Como si se tratara de un corrientazo, el intento de magnicidio en la tarde de ayer 4 de agosto, con la evidente carga traumática que encarna un hecho de esa naturaleza, parece habernos devuelto la conciencia de lugar en esta hora crítica de la historia patria. Donde nos estamos jugando la vida, también en la propia vida de Maduro.
Los hechos ya conocidos de la operación
En medio de una multitudinaria actividad en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, a propósito del 81 aniversario del nacimiento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dos drones cargados con material explosivo estallaron cerca de la tarima presidencial, cuando el primer mandatario nacional se disponía a cerrar su discurso frente a los presentes.
Ante la magnitud de la explosión, la transmisión en cadena nacional fue suspendida, los efectivos presentes reaccionaron con maniobras de repliegue y los protocolos de seguridad para resguardar la vida del jefe de Estado fueron debidamente activados.
Minutos después, ante la confusión generada, el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado y que el presidente Maduro y los altos funcionarios civiles y militares del Estado venezolano que estaban en la tarima, salieron ilesos. Siete efectivos militares resultaron heridos por las explosiones, los cuales ya reciben cuidados médicos.
Según versiones policiales, donde los drones cayeron luego de la explosión se constató la existencia de material explosivo. Fuentes «extraoficiales» relatadas por un periodista opositor, de nombre Román Camacho, recalcaron que los artefactos contenían explosivos C4.
Minutos después, un grupo denominando «Soldados de Franelas», vinculado al extinto grupo paramilitar del ex Cicpc, Óscar Pérez, que a finales del año pasado realizó varios atentados armados a instituciones civiles y militares con el país, se adjudicó el atentado por redes sociales.
Este reconocimiento anuló la narrativa del «autoatentado» o de «una explosión aislada» en un edificio aledaño a la avenida Bolívar, que algunos operadores en redes sociales y medios internacionales, como Associated Press, habían tratado de instalar para distraer la atención y encubrir responsabilidades.
La célula encabezada por Pérez fue desmantelada mediante un fuerte enfrentamiento con las fuerzas de seguridad a principios de este mismo año muy cerca a la capital venezolana, específicamente en El Junquito. Sin embargo, la vuelta a la escena de uno de sus remanentes, indica que la carta paramilitar contra Venezuela también sigue sobre el tablero.
Al final de la noche, el presidente Nicolás Maduro compareció ante el país, relató lo ocurrido y destacó que los autores materiales del atentado están detenidos. Las primeras pesquisas, según el jefe de Estado, arrojan la vinculación del eje Bogotá-Miami, del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de operadores radicados en La Florida.
Los aspectos simbólicos y materiales: selección del momento, lenguaje corporal y lógica del espectáculo
El intento de magnicidio mostró, también, una carga de violencia simbólica específica, dirigida a entidades políticas sensibles a la estabilidad del país y al Estado en general. La naturaleza del evento que se daba en la avenida Bolívar, como quienes integraban la tarima presidencial, a su vez describe la selección de un momento específico para llevar a cabo la operación.
Se celebraba el aniversario de la GNB, cuerpo militar encargado del orden interno que en la revolución de color del año pasado fue clave en neutralizar el avance paramilitar de la guarimba y su infraestructura logística.
Atacar justo en ese acto y no en otro al Presidente, llevaba consigo el correlato simbólico de exhibir al cuerpo castrense como vulnerable y sin capacidad de respuesta, lo que debía servir para reflotar en el discurso público, mediante un acto de conmoción (fallido) a gran escala, el clima de confrontación violenta desarticulado por la Asamblea Nacional Constituyente hace un año.
Pero el atentado falló, y en consecuencia lo que tenía que desencadenarse si lograba su objetivo de afectar la vida del Presidente: la acumulación de una «masa crítica» vía propaganda para propiciar el caos, aprovechar la situación para generalizar una retórica del alzamiento propagada desde poderes externos y «resolver» el «vacío de autoridad» con una medida de fuerza externa (militar, probablemente), o al menos plantearla, como único mecanismo para «estabilizar» la nación e imponerle la banda presidencial a los múltiples próximos presidentes de Venezuela que aguardan gobernar.
