La asociación civil venezolana Sures, dedicada al estudio, promoción, educación y defensa de los derechos humanos, presentó formalmente información a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sobre la Remisión realizada en febrero pasado por el Estado venezolano acerca de las graves consecuencias derivadas de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
En la misiva enviada, Sures ilustra y demuestra el grave impacto que han tenido las «sanciones» sobre el disfrute de los derechos humanos a la vida, salud, integridad personal y alimentación del pueblo venezolano y que configuran en criterio de la organización un «Crimen de Lesa Humanidad», a tenor del artículo 7.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y que debe ser debidamente sancionado.
«Como organización dedicada a los DDHH, este martes remitimos informe a la Corte Penal Internacional denunciando los impactos de las sanciones sobre Venezuela. Hasta abril/2020, se han dictado medidas contra 118 empresas que suministraban productos y servicios al país», destacan en un mensaje publicado a través de su cuenta en Twitter @SuresDDHH.
?? Como organización dedicada a los DDHH, este martes remitimos informe a la Corte Penal Internacional denunciando los impactos de las sanciones sobre Venezuela.
— Organización Sures (@SuresDDHH) June 3, 2020
Hasta abril/2020, se han dictado medidas contra 118 empresas que suministraban productos y servicios al país. pic.twitter.com/OGL6R26JKN
En ese sentido, reiteran de manera categórica su rechazo a la imposición de las medidas coercitivas unilaterales en contra de la población venezolana, las cuales buscan impedir el desarrollo político, económico, social y cultural de la nación; y afectan directamente el ejercicio pleno de todos los derechos humanos, socavando además, los principios fundamentales del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Aún más en momentos en que el Ejecutivo nacional y la sociedad venezolana deben contar con todos los recursos públicos a su disposición para prevenir y atender la pandemia por el COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo de 2020.