Reciban el fraterno saludo de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros.
Reciban, igualmente, un respetuoso saludo de la Delegación de Alto Nivel que hoy me acompaña conformada por:
- El Fiscal General de la República, Dr. Tareck Willians Saab;
- El Segundo Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y Presidente de la Sala de Casación Civil, Magistrado Henry Timaure;
- El Viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina;
- La Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Dra. Alana Zuloaga;
- El Embajador, Representante Permanente ante Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, Héctor Constant;
- Y demás directores ministeriales, funcionarios y expertos en derechos humanos del Estado venezolano.
Señora Presidenta,
Venezuela asiste ante este Comité, con espíritu constructivo. Venimos a exhibir nuestros logros y avances en la implementación de los postulados consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a exponer los retos que aún persisten en este ámbito.
Nuestro férreo compromiso, con el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas, queda demostrado con la presentación de los informes periódicos ante los Órganos creados en virtud de los Tratados de derechos humanos, y su defensa con Delegaciones de muy alto nivel, encabezadas por Ministros del Despacho quienes inciden directamente en la ejecución de las políticas públicas en la materia.
En poco más de un año, esta es el cuarta evaluación que acometemos de un informe periódico ante un Órgano de Tratado.
La presentación de este quinto informe abarca un período que ha representado un momento crucial para la humanidad: el terrible impacto de la pandemia del COVID-19; la imposición de recetas neocolonialistas de dominación contra países del Sur global; el incremento desproporcionado del uso de la fuerza por países hegemónicos, entre otras grandes amenazas, siguen poniendo en vilo la paz y la estabilidad regional y mundial.
Frente a un mundo complejo y conflictivo, Venezuela mantiene su Diplomacia Bolivariana de paz, rechazando de plano cualquier vía injerencista que vulnere los principios del respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, consagrados en la Carta de Naciones Unidas.
Señora Presidenta,
Existe en nuestro país un Estado que es promotor y garante de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y políticos.
Sin embargo, en el lapso analizado, debemos enfatizar que Venezuela ha sido objeto de una perversa estrategia de “Cambio de régimen”, promovido por el gobierno de Estados Unidos y la ultraderecha internacional, que ha incluido constantes agresiones, intentos de golpes de estado y magnicidio, sabotajes a nuestra industria petrolera y servicios públicos, así como expresiones de violencia, terrorismo e imposición de ilegales criminales medidas coercitivas unilaterales (MCU), lo cual ha generado un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de nuestro pueblo.
A pesar de ello, a la presente fecha, podemos afirmar con orgullo que tenemos un Estado firme y defensor de los principios democráticos consagrados en la Constitución, y un pueblo que ha resistido firmemente los embates del fascismo y de la imposición de ilegales, arbitrarias e ilegítimas MCU.
Señora Presidenta y miembros del Comité,
Venezuela continúa bajo la amenaza constante de poderes foráneos que pretenden transgredir estos principios, en un país que optó desde 1998 por un modelo de Estado Social y de Derecho. Hemos sido objeto de una agresión multiforme impulsada por el gobierno de los Estados Unidos de América, que ha afectado negativamente el disfrute de los derechos humanos de la población venezolana.
Esta embestida contra Venezuela ha incluido la adopción de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, cuyo impacto ha sido documentado y condenado por el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
En 2021 la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las MCU en el disfrute de los derechos humanos, señora Alena Douhan, luego de visitar el país, afirmó que las MCU han tenido un “efecto devastador”sobre los derechos humanos del pueblo venezolano.
Sólo a título informativo, la Oficina de Control de Activos (OFAC) de los Estados Unidos, y otras agencias de distintos países, han adoptado más de 930 medidas restrictivas o punitivas relacionadas con Venezuela, reduciendo drásticamente las capacidades del Estado para obtener recursos financieros, así como bienes y servicios necesarios para satisfacer plenamente las principales necesidades de sus habitantes.
También, con la complicidad de gobiernos extranjeros, actores políticos nacionales ejecutaron diversas acciones para atentar contra la institucionalidad democrática del país, desconociendo al Estado venezolano y a sus legítimas autoridades.
Además, desde el año 2013, sectores radicales de la ultraderecha venezolana, con apoyo internacional, han promovido y financiado recurrentemente manifestaciones violentas en el país, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas, personas lesionadas y graves daños a la propiedad pública y privada.