Sólo pensando en lo peor, y en lo que ayer fue lo más probable, podemos agarrar dimensión de la zona de peligro extremo en la que acabamos de entrar.
Un dato simbólico no menor: en el acto se encontraba el jefe de Estado, el alto mando militar y los representantes de los poderes públicos venezolanos. En un mismo palco, la síntesis material, humana, de los elementos constitutivos del Estado venezolano. En esa selección del momento, el intento de magnicidio plasmó su planteamiento de fondo: matar al Estado y a los cuerpos físicos que representan todavía la delgada frontera entre la paz y la guerra.
La avenida Bolívar contempla un conjunto de atributos (espacio abierto, edificios de altura en sus adyacencias, etc.) que dieron un sentido de oportunidad para realizar el atentado, en tanto la manipulación de los drones explosivos podía llegar al objetivo sobreexplotando algunas debilidades en la seguridad.
Sin embargo, que haya sido en medio de una cadena de radio y televisión describe la intención de imprimirle cierta lógica del espectáculo al hecho funcional a eternizar en el imaginario colectivo un precedente mortal para la historia contemporánea del país. No sólo buscaban matarlo, sino que fuera un hecho espectacular, mediatizado y en cadena nacional.
En la política, a veces el lenguaje corporal dice más que los discursos. Y en ese renglón el presidente Maduro entra a la historia precisamente por su conducta en una situación en definitiva extrema: en el momento de la explosión, se le vio inalterable, tranquilo, incluso con disposición a continuar el discurso con la muerte en frente.
Si este momento sirve como precedente para internalizar hasta dónde están dispuestos a llegar los operadores de la guerra contra Venezuela, también es útil para ver la determinación de Maduro y su fortaleza justo cuando la muerte truena.
Paramilitarización de la política, tecnificación de la violencia y los saltos cualitativos desde el Golpe Azul
Es con el Golpe Azul (fallido) que se introduce con mayor nitidez en la política venezolana un tipo de violencia política donde el factor armado juega un papel central. Es allí donde comenzó a encontrar puntos de convergencia la conspiración interna en el mundo castrense (patrocinada desde el extranjero), el espectro más demente de la oposición venezolana y el suministro financiero estadounidense y colombiano hacia agendas antipolíticas. Allí se destacaron Julio Borges y Antonio Ledezma como operadores de guerra sucia.
Es desde ese plan de bombardear el Palacio de Miraflores y asesinar al presidente Maduro que, hasta la actualidad, puede observarse una mutación operativa, una ampliación en las capacidades y una profesionalización en los métodos, que viene aumentando su presencia en la vida política del país.
Muestra de ello no fue sólo el grado de preparación en guerra urbana en los operadores de las guarimbas de 2014 y 2017, sino la emergencia de una versión criolla del Estado Islámico, caso Óscar Pérez y su célula, con un sentido sofisticado y selectivo de la violencia irregular. Sus ataques a instituciones civiles y militares así lo demostraron.
Desde los sucesos en la finca Daktarí en el año 2004 en adelante, pasando por todos los planes de magnicidio desmantelados por el aparato de seguridad venezolano, hasta llegar a Óscar Pérez, la huella del paramilitarismo colombiano está presente. Y lo que se ve con mayor nitidez, en términos de retrospectiva, es un cambio en sus formas de ejecución, pero también en la selección de sus focos.
Al no tener en el escenario actual las condiciones que propicien una guerra abierta bajo la coordenada colombiana, el tratamiento o la forma de llegar al objetivo se adapta.
Y la prueba material de esa tecnificación es precisamente el uso de un dron artillado. Este mecanismo representa una de las mortales innovaciones dentro de los recursos bélicos del Estado Islámico, debido a las ventajas tácticas y financieras que implica para matar con mayor nivel de efectividad.
Este mecanismo, a su vez, ha sido importado y adaptado por el mundo del narcotráfico, siendo el mexicano el que lo ha instrumentalizado con mayor nivel de visibilidad.
El uso de este instrumento, más que describir un nivel de experticia y preparación relacionado a un tipo de violencia profesionalizada, pone las trazas de la operación en operadores paramilitares que sirven como canal de importación de las novedades del terrorismo.
