A pocos meses para hacerse efectiva la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado ante el Sistema Internacional de DD.HH., Larry Devoe, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los avances del país en esta materia.
Cumpliendo siempre con sus compromisos internacionales, el Estado venezolano participó en tres audiencias públicas desarrolladas durante el 169° período de sesiones de la CIDH, órgano de la OEA , que se llevaron a cabo este jueves en la ciudad de Boulder, Colorado, EE.UU., donde mostró sus políticas públicas el área de protección de adultos y adultas mayores, comunidad LGBTI y personas privadas de libertad, además de dar cuenta sobre los efectos negativos de las sanciones económicas contra Venezuela, impuestas por EE.UU., Canadá, Suiza y la Unión Europea.
Durante su intervención, el representante del Estado venezolano explicó que en el año 1998 solo habían 387 mil pensionados y luego del año 1999, a través de un régimen de pensiones creado por el Gobierno del Presidente Chávez, más de 4 millones 500 mil personas con derecho a pensión comenzaron a gozar de este beneficio, alcanzando el 100% de cobertura.
“El 51% de las pensiones que se han otorgado en el país no exigen contribución previa, más de 2 millones 329 mil 347 adultos y adultas mayores se les ha garantizado este derecho, aún cuando no hayan cotizado, como parte de nuestra política de inclusión a campesinos, cultores, transportistas, y todas aquellas personas quienes, según la naturaleza de su oficio, no fueron incluidos anteriormente, pero que nuestro Gobierno garantiza su derecho. Esto ubica a Venezuela a la vanguardia mundial en cuanto a régimen de pensiones”, dijo el Secretario Ejecutivo del Consejo de DD.HH.
Asimismo, Devoe recordó que el país cuenta con 148 centros de atención y cuidado de adultos y adultas mayores en todo el territorio nacional, así como con una política sostenida en materia de alimentación y salud, mediante la cual se le da prioridad a los adultos y adultas mayores en el programa CLAP y las casas de alimentación, además del suministro gratuito de medicamentos para enfermedades crónicas, atención en el programa 0800 Salud, entre otros.
Ante la matriz de opinión que intenta calificar el Carnet de la Patria como un mecanismo discriminatorio, Devoe señaló que este es un mecanismo de Gobierno electrónico para fortalecer su política social y simplificar los trámites de acceso a los beneficios que garantiza el Estado.
“Hasta ahora hay más de 18 millones de personas registradas y nos dimos cuenta quiénes requerían el acceso y fueron incluidos a toda la política de protección con la que cuenta el Estado, sin preguntar sus preferencias políticas”, indicó.
En Venezuela no existen presos políticos
En su segunda audiencia en la CIDH, el representante del Estado venezolano indicó que “en Venezuela no existen presos políticos, sino personas que están condenadas o procesadas por diversos delitos, incluido el homicidio contra particulares, funcionarios públicos y de organismos de seguridad”.
Recordó que sectores de la oposición venezolana han hecho uso de la violencia como práctica reiterada, promoviendo golpes de Estado, magnicidios contra el Presidente de la República y diversas acciones de violencia y terrorismo que han cobrado la vida de decenas de personas.
“El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha promovido diversas acciones a favor de la reconciliación y la paz del país, como la Ley de Amnistía del año 2007, instalación de la Comisión de la Verdad (2016 y 2017), mesas de diálogo y constantes llamados a la reconciliación nacional, pero hay sectores que solo apuestan por la violencia”, dijo Devoe.
Asimismo, señaló que la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, ha recomendado medidas sustitutivas a la privación de libertad, como resultado de la revisión de las causas penales, del análisis de las solicitudes presentadas por familiares y abogados y de las entrevista con privados y privadas de libertad.
“Eso permitió que en 2017 y 2018, 192 personas fueran beneficiadas con las medidas sustitutivas”, señaló el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Puntualizó que una representante del Comité de Víctimas de la Guarimba, Zoraida Bravo, denunció que dos de los responsables de la muerte de su hijo, Ranzor Bracho, asesinado el 12 de marzo de 2014 por grupos antigubernamentales violentos, están siendo calificados como “presos políticos”.
“Por la muerte de mi hijo están involucradas cuatro personas, de ellas hay dos detenidos, el señor Antonio Galviz y Juan David Poletti, quienes se encuentran imputados por el asesinato de mi hijo. Resulta que estos señores se encuentran en una lista de presos políticos y están pidiendo su liberación. Yo le exijo a la justicia de mi país, al Ministerio Público, que estos imputados sean juzgados por el asesinato de mi hijo. Pido que se haga justicia”, expresó la vocera del Comité de Víctimas en un video enviado a las autoridades venezolanas.
Medidas coercitivas unilaterales afectan el disfrute de los derechos humanos
Durante la tercera audiencia denominada “Situación de derechos humanos en Venezuela”, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos denunció la agresión permanente que sufre la economía venezolana, producto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Recordó a los Comisionados y Comisionadas de la CIDH que las medidas coercitivas unilaterales dificultan a Venezuela el uso del sistema financiero internacional y el desarrollo de operaciones para la adquisición de bienes y servicios.
Entre los diversos ejemplos que expuso Devoe, señaló que el procesamiento de las órdenes de pago a través del sistema financiero pasó de 48 horas a 20 días continuos, además, indicó que Venezuela se ha visto imposibilitada de usar el dólar estadounidense para transacciones internacionales.
“Más de 20 millones de dólares perdidos por la necesidad de ejecutar operaciones de cambio de divisas y más de 37 millones de dólares en pérdidas producto de las trabas operativas impuestas por navieras y puertos internacionales”, aseveró.