La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su profunda preocupación por el impacto “potencialmente severo” de las nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, contempladas en la orden ejecutiva suscrita en días recientes por el presidente Donald Trump.
“Estoy profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del pueblo de Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos esta semana. Las sanciones son extremadamente amplias y no contienen medidas suficientes para mitigar su impacto en los sectores más vulnerables de la población”, dijo al respecto.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas teme que las denominadas “sanciones”, que vulneran los principios más elementales del derecho internacional, tendrán implicaciones de largo alcance sobre los derechos a la salud y a la alimentación.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que congela todos los activos del Gobierno venezolano en su país y prohíbe las transacciones con el Ejecutivo nacional.
«Todos los bienes e intereses en propiedad del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos […] están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni tratados de otra manera», precisa el decreto con el que el mandatario norteamericano ha formalizado el bloqueo económico y comercial denunciado por Venezuela en reiteradas ocasiones y en distintos foros de concertación política mundial.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha mostrado una posición parcializada con respecto a Venezuela, reconoce que “existe una gran cantidad de evidencia que muestra que las sanciones unilaterales de gran alcance pueden terminar negando los derechos humanos fundamentales de las personas, incluidos sus derechos económicos, así como los derechos a la alimentación y la salud, y podrían obstaculizar la entrega de asistencia humanitaria. Incluso las sanciones cuidadosamente dirigidas deben estar sujetas a estrictas salvaguardas de derechos humanos”.
El pronunciamiento de la comisionada Bachelet se produce dos días después de que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, demandara un pronunciamiento de las Naciones Unidas ante el ilegal bloqueo impuesto a Venezuela desde la Casa Blanca.
“Llamo al Secretario General de las Naciones Unidas, llamo a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos […] Es una violación a 30 millones de venezolanos en su derecho a la alimentación, a la salud, a la tranquilidad ¿No es esa la mayor violación de los Derechos Humanos que haya podido existir en este continente?”, recalcó el diplomático en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.
Las limitaciones de las “sanciones”
En su encuentro con los medios de comunicación, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores hizo una síntesis del impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington a Caracas, que menoscaban los derechos humanos de los venezolanos y transgreden los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
El canciller Arreaza detalló que el cerco, entre otras restricciones, prohíbe el acceso del gobierno y la estatal Pdvsa a fuentes de financiamiento internacional; ordena el congelamiento de miles de millones de dólares de Venezuela en la banca internacional; persigue las operaciones con oro y criptomonedas; confisca bienes y activos propiedad de Venezuela en territorio estadunidense y en otros países, en una cifra que supera los 30 mil millones de dólares; prohíbe el comercio marítimo del petróleo venezolano; impide al Banco Central de Venezuela (BCV) y a la banca pública operar en el sistema financiero internacional.
Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington a Caracas han restringido el ingreso nacional y la capacidad de importación del Estado venezolano para satisfacer las necesidades básicas de la población.