Justo allí donde lo anecdótico se vuelve estratégico, y un susto como el de ayer en síntoma de algo más grave: el fenómeno paramilitar como una estrategia para alterar la naturaleza pacífica y democrática de la población venezolana. La expansión del Estado fallido colombiano también se narra por ahí.
Bogotá-Miami: el centro de operaciones
Un reportaje del medio especializado en finanzas Bloomberg, publicado el mes de junio, ratificó lo que sabemos desde el Golpe Azul: Colombia ha servido como base de operación, financiamiento y coordinación de planes golpistas (y magnicidas) contra Venezuela.
Esta vez se llamaba «Operación Constitución» y había sido planificada en Bogotá, con respaldo de financieros y militares colombianos. El objetivo era secuestrar a Maduro y llevarlo a juicio, aunque no dice ante cuál instancia. Con sólo tener dos dedos de frente, se puede decir que sería el “Tribunal Supremo en el exilio”, el cual utiliza el Congreso colombiano para sala de reuniones y específicamente para «enjuiciar a Maduro».
El paisaje que se ha venido dibujando en 2018 es uno donde los altos funcionarios estadounidenses y colombianos presionan abiertamente para intentar forzar un golpe de Estado en Venezuela, promocionándolo unas veces como forma de amnistía, y otras como un medio para “restituir la democracia” que la oposición venezolana no pudo.
La publicación de Bloomberg describe con nitidez el papel del gobierno colombiano en la planificación y coordinación de esta estrategia, pero también certifica, con igual nivel de claridad, su respaldo en lo que a la guerra en términos generales contra Venezuela concierne (contrabando, ataque a la moneda, paramilitarismo, etc.).
La siguiente secuencia habla por sí sola: luego de permanecer callado por meses, el autoexiliado Julio Borges, de quien sabemos que no le hace el feo cuando golpes de Estado se trata, resucitó en redes sociales para predecir que la caída de Maduro estaba cerca. Al unísono, el presidente Juan Manuel Santos también alertó que el fin de Maduro era inminente.
Dos pruebas irrefutables de algún tipo de involucramiento, o al menos conocimiento de causa, de un tipo de respaldo público con premeditación, con respecto a lo que sucedió ayer, pues sólo un intento de magnicidio es lo más parecido a sus profecías.
Ambos discursos, así como el reportaje de Bloomberg y los intensos llamados de funcionarios estadounidenses dirigidos al estamento militar venezolano en todo 2018, deben visualizarse, también, como maniobras de ablandamiento a la opinión pública, del imaginario colectivo, con el objetivo de obligar a la población a naturalizar una salida violenta o un hecho de conmoción en el corto plazo.
Preparar el cerebro del país para aceptar que algo trágico está por venir, viene acompañado, en este caso, por una estrategia de consentimiento forzado, artificial, donde la gente acepta una desgracia como algo lógico y ya predicho.
El presidente Maduro también señaló al estado de La Florida, cuna de los sancionadores crónicos de Venezuela (Marco Rubio, Ileana Ros, etc.), pero también de operadores de guerra sucia que se autoexiliaron allá. Como es el caso de José Antonio Colina, protegido por Marco Rubio y animador de la diáspora en Miami, que se hizo famoso por colocar bombas en la embajada de España y el CNE en 2003, y más recientemente por enviar implementos para dotar a los grupos violentos que protagonizaron las guarimbas.
El plan de recuperación económica: el acelerante
El plan de recuperación económica diseñado por el presidente Maduro y su equipo de gobierno ha sido una estrategia presentada como integral para atacar los focos sensibles de la guerra económica y devolverle al país la estabilidad.
El plan implica un reordenamiento de la política monetaria y cambiaria, una reorganización del subsidio a la gasolina y una despenalización (mediante la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios) en el mercado de divisas para restarle influencia a los indicadores del dólar paralelo en la formación del sistema de precios.
Estas medidas dibujan un mapa de intereses económicos que se verán afectados, sobre todo en lo que corresponde a la gasolina. Y eso sí que es un asunto estrictamente binacional.
Regiones importantes del oriente colombiano, sus élites políticas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, incluso su tejido económico y empresarial, dependen del saqueo a los combustibles venezolanos para mantener un estado artificioso de soberanía económica que no es tal.