En el año 2017 la República Bolivariana de Venezuela estuvo sometida a manifestaciones violentas con fines políticos donde, con evidencia testimonial, documental y audiovisual, se corroboró que los manifestantes radicales recurrieron de manera sistemática al uso de armas de fuego, uso de armas de fabricación casera, y de explosivos tipo mortero y así como otros medios cargados de un alto nivel de letalidad.
Los manifestantes violentos dirigieron ataques en contra de hospitales, escuelas, centros de acopio y distribución de alimentos, zonas residenciales, comercios privados, instalaciones de servicios básicos, bases militares y policiales y sedes de ONG, entre otros. En el contexto de las protestas, se observó la utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas y agredir a los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad.
La ya descrita estrategia de “cambio de regimen” incluyó también intentos de invasión mercenaria y fallidos golpes de estado. Incluso se atentó contra la vida del Primer mandatario nacional, el Alto Mando Político y Militar y representantes diplomáticos en nuestro país, el 4 de agosto de 2018. Sin embargo, Venezuela continua invicta su camino hacia la paz y la protección de los derechos de su pueblo.
Señora Presidenta,
En enero de 2021, luego de las elecciones parlamentarias, se instaló una nueva Asamblea Nacional, dando paso a la aprobación de -hasta el momento- 67 leyes, muchas de ellas claves para la promoción y protección de los derechos civiles y políticos de la población venezolana.
De igual manera, en medio del más amplio y plural debate de ideas, el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, durante el período correspondiente a este quinto informe, ha implementado políticas cuyo horizonte son la igualdad y la justicia social.
Afortunadamente, la economía venezolana -a pesar de las incesantes agresiones foráneas- comienza a mostrar grandes avances. Para lo que resta del presente año y el siguiente, se proyecta en Venezuela un crecimiento económico sostenible, con un aumento de los niveles de productividad nacional del sector público y privado.
Honorables miembros del Comité,
La figura del diálogo nacional ha sido una política sostenida del Ejecutivo Nacional, promoviendo de esta manera la solución de las controversias en el marco del Estado de Derecho, logrando satisfactorios acuerdos para el bienestar del pueblo. Debemos recordar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha realizado más de 500 llamados públicos al diálogo entre venezolanos.
Como parte de esta política para el reencuentro y la reconciliación nacional, en 2020 el Jefe de Estado otorgó un indulto a cientos de personas procesadas penalmente por su participación en hechos contra la estabilidad democrática del país.
Lamentamos que este diálogo no haya podido todavía continuarse por el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del gobierno de Estados Unidos, que es una de las personas que forma parte de la Delegación venezolana, en clara violación del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
Aprovechamos este espacio para denunciar una vez más esta detención arbitraria y criminal secuestro y reiteramos el llamado para que este Comité se pronuncie nuevamente y abogue por su pronta e inmediata liberación.
Señora Presidenta,
En Venezuela se han adoptado medidas para aumentar la conciencia sobre el Pacto y su aplicabilidad en el derecho nacional. Entre ellas, figura el primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2016 – 2019, cuyos proyectos, acciones y recursos necesarios para su implementación fueron incorporados en los respectivos planes operativos institucionales de los órganos de los Poderes del Estado.
Venezuela es un país donde todo ciudadano, incluyendo los defensores de derechos humanos, pueden ejercer diariamente sus derechos y actividades, con plenas garantías y bajo la protección que le ofrecen la Constitución, las leyes y los tratados ratificados por el país.
El artículo 68 de la Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Además, consagra la prohibición de usar armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones.
Entre 2017 y septiembre de 2021 se desarrollaron miles de distintas expresiones políticas ymanifestaciones públicas, evidenciando el pleno ejercicio del derecho a la reunión y manifestación en el país, de manera libre y ajustada a la ley.
El derecho de asociación se encuentra reconocido y protegido en la República Bolivariana de Venezuela. Subrayamos que entre 2012 y 2021 se han registrado 898 organizaciones sindicales.
Asimismo, un total de 1.017 movimientos sociales, agrupados en 25 sectores y 23 mil 52 organizaciones socioproductivas están registradas en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Para el año 2023 existen 3 mil 641 Comunas y 49 mil 183 Consejos Comunales registrados en todo el territorio nacional, que agrupan a casi 10 millones de ciudadanos y ciudadanas, lo cual demuestra que el tejido social de Venezuela es amplio, profundo y poderoso.
La Constitución venezolana consagró, de forma transversal, un modelo de democracia participativa, corresponsable y protagónica de la población, lo cual ha llevado a la modificación sustancial de la práctica electoral, que va desde la concepción del sufragio como derecho, hasta la consagración de nuevas formas de participación en lo político.
