Señor Presidente,
Es un honor para la República Bolivariana de Venezuela hacer uso de la palabra en nombre de las delegaciones de Argelia, Angola, Belarús, Bolivia, Camboya, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Laos, Nicaragua, el Estado de Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Siria, Zimbabue, y la suya propia, miembros todos del “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas”.
Señor Presidente,
Nuestro Grupo de Amigos se estableció en respuesta a las crecientes amenazas contra la Carta de las Naciones Unidas y, por consiguiente, a la urgente necesidad de reafirmar y defender sus propósitos y principios, que hoy siguen siendo tan vigentes y relevantes como en 1945.
Las medidas coercitivas unilaterales, sean de carácter político o económico, se han convertido en el instrumento preferido de determinados Estados para ejercer presión, en particular sobre los países en desarrollo, y forzar la voluntad soberana de otro Estado, a fin de obtener de éste ventajas de cualquier tipo. Por tanto, su promulgación y aplicación son claramente contrarias al espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas, que, por cierto, ha encomendado la imposición de medidas de este tipo en el Consejo de Seguridad, convirtiéndolo por consiguiente en el único órgano del mundo que está legalmente facultado para imponer sanciones.
Asimismo, las medidas coercitivas unilaterales, debido a su amplio alcance y su extraterritorialidad, tienen un impacto negativo en el disfrute y la realización de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo de nuestros pueblos. Este impacto negativo, e incluso dramático, se ha incrementado durante el curso de la pandemia de la COVID-19, según lo han registrado incluso expertos independientes de la ONU. Así, estas medidas ilegales representan una violación masiva de los derechos humanos de más de un tercio de la humanidad o, dicho de otro modo, representan un ataque directo contra uno de los principales pilares fundamentales de nuestra Organización.
Señor Presidente,
Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestra seria preocupación por el creciente recurso al unilateralismo, marcado, precisamente, por acciones y enfoques aislacionistas y arbitrarios que violan tanto la Carta de las Naciones Unidas como las normas del derecho internacional, que tienen un impacto perjudicial, entre otros, sobre la estabilidad de los Estados, la libertad de comercio, inversión y desarrollo, y que no sólo socavan los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha actual contra la pandemia de la COVID-19, sino que también obstaculizan el avance y desarrollo económico y social de los pueblos, así como la plena realización de sus derechos humanos.
De allí que, al renovar nuestro firme compromiso con un revitalizado y verdadero multilateralismo que tenga a las Naciones Unidas en su centro, transmitimos nuestro apoyo a las naciones y pueblos sujetos a enfoques unilaterales y arbitrarios que violan tanto los propósitos como los principios consagrados en la Carta de la Naciones Unidas y las normas básicas del derecho internacional, y renovamos nuestro llamado al pleno respeto del derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación, así como a la integridad territorial y la independencia política de todas las naciones.
Reafirmamos, además, el valor supremo que otorgamos a la promoción y protección de todos los derechos humanos, tanto aquellos individuales como los colectivos, incluido el derecho al desarrollo, sin distinción de niveles o categorías, y consideramos también que su promoción y protección se realza sobre la base del diálogo y la cooperación, con arreglo a los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, no selectividad, no politización y no confrontación, y en un marco de igualdad y respeto mutuo entre Estados.
Para concluir, el Grupo de Amigos insta enérgicamente a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar y a que levanten, especialmente en medio de la actual pandemia, cualquier medida unilateral de carácter económico, financiero o comercial que no se ajuste al derecho internacional y a la Carta del Naciones Unidas, y que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo, conscientes, entre otros, del impacto negativo que éstas tienen sobre el pleno disfrute y la realización de los derechos humanos.
Muchas gracias, Señor Presidente.