Lo que está en juego con las medidas planteadas por Maduro no sólo es un cambio en las reglas en el juego, que podría inhabilitar focos sensibles de la guerra económica, o lo que es lo mismo, la pérdida total de capital político de la oposición y Estados Unidos, sino la propia subsistencia primaria de un sistema paraeconómico que al otro lado de la frontera vive del canibalismo de nuestros combustibles.
Ciertamente, ese factor apuntala aún más el involucramiento del lado colombiano, pues el cambio que pueden vivir esas regiones producto de la regularización sobre el comercio de gasolina le impone un nuevo foco de estabilidad, por estrenarse, al gobierno colombiano, que posiciona como una política de Estado derrocar a Maduro para mantener el orden actual de las cosas.
La zona de peligro estratégico y la etapa de conflicto post-sanciones económicas
Si lo vemos en perspectiva, en términos formales, puramente legales y políticos, Estados Unidos, el gran operador de la guerra contra Venezuela, ya tocó sus propios límites.
Avanzar por la vía de las sanciones implica fortalecer a Maduro, según sus propios think-tanks, o propiciar un conflicto con inversionistas y empresas con intereses en mantener relaciones tolerables con Venezuela. Avanzar por la vía militar tampoco es una opción en las condiciones actuales, razón por la cual se acentúa la tercerización de las operaciones contra la economía y la seguridad de Venezuela desde Colombia, bajo mecanismos paramilitares, diplomáticos, comerciales y financieros.
A nivel internacional, la OEA está fatigada del tema Venezuela (al igual que el Grupo de Lima) y resolver la situación llevando a Maduro al Tribunal Supremo en el exilio o la Corte Penal Internacional, no tiene todavía el nivel de maduración necesario para interrumpir el plan económico de recuperación. Hablando de la oposición interna, sucede la misma deriva: un país con múltiples conflictos no los ve como una referencia.
Entonces parecemos entrar irrefrenablemente a una zona de peligro que tiene a las sanciones como puntos de negociación y arietes de desmantelamiento económico, pero no como desenlace en sí mismo, más allá de que sea permanente la búsqueda por hacer coincidir el caos que genera el bloqueo financiero con una nueva modalidad de violencia que le dé algún saldo político a la oposición. Y en ese sentido, Colombia, esperando el nuevo gobierno de Iván Duque, quiere asumir el liderazgo que a lo interno colapsó.
El poder formal ya avanzó hasta donde le marcan los límites de la legalidad, lo que hace de la zona de peligro estratégica un escenario donde los ataques por venir estarán orientados a la criminalidad, a los asesinatos políticos, al recrudecimiento del colapso económico, y a las demás variantes que ofrece la guerra sucia y las jugadas extrapolíticas.
La imagen del atentado fue consistente y sintetiza el nuevo escenario de recrudecimiento iniciado después del 20 de mayo, aquel donde se le imprime a la situación venezolana un sentido de inseguridad total, donde toda la vida (política, institucional, económica, humana) de la sociedad está en riesgo, suspendida en cuanto a derechos constitucionalmente consagrados, en cuanto a lo que políticamente se ha conquistado; donde, también, las nuevas modalidades de muerte social implantadas contra Venezuela, mediante el bloqueo financiero (entre otros crímenes), plantean hacerse masivas y naturales a nuestro metabolismo social.
Y si el plan de recuperación económica busca frenar ese proceso, entonces hay que socavarlo. Y si las sanciones y la presión internacional no pueden, si no podemos colocar a la población en contra, entonces hay que matar al líder. Ese es el razonamiento que los llevó a asesinar a Patrice Lumumba, Omar Torrijos, y tantos otros. Si no puedo controlarte, te mato.
Y matar, en esos términos, implica, por sobre todas las cosas, fracturar una sociedad, romperla para siempre. Eso buscaban ayer, y nuevamente no pudieron. / Misión Verdad
The facts already known about the operation
Like an electric shock, the assassination attempt of yesterday’s afternoon, August 4th, with the evident traumatic aftermath that embodies an event of such nature, seemed to make us become aware of the critical space and time in the history of the Homeland where our lives are at stake. Also, we do it through the life of Maduro.
The facts already known about the operation
In the middle of the multitudinous activity at the Bolívar Avenue in Caracas, on the occasion of the 81th anniversary of the Bolivarian National Guard (GNB by its Spanish acronym), two drones charged with explosive material exploded close to the presidential platform, when the President was preparing himself to close his speech for all those present.
Due to the magnitude of the explosion, the national television network was cut. The security staff implemented maneuvers of deployment and security protocols, which were duly activated, to protect the life of the Head of State.
Minutes later, in the light of the confusion, the Minister for Communication and Information, Jorge Rodríguez, confirmed that it was an attack and that President Maduro and the civil and military high ranking officials of the Venezuelan State, who were on the platform, resulted unharmed. Seven military officials were harmed due to the explosions, who have already received medical treatment.
According to official versions, drones fell after the explosion and it was confirmed the existence of explosive material. «Extra official» sources provided by an opposition journalist, named Roman Camacho, reaffirmed that the explosive device contained C4 explosives.
Minutes later, a group called Soldados de Franelas, (Solders in T-shirts) related to the now extinct paramilitary group of the former officer Óscar Pérez, who, by the end of last year, performed several armed attacks against civil and military institutions of the country and claimed the responsibilityt for the attack on social networks.
This credit eliminated the idea of a «self-attack» or an «isolated explosion» in a building near the Bolivar Avenue, as some social network and international media operators, such as the Associated Press, had tried to diffuse to distract attention and cover up responsibilities.
The gang led by Óscar Pérez was dismantled through a serious confrontation with the security forces early this year near the Venezuelan capital, specifically in El Junquito. However, the return of one of its members indicates that the paramilitary card against Venezuela also remains on the table.
By the end of the night, President Nicolás Maduro addressed the country to relate the events occurred and stressed that the perpetrators of the attack were under arrest. The first inquiry, according to the Head of State, produced the linkage of Bogotá and Miami, in other words, the outgoing President of Colombia, Juan Manuel Santos and operators based in Florida.
Symbolic and material aspects: timing, body language and logic of the ceremony
The assassination attempt also showed a specific and symbolic violence connotation aimed at important political entities related to the stability of the country and the State. The nature of the ceremony at the Bolivar Avenue, as well as the persons who were at the presidential platform, also describe the selection of the right moment to perform the attack.
The ceremony commemorates the 81th anniversary of the GNB, military body responsible for the internal order. Last year, during the color revolution, the GNB was a key element to neutralize the paramilitary progress of the guarimba and its logistical infrastructure.
Attacking the President precisely in that ceremony and not in other one implies the symbolic exhibition of the military body as vulnerable and unable to respond. It was supposed to put again in the public speech, through a (failed) commotion act at a large scale, the issue of violent confrontation which was dismantled by the National Constituent Assembly a year ago.
However, the attempt failed as well as what was supposed to take place if the goal aiming at affecting the President was achieved: a considerable amount of critical opinion via propaganda to generate chaos, the fact of taking advantage of the situation to massively diffuse a supposed uprising. Also, the use of propaganda from external powers and the solution of «solving» the «lack of authority» through a measure from an external force (probably a military one), or at least the proposal of this kind of measure as the unique mechanism to «stabilize» the nation, thus imposing the presidential sash to one of the large amount of persons that aspire to become the next president of Venezuela.
Just thinking on the worst scenario, and considering that yesterday’s event was probably the worst one, helps us to be prepared for possible attacks in this extreme danger zone in which we have just entered.
A symbolic and important fact: the ceremony was attended by the Head of State, the military high command and the representatives of the Venezuelan public powers. The human representation of the Venezuelan State was in the same stage. In the moment of the attack, the assassination attempt showed its real purpose: to murder the State and the representatives of the narrow border between peace and war.
The Bolívar Avenue has a set of features (open space, large buildings and its surroundings, etc.) that offered advantages to perform the attempt with regard to the manipulation of drones which could reach the target by exploiting some zones of the security system. However, the fact that this attack was performed during a national television network shows the intention of making this assassination eternal in the memory of the people and in the contemporary history of the country. They not only sought to murder him but also to diffuse this event through a national television network.
