El Gobierno de Barack Obama se caracterizó por una visión de escrutinio e intromisión en los asuntos internos de Venezuela y en las relaciones de nuestro país con otros países, en especial Cuba, Irán y Rusia, en el marco de una estrategia de contención y descalificación permanente a las instituciones de Gobierno de la Revolución Bolivariana.
La acción injerencista más agresiva de la Administración Obama fue la Orden Ejecutiva 13.692 (“Decreto Obama”) emitida el 8 de marzo de 2015 (renovada por un año, el 3/03/16), que se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014, (Ley pública 113-278) firmada el 18 de diciembre de 2015 en el Congreso de los Estados Unidos. El Decreto Obama declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” y permitió enmarcar todas las acciones que hoy desarrolla EE.UU. contra Venezuela.
El 24 de agosto de 2017, el presidente republicano, Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva 13.808 titulada «Imponer sanciones adicionales con respeto a la situación en Venezuela». La Orden Ejecutiva prohíbe ciertas transacciones que involucran al gobierno venezolano, definidas ampliamente para incluir a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), y cualquier otra entidad que sea propiedad o esté controlada por Gobierno venezolano. La Casa Blanca indicó que las nuevas prohibiciones fueron «cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crítica de financiamiento para mantener su ilegitimidad”.
No obstante, estas pretendidas sanciones representan un cambio significativo en el enfoque de la administración en su posición contra Venezuela. Antes de la Orden Ejecutiva 13.808, las sanciones relacionadas con Venezuela se limitaron a la inclusión de funcionarios del gobierno del Presidente Nicolás Maduro y del Comandante Hugo Chávez, en la Lista de Personas Especialmente Designadas («SDN»).
El 02 de marzo de 2018, la Administración Trump renovó por un año ambos instrumentos jurídicos contra Venezuela, al considerar que “las circunstancias descritas en la Orden Ejecutiva 13.692 y la Orden Ejecutiva 13.808 no han mejorado, y continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, de acuerdo con la sección 202 (d) de la Ley Nacional de Emergencias (50 USC 1622 (d)), continúo durante 1 año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692”.
Aunado a las acciones mencionadas, el 19 de marzo de 2018 el Presidente de EEUU, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva en nombre de su gobierno, para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.692 del 8 de marzo de 2015, y siguiendo la Orden Ejecutiva 13.808 del 24 de agosto de 2017, todo ésto, a la luz de las “recientes acciones tomadas por el régimen de Maduro para intentar eludir las sanciones estadounidenses emitiendo una moneda digital (El Petro) en un proceso que la Asamblea Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado como ilegal”.
Asimismo, el Gobierno republicano de Donald Trump haciendo uso de declaraciones guerreristas, ha producido una escalada en las tensiones en la relación bilateral. Es relevante resaltar que, sin llegar a la mitad del periodo presidencial de la Administración Trump, ya se han ejecutado 8 rondas de pretendidas sanciones contra Venezuela. Las herramientas utilizadas en estos ataques han sido diversas e incluyen amenazas expresas de intervención bélica, sanciones de naturaleza política y económica con repercusiones en el ámbito comercial y financiero, sanciones a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno venezolano impuestas unilateralmente por EE.UU. a Venezuela, que involucran diferentes actores e instituciones del Gobierno federal y el Congreso estadounidense.
Descarga aquí una cronología detallada de todas las medidas coercitivas ilegales emitidas por EEUU contra la Democracia Venezolana.
Informe Especial Mayo 2018
SANCIONES Y BLOQUEO: violación de la soberanía y agresión a VENEZUELA