Intervención del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en el Segmento de Alto Nivel de la 37a Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Ginebra, Confederación Suiza, 26 de febrero de 2018
Señora Vicepresidenta, Integrantes de la Directiva y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Les trasmito el saludo solidario y bolivariano del Pueblo Venezolano y del Presidente Nicolás Maduro Moros. Ayer llegamos de una gira por 17 países en 23 días. Diez países de Nuestra América Latina y el Caribe y 7 países de Nuestra Madre África. El respaldo a Venezuela, a nuestra democracia participativa, al Presidente Nicolás Maduro, ha sido ejemplar. Debemos agradecerle a los gobiernos y pueblos de Cuba, Belice, Nicaragua, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Haití, El Salvador, Dominica, República Dominicana, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Angola, República del Congo, República Democrática del Congo, Etiopía y Egipto, por tanta receptividad. También al CARICOM, al ALBA, la CEDEAO, la Unión Africana y la Liga Árabe. Fue una gira por la dignidad y la solidaridad, por la cooperación que nos hará verdaderamente libres e independientes, la cooperación Sur-Sur. Señora Vicepresidenta, Ustedes conocen, que nuestro país, es acosado -desde hace casi dos décadas- por poderes foráneos intervencionistas, ansiosos de retomar el control sobre nuestras riquezas petroleras, gasíferas, de oro, diamante, coltán, agua, tierras fértiles, entre otras. Para ello, les es indispensable derrocar el Gobierno popular y Soberano de la Revolución Bolivariana. Queremos denunciar las inadmisibles acciones de interferencia grosera del Gobierno de los Estados Unidos de América, y algunos de sus aliados de la Europa en los asuntos internos de Venezuela. Durante el año pasado, nada más, del gobierno y congreso de EEUU, incluyendo a los más altos en sus jerarquías, hicieron 735 pronunciamientos o comunicados sobre Venezuela. Este año, en apenas 55 días ya van 105 ataques directos contra mi país. En 2017 el Presidente supremacista Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar, impuso sanciones ilegales para perjudicar nuestra economía, es decir, a nuestro pueblo, financió y apoyó las acciones violentas, terroristas, de la oposición radical venezolana, que costaron vidas humanas, heridos, dolor y daños materiales incuantificables. En realidad, ¿Que puede esperarse de un gobierno que toma como indicador para evaluar positivamente el éxito de sus políticas hostiles contra otros países, el número de muertos que sus sanciones y acciones producen?. Señora Vicepresidenta, El Secretario de Estado, Rex Tillerson llamó públicamente a los militares venezolanos a derrocar el gobierno democrático del Presidente Nicolás Maduro. De inmediato, nuestra respetada y antiimperialista Fuerza Armada le otorgó digna y oportuna respuesta. Por cierto, que es difícil distinguir si el señor Tillerson habla en nombre de su gobierno o de una empresa transnacional petrolera de la cual fue Director Ejecutivo hasta hace apenas un año, especialmente cuando se trata de atacar a Venezuela. También adelanto el Secretario de Estado, que desconocerá su gobierno la voluntad de nuestro pueblo, que se expresará libremente en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, como si le asistiera alguna facultad para reconocer o desconocer resultados electorales en mi país o en el mundo. Y como corolario, le hizo saber a América Latina, que para la administración Trump, la anacrónica y extemporánea Doctrina Monroe, que data de 1823, hace 200 años, está vigente para el gobierno de EE.UU en el siglo XXI. Razón tenía el Libertador en 1829, cuando proféticamente advirtió a las naciones que “los EE.UU parecen destinados por la providencia para plagar a la América toda de miserias, en nombre de la libertad”. El Presidente Nicolás Maduro ha hecho -en los últimos 4 años- más de 400 llamados a la oposición para que participe en el diálogo. Nuestra sociedad tuvo que vivir el trauma doloroso de las acciones terroristas llamadas guarimbas, tuvimos que transitar por la victoria popular del pueblo al elegir democráticamente una Asamblea Nacional Constituyente que puso fin esa violencia política. Tuvo que ser ampliamente derrotada la oposición en las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017, para que finalmente aceptaran la oferta de diálogo. En Santo Domingo, República Dominicana, por voluntad del gobierno venezolano, se realizaron encuentros entre representantes del gobierno y de la oposición, que contaron con la facilitación del Presidente Danilo Medina; del ex Presidente del Gobierno del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de los cancilleres de Chile, México, Bolivia, Nicaragua, y San Vicente y Las Granadinas. Estos diálogos tenían el propósito de alcanzar acuerdos para consolidar la democracia, la paz y la convivencia política, así como el respeto a los derechos humanos. Como resultado se llegó efectivamente a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, plasmado en el documento titulado “Acuerdo de Convivencia Democrática por la Paz en Venezuela”. Ambas partes alcanzaron puntos de encuentro en temas centrales. El 6 de febrero se organizó todo en Santo Domingo para la firma de este Acuerdo. Los representantes de la oposición venezolana -a última hora-, se negaron a firmarlo. Fue un inmenso desplante e irrespeto al pueblo de Venezuela, al Presidente de República Dominicana y su Gobierno, al ex Presidente Zapatero y a los cancilleres acompañantes. Y qué casualidad, al tomar esta decisión, la oposición, el Secretario de Estado de EE.UU estaba en Bogotá. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En cambio, el Presidente Nicolás Maduro instruyó a su delegación que firmase el Acuerdo y se comprometió a cumplirlo en todas sus partes. Uno de los temas que se acordó, es el relativo a las elecciones presidenciales, que según nuestra Constitución, deben realizarse este año y efectivamente se realizarán. El Poder Electoral cumplirá el acuerdo de Santo Domingo con absoluto rigor: la fecha (el 22 de abril, propuesta de la oposición), las condiciones (las mismas de la organización de las elecciones parlamentarias del año 2015, que por cierto, ganó la oposición), las misiones de acompañamiento y observación electoral (se han invitado a la Secretaría General de Naciones Unidas, el Consejo de Expertos Electorales de América Latina, el CARICOM, la Unión Africana, el CEDEAO entre otros), los lapsos para la apertura del registro de electores dentro y fuera de Venezuela (solicitud también de la oposición). Habrá elecciones libres, soberanas y transparentes el 22 de abril. Ojalá que todos los partidos políticos cumplan también con el acuerdo de Santo Domingo con responsabilidad. Sabemos que algunos, a pesar de tener la voluntad de participar, aún no cuentan con la autorización de Washington para registrar a sus candidatos a la Presidencia. Ojala la historia sea otra. Queremos advertir aquí, en el Consejo de Derechos Humanos, nada más y nada menos, este órgano esencial para la defensa de los derechos de los pueblos, el peligroso escenario que pretende generar el Gobierno de EE.UU. y sus aliados, a partir de las sanciones económicas que le hacen daño al pueblo venezolano, a partir de la presión y extorsión política y financiera que ejerce Washington sobre gobiernos de Europa y de la Región latinoamericana y Caribeña y a partir de una feroz guerra psicológica, mediática, muy bien planificada y financiada. Se pretende así hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, viejo truco unilateralista, países vecinos, anuncian con bombos y platillos crisis de “refugiados venezolanos”. El Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas emite informes sin fundamento, varios expertos de la ONU publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado Venezuela o solicitado información oficial. Para los países con gobiernos de derecha de toda la región latinoamericana, aún en países con graves situaciones humanitarias internas, Venezuela y el Presidente Maduro, son titulares de prensa y noticieros, que convierten a Venezuela en la excusa perfecta, la cortina de humo, para desviar la atención de la opinión pública interna e internacional, sobre las gravísimas problemáticas nacionales, en algunos países (producción de drogas, conflictos armados, narcotráfico y violencia, corrupción, desempleo, fraudes electoral, etc). El mismísimo Donald Trump el 8 de agosto del año pasado al explicar los motivos de su amenaza de operación militar contra Venezuela, alegó infundadas razones humanitarias. Este pretexto, en teoría les permitiría obviar los principios del Derecho Internacional Público, y tratar de justificar una intervención militar en nuestro país. Hacemos la advertencia para que conozcan ustedes los detalles del plan imperialista, que volverá a fracasar, porque nuestras instituciones y nuestro pueblo con su conciencia ejemplarizante, sabrán mantener la paz y defender nuestra soberanía a través de la democracia como ocurrió en el año 2017. Señora Vicepresidenta, Invitado por nuestro Gobierno, el Experto Independiente de este Consejo de las Naciones Unidas, sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, el Doctor Alfred de Zayas, visitó nuestra patria y sostuvo reuniones con absoluta libertad con diferentes sectores de la sociedad. El Experto De Zayas ha dicho: “He comparado las estadísticas de Venezuela con la de otros países y no hay crisis humanitaria, desde luego hay escasez, zozobra y desabastecimiento pero quien haya trabajado por décadas para Naciones Unidas y conoce la situación de países de Asia, de África y algunos de América, sabe que la situación de Venezuela no es una crisis humanitaria”. De Zayas añadió que aunque muchos piensan que el país está al borde del desastre, como lo hacen ver medios de comunicación en el exterior: “Venezuela sufre una guerra económica, un bloqueo financiero”. Además consideró que la comunidad internacional debe trabajar en solidaridad con Venezuela para levantar las sanciones: “porque son éstas las que empeoran el desabastecimiento de alimentos