In the political field, the body language sometimes expresses more than speeches. In this sense, the reaction of President Maduro was remarkable before an extremist situation: in the moment of the explosion, he was peaceful; he was willing to continue his speech in spite of the fact he could be murdered. If this event served as a precedent to analyze the magnitude of the action of operators of the warfare against Venezuela, it is also useful to appreciate the determination of Maduro and his strength when death was near.
Paramilitarization of politics, modernization of violence and qualitative improvements since «Golpe azul» (Blue Coup)
Through the failed «Golpe azul» (Blue Coup), a new kind of political violence is clearly implemented in the Venezuelan politics, in which the weapon factor plays a significant role. From that moment, the internal conspiracy in the military field found convergence points (supported from abroad). The most insane side of the Venezuelan opposition and the American and Colombian financial supply was planning anti-political agendas. In this context, Julio Borges and Antonio Ledezma were notable as operators of such dirty warfare.
Through this plan of bombing the Miraflores Palace and murder President Maduro until now, an operative transformation, a development of capacities and a professionalization of methods can be appreciated, which are increasing in the political life of the country. A great example of this was not only the readiness level in urban warfare of the Guarimbas’ operators in 2014 and 2017 but also the emergence of a local version of the Islamic State. It is the case of Oscar Perez and his gang with a sophisticated sense of irregular violence, through attacks against civil and military institutions.
From the case of Daktari farm in 2004 to all plans of assassination dismantled by the Venezuelan security body and Oscar Perez, the trace of the Colombian paramilitary is present. Only the change in its way of execution is clearly notable, but also in the selection of its focal point.
In the absence of the conditions for an open warfare under Colombian orders, the treatment or the way of reaching the goal is adapted.
The material evidence of this modernization is precisely the use of an explosive drone. This mechanism represents one of the mortal innovations regarding the war resources of the Islamic State, due to the tactic and financial advantages it has for murdering more effectively.
Such mechanism has been imported and adapted by the drug trafficking world, which has been notoriously used by mexicans.
The use of this instrument describes not only a level of expertise and preparation related to a kind of professional violence, but also put the trace of the operation in the hands of paramilitary operators who are the import sector of the terrorism’s innovations.
At this point, the anecdote turns strategic. A shock like the yesterday’s one is a representation of something more serious: the paramilitary phenomenon as a strategy to change the peaceful and democratic nature of the Venezuelan people. Also, the expansion of the failed Colombian State is related to it.
Bogotá-Miami: Operation Centre
A report by the Bloomberg finance specialist, published in June, confirmed what we know since the «Golpe Azul» (Blue Coup): Colombia has served as a base for operation, financing and coordination of coup-mongering plans (and assassination) against Venezuela.
This time, it was called «Constitution Operation» and it had been planned in Bogota, with Colombian and financial military support. The objective was to kidnap Maduro and prosecute him. Although it does not mention the institution, it is not necessary to be smart to know it could be the «Supreme Court of Justice in exile», whereby the Colombian Congress uses for meeting and specifically to «judge Maduro.»
The approach that has been presented in 2018 is one where high American and Colombian officials openly push to force a coup d’état in Venezuela, thus promoting it sometimes as a form of amnesty, and as a way to «restore the democracy» that the Venezuelan opposition could not restore.
Bloomberg publication clearly describes the role of the Colombian Government in the planning and coordination of this strategy, but also certifies, with equal clarity, its support to the warfare against Venezuela (contraband, attack on currency, paramilitaries, etc.).
The following sequence speaks for itself: after remaining silent for months, the self-exiled Julio Borges, as we know, likes coups d’état situations, reappeared in social networks to predict that the fall of Maduro was close. At the same time, President Juan Manuel Santos also warned the imminent end of Maduro.
Two irrefutable evidences of some kind of involvement, or at least fully aware, of a kind of public support with premeditation, with regard to the event perpetrated yesterday, because only an assassination attempt is the closest thing to their prophecies.
Both speeches, as well as the report by Bloomberg and the intense calls of US officials addressed to the Venezuelan military throughout 2018, should also be considered as strategies to soften public opinion, the collective imagination, with the aim of forcing the population to naturalize a violent response or a fact of shock in the short term. Preparing the minds of the country to accept that something tragic is to come is accompanied, in this case, by a strategy of forced and artificial consent, where people accept a misfortune as a logical and predicted event.
