada por Venezuela, tiene su origen en las gestiones del Gobierno estadounidense, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el denominado Grupo de Lima, instancias que han tenido un rol clave en la campaña de deslegitimación de las instituciones venezolanas.
El canciller Arreaza alertó que los expertos de la misión “independiente” están “haciendo política con los derechos humanos y no para los derechos humanos”; y calificó el informe como un “monumento a la propaganda de guerra” contra Venezuela.
Investigación deficiente
El referido informe presenta diversas fallas metodológicas en cuanto a la recopilación de la información que nutre su publicación, por cuanto sólo se limita a citar presuntas “fuentes” (no comprobables, infundadas o inventadas) que contribuyeron a ese informe, así como “información digital”, que en su mayoría se encuentra tergiversada y no comprobable.
Tal como el propio informe lo refiere, se basa en entrevistas a actores políticos y no fue levantado en el terreno.
“Es un reporte totalmente sesgado en lo político, muy mediocre en lo jurídico, pero con un error de origen grave para cualquier defensor de los derechos humanos: ellos no vinieron a investigar en el terreno absolutamente nada”, afirmó el fiscal Tarek William Saab.
El titular de la acción penal en Venezuela dijo que otro “error grave” de la comisión fue el hecho de desconocer con “total irrespeto” el trabajo diario y sistemático que en el terreno desarrollan el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los tribunales y demás instituciones venezolanas garantes del respeto a los derechos humanos.
Omisiones deliberadas
El referido informe omite que el presidente Nicolás Maduro ha llamado reiteradamente a los funcionarios policiales y militares a actuar respetando la ley y los derechos humanos. Incluso, en 2017 prohibió expresamente y de manera pública el uso de escopetas de perdigones en el control de manifestaciones, a pesar de ser un instrumento autorizado por los estándares internacionales.
Del mismo modo, omite los llamados del ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, a los funcionarios policiales y militares a actuar en apego a la ley y en respeto a los derechos humanos.
El informe, además, cita de manera parcializada diversas declaraciones del presidente Maduro, sacándolas de contexto y suprimiendo elementos que echan por tierra la tesis que pretenden justificar.
¿Cómo surge la comisión?
La denominada “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela” fue promovida por el autodenominado Grupo de Lima, con el apoyo de la Unión Europea, en un intento de ocultar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en sus países (Chile, Ecuador, Colombia).
La misión, creada a partir de una tendenciosa resolución aprobada por el voto de 19 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue rechazada por la Cancillería venezolana en diciembre de 2019.
En la actualidad, el Gobierno de Venezuela se encuentra trabajando coordinadamente con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en el mes de septiembre de 2019, de conformidad con lo establecido en la Resolución A/HRC/42/4, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en su 42° período de sesiones, razón por la cual el Estado venezolano no reconoce ninguna misión paralela.
El informe, por tanto, genera contradicciones internas en las Naciones Unidas y pretende desconocer el trabajo conjunto de Venezuela con el Consejo de Derechos Humanos a través de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet.