Señor Presidente,
La República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre de las delegaciones de Argelia, Angola, Belarus, Bolivia, Camboya, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, la República Democrática Popular Lao, Nicaragua, el Estado de Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Siria, Zimbabue, y el suyo propio, miembros todos del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.
Primeramente, y siendo ésta la primera vez que hacemos uso de la palabra durante este mes, permítanos transmitir nuestros mejores deseos a la Delegación de la Federación Rusa – miembro de nuestro Grupo de Amigos – al asumir la Presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de febrero de 2022, al tiempo que le expresamos nuestro agradecimiento tanto por la convocatoria de este oportuno Debate, como por la preparación de la Nota Conceptual que sirve de guía para nuestras discusiones el día de hoy sobre un tema tan importante.
Señor Presidente,
Nuestro Grupo de Amigos se constituyó en respuesta a las crecientes amenazas contra la Carta de las Naciones Unidas y, por ende, ante la urgente necesidad de reafirmar y defender sus propios propósitos y principios, los cuales siguen siendo hoy tan vigentes como en 1945.
Nos referimos, entre otros, al creciente recurso al unilateralismo; a los ataques contra el multilateralismo; a las pretensiones de excepcionalismos inexistentes; a los intentos por ignorar e incluso sustituir los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU por un nuevo conjunto de supuestas “reglas” que nunca han sido discutidas de manera inclusiva o transparente; y a enfoques selectivos o interpretaciones acomodaticias de las disposiciones de la Carta de la ONU.
Consideramos que tales prácticas en nada contribuyen al abordaje, a través de medios pacíficos y de la cooperación, de los desafíos complejos, emergentes y comunes que enfrenta hoy la humanidad. Muy por el contrario, contribuyen a aumentar la incertidumbre, la desconfianza, la inestabilidad y las tensiones en todo el mundo.
Señor Presidente,
El Grupo de Amigos reconoce la autoridad, funciones y poderes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en lo que respecta al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En este orden, consideramos, sin embargo, que las medidas previstas en el Capítulo VII sólo deben tomarse como último recurso y de conformidad con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Destacamos, además, la necesidad de que se brinde una consideración exhaustiva a los efectos a corto y largo plazo de las medidas que adopte o pueda adoptar el Consejo de Seguridad, a fin de garantizar, precisamente, que consecuencias no deseadas, en particular lo que tiene que ver con el impacto negativo sobre civiles y la prestación de asistencia humanitaria, se eviten y prevengan en todo momento. No podemos dejar de enfatizar, en este sentido, la necesidad de asegurar que la población de los Estados sujetos a dichas medidas no sea victimizada, ya sea directa o indirectamente, o privada de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, como resultado de la implementación de las mismas.
Asimismo, se deben realizar mayores esfuerzos para abordar las preocupaciones sobre las cuestiones del debido proceso y la transparencia en los procedimientos de inclusión, exclusión y exención, incluidos los de carácter humanitario y en relación con la posibilidad de que se permita a la población de los países sujetos a tales medidas el acceso a los recursos adecuados para la financiación de importaciones humanitarias, especialmente como una manera concreta de prevenir cualquier posible impacto humanitario y socioeconómico negativo de las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad sobre las condiciones básicas de vida de la población civil en los Estados sujetos a las mismas.
De igual forma, rechazamos la manipulación de la asistencia humanitaria con fines políticos. La asistencia humanitaria constituye un componente fundamental de la protección de civiles en conflictos armados y debe prestarse con arreglo a los principios rectores establecidos en la resolución 46/182 de la Asamblea General.
Señor Presidente,
Estamos obligados a valernos de esta oportunidad para crear conciencia sobre una tendencia tan creciente como preocupante, y es que, cuando se trata de sanciones, la autoridad y los poderes de este Consejo de Seguridad han sido usurpados por algunos Estados que consideran las medidas coercitivas unilaterales, ya sean de carácter político o económico, su instrumento preferido para ejercer presión, particularmente sobre los países en desarrollo, para forzar la voluntad soberana de otro Estado, a fin de obtener de éste ventajas de cualquier tipo. Esta práctica no es sólo una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, sino una muestra del desprecio a la autoridad y los poderes de este órgano, lo cual socava, a su vez, su integridad y eficacia.
Hoy estamos viendo no sólo un recurso sin precedentes a las sanciones unilaterales, sino también una nueva generación de tales medidas ilegales, que ahora son mucho más crueles y destructivas que nunca antes. Y es que tales medidas ilegales no son sólo utilizadas como armas en la búsqueda de objetivos geopolíticos y económicos, sino que su aplicación está siendo ahora ampliada y coordinada entre una gama más amplia de gobiernos. Es lo que eventualmente se conocerá como un nuevo «unilateralismo de grupo». Su objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo: forzar la voluntad política de naciones soberanas e independientes y contener su desarrollo industrial y su progreso tecnológico, mientras se ejerce el mayor dolor y sufrimiento posible sobre las poblaciones de los Estados sujetos a dichas medidas; todo ello en el marco de lo que puede describirse como una política de máxima crueldad calculada.
La aplicación de medidas coercitivas unilaterales – las cuales tienen el objetivo de atacar a la población civil como parte de una política generalizada y sistemática que, en última instancia, genera sufrimientos innecesarios que se constituyen en crímenes de lesa humanidad – impide la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo, y tiene a su vez un impacto negativo en la realización y el disfrute pleno de los derechos humanos. En otras palabras, no sólo crean y agravan las condiciones de pobreza y desigualdad, sino que también representan un ataque deliberado contra el derecho al desarrollo. Asimismo, la injerencia en los asuntos internos y soberanos de los Estados, sumada a la imposición de medidas coercitivas unilaterales de carácter económico, financiero o comercial, además de representar una violación masiva de los derechos humanos y de generar gran sufrimiento y dolor a poblaciones enteras, fomentan de manera deliberada la exacerbación de conflictos y crisis, incluso a través de la creación de lo que luego se denominan “crisis humanitarias provocadas por el hombre”, que fueron creadas de manera premeditada, precisamente, por los mismos promotores de tales medidas ilegales, que ahora se han convertido incluso en en factores estructurales y motores fundamentales de las crisis contemporáneas.
Por ello, hacemos un llamado a este Consejo de Seguridad a condenar de una vez por todas la imposición, así como el recrudecimiento de medidas coercitivas unilaterales, particularmente en medio de la peor pandemia que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años, ignorando los múltiples llamados a favor de su eliminación, especialmente en medio de la actual coyuntura internacional. Su impacto negativo, e incluso dramático, según ha sido documentado por expertos independientes de la ONU, sumado al efecto de las sanciones secundarias y al fenómeno conocido como sobre cumplimiento, continúa resultando en impedimentos para los Estados sujetos a dichas sanciones unilaterales en lo que respecta a la adquisición efectiva y oportuna de alimentos, medicinas, insumos y equipos, vacunas y otros bienes de primera necesidad para la población civil, lo cual es una muestra clara de la ineficacia y, más bien, la inexistencia de las supuestas “exenciones humanitarias” vigentes, lo cual se corresponde con las propias conclusiones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
Para concluir, el Grupo de Amigos se compromete a no escatimar esfuerzos para preservar, promover y defender la vigencia y prevalencia de la Carta de las Naciones Unidas, para lo cual es necesario, por una parte, asegurar que las sanciones unilaterales sean levantadas de manera completa e inmediata y, por otra, avanzar en la realización de una revisión integral y exhaustiva de las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad, a fin de asegurar su apego a la letra y al espíritu de los postulados consagrados en nuestra Carta fundacional.
Muchas gracias, Señor Presidente.