Gracias Presidente. Permítame inicialmente manifestar nuestro cordial saludo a la señora Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
Como todos sabemos, la actualización oral que acaba de ser presentada, fue mandatada hace dos años por la Resolución 45/20 adoptada por votación en este Consejo bajo el patrocinio de un reducido grupo de países, y rechazada por los miembros de este Órgano que nos oponemos a la selectividad y la politización de nuestras labores.
Ya es conocida nuestra posición de principios en el rechazo de este tipo de acciones hostiles, que no cuentan con el consentimiento de los países concernidos y que pretenden dividir las labores del Consejo entre aquellos que se venden falsamente como adalides de los derechos humanos versus aquellos acusados de irrespetarlos. No es casual, pues, que siempre los condenados seamos países del Sur.
La labor de este Consejo debe estar orientada a garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, fuera de toda politización.
Señor Presidente, la República Bolivariana de Venezuela saluda con satisfacción el reconocimiento de la Alta Comisionada hacia la actuación del Estado venezolano y toma nota de las preocupaciones expresadas en su actualización oral, a las cuales ofrecerá respuesta detallada en su debida oportunidad. Sin embargo, llamamos la atención sobre el hecho de que señalamientos negativos no tomaron en consideración la información compartida por el Estado. Todavía vemos con preocupación la reminiscencia de elementos que instrumentalizan los derechos humanos con fines políticos, lo cual se aleja del sacro objetivo de la promoción de los derechos humanos.
Como todos sabemos, resulta ya habitual la descontextualización mediática de cualquier información que desconozca los avances en derechos humanos en Venezuela, pues eso sería contrario a la tendencia hegemónica establecida de considerar a Venezuela como un país en el que nada bueno puede pasar. Hacemos un llamado a preservar la objetividad e imparcialidad en las aseveraciones efectuadas, evitando su uso instrumentalizado.
En la reciente conversación sostenida entre la Alta Comisionada y el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, privó como siempre nuestra transparencia y nuestra voluntad manifiesta de cooperación, que constituyen el camino más efectivo para seguir labrando una relación de mutua confianza y respeto. Lamentamos escuchar hoy información sobre supuestas violaciones al debido proceso de ciudadanos venezolanos y otras líneas discursivas que generan duda sobre la actuación del Estado, a pesar del intercambio constante de información existente con los oficiales de la Oficina en el terreno. Tomamos nota de tales alegaciones, pero reafirmamos que no se ajustan a la realidad.
Valoramos positivamente, por otro lado, la mención de la Alta Comisionada hacia el levantamiento de las mal llamadas “sanciones”. En efecto, no se puede hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela hoy sin referirnos al terrible impacto en la vida de nuestro pueblo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y otros países hegemónicos, que violan el derecho internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad.
Hasta ahora, Venezuela ha sido blanco de al menos 502 medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales, que persiguen acabar con nuestro modelo social inclusivo. Hoy el efecto de sobrecumplimiento de tales medidas ilegales genera vicios terribles en todas las áreas del quehacer social venezolano.
Este Consejo, así como la Oficina de la Alta Comisionada, deben ser actores claves en la firme condena de las medidas coercitivas unilaterales que menoscaban los derechos humanos y el derecho al desarrollo de los pueblos del Sur. Confiamos en el papel que la Alta Comisionada pueda tener para lograr el cese inmediato de esas acciones ilegales que generan sufrimiento y atentan contra la vida de mis compatriotas.
Señor Presidente, como lo afirmó el Presidente Nicolás Maduro durante el último Segmento de Alto Nivel, desde el año 2019 hemos puesto en práctica mecanismos de cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada para continuar fortaleciendo el modelo inclusivo de derechos humanos en mi país.
En el marco de esta cooperación, se ha reforzado la presencia de la Oficina en Venezuela, cuyos funcionarios cumplen su mandato con total libertad y con el apoyo de los órganos competentes del Estado. Apreciamos la disposición de la Oficina para continuar consolidando una fructífera relación de trabajo y asesoría técnica, sobre la base de los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia.
Justamente, para lograr un mayor apoyo y fortalecer nuestro Estado de justicia social, hemos cursado invitación a visitar al país a cuatro Procedimientos Especiales, dentro de los cuales los Relatores sobre el derecho a la vivienda y sobre el derecho a la alimentación.
Como quedó evidenciado durante nuestro tercer ciclo del Examen Periódico Universal en enero pasado, Venezuela continúa su senda de fortalecimiento democrático, en un contexto donde los derechos humanos se disfrutan plenamente, de conformidad con la Constitución y la Ley. Seguiremos comprometidos con la promoción y protección de los derechos humanos y con el apoyo a este Consejo, sus mecanismos y la Oficina de la Alta Comisionada.
Muchas gracias.