Como se informó en el párrafo 184 del quinto informe nacional, durante el período 2012 – 2020 se desarrollaron 10 procesos electorales de carácter nacional, incluyendo tres elecciones presidenciales. En Venezuela el voto es un derecho y no se califica como deber, por lo que está fundado completamente en una decisión voluntaria y personal.
El sistema de votación venezolano es totalmente automatizado, confiable y es auditado en todas sus fases, antes, durante y después de cada proceso. Los medios de verificación permiten efectuar comparaciones de resultados, lo cual arroja la exactitud en el funcionamiento de la plataforma electoral.
Señora Presidenta,
Por otra parte, los avances en el ámbito de los derechos de la mujer han sido muy importantes. Para 2019, el Índice de Desarrollo de Género de Venezuela fue de 1,013, considerado en el grupo de países con un alto nivel de igualdad, en cuanto a los logros en el Índice de Desarrollo Humano entre mujeres y hombres.
Respecto a la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI), el Estado venezolano ha fortalecido medidas para prevenir y sancionar toda discriminación, de conformidad con la Constitución incluidas las relativas a orientación sexual.
En noviembre de 2020, la Defensoría del Pueblo creó la Defensoría Delegada Especial con competencia a nivel nacional para la protección de las personas de la sexodiversidad, adscrita a la Dirección de Materias de Especial Atención.
Distinguidos miembros del Comité,
En Venezuela el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley puede establecer la pena de muerte y ninguna autoridad puede aplicarla.
Nuestro país garantiza que los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley, especialmente en materia de seguridad ciudadana, procedan de acuerdo con las normas sobre el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza, sancionando ejemplarmente cualquier inobservancia de las mismas.
Como parte de la Carta de Entendimiento suscrita y renovada entre la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha prestado asistencia técnica al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz para la actualización de los estándares policiales aplicados a los servicios de mayor complejidad, incluyendo los protocolos de actuación de grupos tácticos y de control de reuniones públicas y manifestaciones.
Igualmente, nuestra Constitución prohíbe la esclavitud y sus formas análogas, tales como la servidumbre y la trata de personas. En tal sentido, la legislación venezolana cuenta con desarrollos normativos suficientes para garantizar la protección de la integridad física de las personas, como lo son la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que establece penas severas y el pago de indemnización a las víctimas del delito de la trata de personas.
En lo referente a la atención de víctimas de trata de personas en el exterior, tenemos activado un Protocolo de Repatriación de los y las nacionales víctimas de este flagelo.
Señora Presidenta,
La República Bolivariana de Venezuela ha decretado también una lucha frontal contra la corrupción. En los últimos años, la Contraloría General de la República ha llevado a cabo más de 10 mil procedimientos administrativos, de conformidad con la Ley contra la Corrupción, dando como resultado 5 mil 109 funcionarios sancionados.
En lo que va del presente año 2023, la Asamblea Nacional ha sancionado Leyes orgánicas y especiales con la finalidad de fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia las prácticas delictivas contra el patrimonio público.
Respecto a las instituciones protectoras de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo continuó cumpliendo su mandato de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, en apego a los Principios de París.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos, como órgano encargado de la coordinación e impulso de las políticas nacionales en la materia, se ha mantenido desarrollando acciones para asegurar la incorporación del enfoque de derechos humanos en toda la acción del Estado.
Igualmente, el tema de los derechos humanos ha sido incluido como formación continua y de cuarto nivel en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en la Universidad Experimental de la Seguridad, la Escuela Nacional de la Defensa Pública, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Escuela Nacional de Fiscales, la Escuela Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la Escuela Nacional de Formación de Servidores Públicos Penitenciarios y en la Escuela Feminista del Sur “Argelia Laya”.
Señora Presidenta, miembros del Comité,
Antes de finalizar, quisiera resaltar que otorgamos vital importancia para que el tema de los derechos humanos sea tratado de manera objetiva e imparcial, sin selectividad, dobles raseros, ni politización, en un espíritu de diálogo genuino y cooperación, de conformidad con los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas.
Esperamos sostener un diálogo fructífero que permita al Estado venezolano, contar con las orientaciones de sus miembros sobre la base del respeto mutuo y ajustado al principio del derecho internacional.
Nuestra delegación escuchará con espíritu constructivo sus interrogantes, observaciones y recomendaciones durante este diálogo interactivo sobre el quinto informe del Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos y brindaremos oportunamente las respuestas a los mismos.
Muchas gracias.