President Maduro also pointed to the state of La Florida, crib of chronic people who like to sanction Venezuela (Marco Rubio, Ileana Ros, etc.), but also of dirty warfare operators who self-exiled there. As the case of Jose Antonio Colina, who was protected by Marco Rubio and entertainer of the diaspora in Miami, who became famous for having placed bombs in the Spanish embassy and at the CNE in 2003, and more recently for sending devices to equip the violent groups who participated in the Guarimbas.
The Economic Recovery Plan: the accelerator
The Plan for Economic Recovery, designed by President Maduro and his government team, has been presented as a comprehensive strategy to attack the serious focal points of the economic warfare and return stability to the country.
The Plan implies a reorganization of the monetary and foreign exchange policies, a reorganization of the subsidy to gasoline and a decriminalization (through the derogation of the Law against Foreign Exchange Crime) in the foreign currency market to decrease the influence of the parallel dollar indicators in the formation of the price system.
These measures show a series of economic interests that will be affected, especially those related to gasoline. Indeed, it is only a binational matter.
Important regions of the Colombian eastern, their political elites related to the drug trafficking and paramilitaries, even their economic and business fields, depend on the plundering of the Venezuelan fuels to maintain an artificial State which has a false economic sovereignty.
With regard to the measures proposed by Maduro, the question is not only a change of the rules of the game, which would disable the serious focal points of the economic warfare, in other words, the total loss of political capital of the opposition and the United States, but also the own primary subsistence of a para-economic system that, at the other side of the border, lives from the cannibalism of our fuel.
Indeed, this factor further strengthens the participation of the Colombian side since the change those regions might experience as a result of regularization of the gasoline market imposes a new focus of stability to the coming Colombian government, who establishes as a State policy to overthrow Maduro to maintain the current order of the situation.
The strategic danger zone and the stage of economic post-sanction conflict
From a formal perspective, in other words, from a legal and political perspective, the United States, the great leader of the warfare against Venezuela, has reached its own limits.
Imposing sanctions implies to strengthen Maduro, according to his own think-tanks, or encourage a conflict with investors and enterprises interested in maintaining tolerable relations with Venezuela. Taking action based on the military perspective is not an option either in the current situation. This is the reason why the outsourcing of transactions against the Venezuelan economy and security from Colombia, under paramilitary, diplomatic, trade and financial mechanisms is strengthened.
At an international level, the OAS has debated a lot about the Venezuela issue (as well as the Lima Group). Overcoming the situation by bringing Maduro to the Supreme Court of Justice in exile or to the International Criminal Court is not a measure able to interrupt the economic plan of recovery. With regard to the national opposition, it is the same situation: a country that has a lot of conflicts does not consider it as a reference.
In this sense, it seems we are undoubtedly entering in a danger zone where sanctions serve as points of negotiation and economic dismantling. It is no the final solution in spite of the fact that the permanent pursuit of mixing the chaos the financial blockade generates with a new violent modality that benefits the opposition in the political field. In this sense Colombia, awaiting the new government of Ivan Duque, wants to assume the leadership that did not succeed inside the country.
The formal power has already progressed until the legal limits allow it. This implies that, in the strategic danger zone, the coming attacks will be aimed at the crime, assassination of political representatives, the intensification of the economic collapse, other factors of the dirty warfare and the extra-political strategies.
The image of the attack was consistent and synthesizes the new upsurge scenario that began after May 20th, where the Venezuelan situation is imprinted with a sense of total insecurity, where all the fields (the political, institutional, economic, human ones) of the society are at risk, suspended in terms of constitutionally enshrined rights, in terms of what has been politically conquered; where, also, the new modalities of social death implanted against Venezuela, through the financial blockade (among other crimes), pose to become massive and natural to our social metabolism.
If the economic recovery plan seeks a cessation of that process, we must undermine it. If the sanctions and international pressure cannot achieved it; if we cannot put the population against the government, we must murder the leader. This is the reasoning that led them to kill Patrice Lumumba, Omar Torrijos and others. «If I cannot have control on you, I will kill you».
Killing in these terms, implies, most importantly, to fracture a society and break it forever. This is what they were seeking yesterday. However, they failed again.