La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de la República Bolivariana de Venezuela presentó este miércoles los avances y desafíos en materia de legislación contra el odio, en una jornada que permitió evaluar la aplicabilidad de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada en 2017.
Desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre en Caracas, la primera vicepresidenta de este órgano legislativo, Tania Díaz, recalcó la necesidad de lograr una efectiva aplicación de la justicia en el caso de los crímenes de odio en el país.
“Tenemos que ponerle un freno a la cultura de la violencia, al acoso moral (…) El odio es el abono para sembrar crímenes posteriores que conducen a una situación de conflicto como la que Donald Trump quiere fomentar en Venezuela”, dijo tras hacer referencia a la cultura de odio que se ha ido inoculando en el país por diversos medios.
En consecuencia, la vicepresidenta de la ANC considera indispensable la activación oportuna de todos los mecanismos del Estado venezolano, principalmente de las instancias encargadas de la administración de justicia, para que se estudie y aplique debidamente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Este instrumento jurídico tiene por objeto “contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la nación”.
Mandato de la ANC
En la jornada, la vicepresidenta de la ANC citó casos muy emblemáticos de crímenes de odio en Venezuela como el asesinato colectivo de Orlando Figuera, un joven venezolano que fue quemado en vida en medio de una manifestación opositora en 2017, y exigió –en nombre del cuerpo legislativo- a los órganos judiciales del país actuar para que “no haya más impunidad”.
“Hay casos que no tienen sentencia aún. La justicia no ha estado al ritmo que se debe para hacer justicia con las víctimas y para sanear a la sociedad del cáncer de odio inoculado que pretenden hacernos vivir”, agregó.
La constituyente recordó que el principal mandato de la ANC es garantizar la paz de la República Bolivariana de Venezuela.
“Nosotros vamos a cumplir con nuestro primer mandato constituyente que es detener la violencia y garantizar la paz”, aseguró.
El odio como arma política
El constituyente Pedro Carreño advirtió que el odio está siendo inoculado en la sociedad venezolana como arma política en lo que considera una guerra no convencional dirigida desde Estados Unidos contra Venezuela.
“Al evaluar el odio hay que verlo desde la perspectiva de que está siendo inoculado en la sociedad venezolana como arma política para trastocar el funcionamiento normal y armónico de la sociedad y, con ello, generar las condiciones subjetivas para avanzar a un escenario de violencia”, alertó.
En la reunión, que congregó no sólo a un grupo de constituyentes sino también a representantes de distintas instituciones judiciales y abogados del país, el presidente de la Comisión de Justicia de la ANC, Julio García Zerpa, presentó el informe de su comisión sobre los casos de crímenes de odio recopilados en 2019.
La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por el presidente Nicolás Maduro el 1° de mayo de 2017, electa el 30 de julio e instalada el 4 de agosto del mismo año. Recientemente se sometió a votación y se aprobó la extensión de su vigencia hasta diciembre de 2020.