Organizaciones de DDHH exhortan a la alta comisionada Michelle Bachelet a visitar Venezuela

Por segundo día consecutivo, organizaciones sociales y expertos en derechos humanos se reúnen en el Palacio de convenciones de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Con motivo de denunciar el ilegal bloqueo financiero que los poderes imperiales aplican contra Venezuela, e igualmente mostrar al mundo el terrible impacto que tienen esas medidas coercitivas unilaterales e ilegales sobre la nación caribeña. En esta oportunidad el foro contó con la participación de la directora de la Organización de los Derechos Humanos Sures Venezuela, María Lucrecia Hernández, el secretario del Consejo Mundial de La Paz (CMP), Gabriel Aguirre, y la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russian. Durante su intervención la directora de la organización Sures, María Lucrecia Hernández, destacó que deben ser tomados en cuenta los distintos informes entregados por expertos no politizados y de amplia trayectoria, como es el caso del informe entregado por el relator especial de la ONU, Alfred de Zayas. Por su parte, Hernández expresó su propuesta de solicitar a la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a trabajar en conjunto con las organizaciones sociales en Venezuela y superar las parcialidades políticas frente a la difícil situación que vive la sociedad venezolana por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos desde el año 2014. Igualmente, la Directora de la Organización Sures exhortó a la Alta Comisionada a que “condene y se pronuncié en contra del impacto negativo sobre los derechos humanos, además de la vulneración del Derecho Internacional Público y el principio de autodeterminación de los pueblos que causan los bloqueos económicos contra los países”. En este sentido, Hernández señaló que considera que las condiciones y garantías están dadas para que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas visite el país, constituyendo así un paso importante para el logro del diálogo nacional y la paz en Venezuela. Gabriel Aguirre, secretario del Consejo Mundial de La Paz, destacó que “desde 2015, se han sancionado a 27 empresas, incluyendo a la principal industria del país, Pdvsa. Al igual que 22 funcionarios, entre ellos el Presidente de la República a quien se le impide movilizar las cuentas de la nación que se encuentran en los bancos en el exterior”. Asimismo, Aguirré advirtió que “con la aprobación de las sanciones contra Venezuela el acceso a las medicinas decayó en un 75%. Estas acciones y medidas socavan la economía venezolana afectando directamente al pueblo y van dirigidas a fortalecer el argumento de una supuesta crisis humanitaria que posibilitaría una intervención en el país”. Aguirre también declaró que “corresponde a este Consejo designar una misión para estudiar las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos por parte de EEUU en Venezuela y llevarlos ante la justicia”. Durante su intervención, la presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russian, añadió que “las pérdidas económicas en estas medidas coercitivas suman más de 21 millones de dólares que equivalen a la importación de medicinas y alimentos durante cinco años para todos los venezolanos”. Seguidamente, Russian exhortó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a sumar sus esfuerzos para reconocer las medidas coercitivas unilaterales como crimines de lesa humanidad, que afectan de manera sistemática y deliberada a toda la población civil. Finalmente, la presidenta de Fundalatin expresó su rechazo a la actualización del informe sobre Venezuela presentado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, puesto que “esta actualización invisibiliza las acciones de violencia ejecutadas por sectores de la oposición venezolana, los cuales han dejado un saldo lamentable de víctimas que han sido quemadas vivas o simplemente asesinadas”. También resaltó que “ningún balance objetivo de la situación venezolana puede obviar esta realidad”. De igual modo, Russian indicó que le tomó por sorpresa el hecho de que la Alta Comisionada no haya condenado la grosera amenaza de intervención militar por parte de EEUU, esta no solo vulnera la estabilidad y la paz en Venezuela sino también de la región.