y medicinas”. Siguiendo las disposiciones de nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional Constituyente creó la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, inspirada en la experiencia de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. La Comisión busca promover el acceso a la justicia y la atención integral para reparar el dolor causado a las víctimas y sus familiares. La Comisión de la Verdad ha venido investigando todos los hechos de violencia a partir del año 1999. En el mes de diciembre, y estoy seguro esto no lo vieron en los medios de comunicación, la Comisión, en ejercicio de sus competencias, recomendó al sistema de justicia estudiar la aplicación de medidas distintas a la privación de libertad para 80 personas que –para la fecha- se encontraban privadas de libertad por decisión judicial. El sistema de administración de justicia, luego de revisar cada uno de los casos, otorgó la libertad con medidas cautelares a 69 personas, señaladas como presuntos responsables de los hechos de violencia política en 2017. La Comisión continúa analizando otros casos de personas privadas de libertad, y continuará haciendo su trabajo. Ha hecho contactos con jóvenes que fueron detenidos y ha comprobado que fueron conectados a través de amigos y familiares, que a su vez cumplían instrucciones de actores de la oposición, también que han recibido pagos para ejercer violencia política y recibido apoyo logístico para las acciones con armas no convencionales, bebidas alcohólicas y drogas. Asimismo, Señora Vicepresidenta la Asamblea Nacional Constituyente aprobó, en noviembre de 2017, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la cual responde a la necesidad de dar respuesta a las terribles prácticas de discriminación e intolerancia sufridas en Venezuela. Cabe recordar que grupos opositores atacaron violentamente e incluso quemaron vivas a personas en Venezuela, por el color de su piel o su pertenencia real o aparente a grupos políticos afectos al Gobierno nacional. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 aprobado hace 2 años por el Presidente Nicolás Maduro, continúa siendo implementado por las instituciones venezolanas, con la participación activa de los movimientos y organizaciones sociales y el acompañamiento técnico permanente del Sistema de Naciones Unidas. A pesar de las dificultades económicas, ante la disminución de los precios del petróleo y el bloqueo ilegal a nuestra economía y las presiones inflacionarias inducidas desde el exterior, la inversión social en Venezuela se incrementó a 74,1%, el desempleo disminuyó al 6%, el 72,5% del presupuesto nacional de 2018 se destina a la inversión social, 6 millones de familias se benefician con la distribución de alimentos de primera necesidad a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), en los próximos días el Presidente Nicolás Maduro entregará la vivienda 2 millones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una política de construcción de viviendas de la Revolución. Para luchar contra la inflación el gobierno nacional aumenta varias veces al año el salario mínimo y las pensiones a nuestros adultos mayores. A partir de la tecnificación del registro de necesidades y políticas sociales, hemos logrado hacer transparente y eficiente el sistema de otorgamiento de subsidios directos, distribución de medicinas, asignación de viviendas, becas, ayudas a personas con discapacidad, ubicación de empleos productivos e incorporación del pueblo al Sistema de Misiones y Grandes Misiones que son los programas Sociales en Venezuela. En este año, es el 70 Aniversario de la Declaración Universal de los derechos del hombre, de los derechos humanos. Venezuela ratifica su compromiso con la garantía y defensa de los derechos humanos en este Consejo. Esperamos seguir trabajando en el fortalecimiento de su institucionalidad, también del mecanismo de Exámenes Periódicos Universales. Debemos blindar este Consejo tan relevante, ante las presiones e intervenciones de los países poderosos, para influir en sus opiniones, informes y posiciones. Recordemos que el tema de los Derechos Humanos ha sido usado recurrentemente por países belicistas, para justificar guerras e intervenciones y, a su vez, generar las condiciones para las peores violaciones de los derechos humanos. No podemos permitir que este Consejo ni ningún órgano de Naciones Unidas se conviertan en una oficina de soporte y aval de intenciones guerreristas y expansionistas. Los Derechos Humanos, su promoción, protección y garantía, deben ser elementos sagrados para las Naciones Unidas, no podemos permitir que sean pretextos y excusas para más violencia y más violaciones de los propios derechos humanos, sería un sacrilegio inaceptable para los pueblos y para la Paz. Señora Vicepresidenta, Desde la tierra de Simón Bolívar y Hugo Chávez, les agradecemos la atención, cuenten ustedes con el Presidente Nicolás Maduro y con el pueblo de Venezuela para que este Consejo se fortalezca y se consolide, en defensa de la humanidad. Muchas Gracias.Jorge Arreaza Montserrat