En el contexto de la expansión global del Covid-19 y sus devastadoras consecuencias para la humanidad, el Papa Francisco se adhirió a los llamamientos de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales como el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), a los efectos de que sean suspendidas las medidas coercitivas unilaterales.
Las denominadas “sanciones”, advirtió el Sumo Pontífice en su mensaje este domingo desde la Basílica Vaticana, impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda acorde a las grandes necesidades del momento.
“Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora cuando muchos negocios están cerrados, como tampoco los medicamentos y sobre todo la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria. Considerando, las circunstancias se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres”, instó el Papa.
El principal foro de concertación política mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha condenado en sus distintos órganos la aplicación de este tipo de medidas. El secretario general del organismo, António Guterres, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han llamado al levantamiento y reevaluación de las denominadas sanciones.
El pronunciamiento del Papa Francisco este domingo fue aludido por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza.
“Hasta el Santo Padre solicita que se relajen las sanciones internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada, y se afronten…las grandes necesidades del momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda», publicó el Canciller venezolano en su cuenta Twitter @jaarreaza.
La República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de una serie de medidas coercitivas unilaterales dictadas principalmente por el gobierno de Estados Unidos, en clara violación al derecho internacional que protege a los Estados de intervenciones extranjeras en asuntos internos.