Vicepresidenta Rodríguez denuncia organización criminal liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López al servicio de intereses extranjeros

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, mostró este jueves evidencias de cómo la organización criminal en la que participan dirigentes de la oposición venezolana como Juan Guaidó y Leopoldo López, y el abogado José Ignacio Hernández, teje un entramado delictivo desde hace varios años para “socavar los intereses de Venezuela, apoderarse de sus activos financieros y empresas en el extranjero” y entregarlas a los Estados Unidos.

En un pronunciamiento público, explicó de forma cronológica cómo se ha venido preparando la consumación del delito y las implicaciones que tiene en los juicios que lleva la República Bolivariana de Venezuela a nivel internacional.

Indicó que el mentor intelectual de todo el entramado es el abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como procurador especial de su gobierno ficticio el 27 de febrero de 2019, quien usurpa funciones desde el extranjero sin oficina ni sede, y allana el camino para el robo de la filial petrolera Citgo.

La Vicepresidenta precisó que Hernández primero participó como experto de la empresa de maletín Crystallex en el juicio contra Pdvsa, siendo el autor de la falsedad jurídica de que Pdvsa y la República Bolivariana de Venezuela son el mismo ente.

Denunció que la mente criminal de José Hernández asimismo impulsó que la empresa ConocoPhillips, en un segundo arbitraje, demandara a la República de Venezuela por 8 mil millones de dólares y en complicidad con David Malpass, exfuncionario del Gobierno de Donald Trump y presidente del Banco Mundial, buscan que la transnacional petrolera se quede con Citgo.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez además apuntó que el usurpador Hernández ha enviado cartas a la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) solicitando que desconozca al procurador general Reinaldo Muñoz como representante legítimo de Venezuela y el 5 de junio de este año, esta instancia respondió que no le compete resolver ese asunto sino que debe decidirse en tribunales.

Otro caso mencionado por la Vicepresidenta Ejecutiva involucra a José Ignacio Hernández hace dos años, cuando participó como experto y abogado en el estado de la Florida, EEUU, de un grupo de 27 empresas petroleras que Pdvsa demandó por el delito de robo de información, por cuanto durante 10 años tuvieron acceso a todas las redes de información interna de la estatal venezolana, a través de un respaldo de sus servidores que tenían ilegalmente en Miami, Panamá y Suiza, y cuya cabeza de este delito es Francisco Morillo, en sociedad con Ricardo Ramos D’Agostino, hijo del dirigente adeco Henry Ramos Allup.

Informó que el Gobierno Bolivariano ha solicitado a la Fiscalía General de la República que inicie las investigaciones pertinentes a efectos de determinar responsabilidades en la referida organización criminal, en tanto el procurador Reinaldo Muñoz presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción para que desde el punto de vista civil le sea anulado el título de abogado a Hernández.

“Tristes personajes que han pretendido usar la política para justificar su plataforma del crimen organizado internacional”, se refirió la alta funcionaria sobre los involucrados, a la vez que anunció que próximamente presentarán nuevas evidencias del entramado delictivo al servicio de intereses extranjeros.

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