Desde el 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) adelanta un examen preliminar contra Venezuela para determinar si existen fundamentos para la apertura de una investigación formal sobre presuntos delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones violentas de 2017.
Desde entonces, la República Bolivariana de Venezuela, a través de sus instituciones garantes de los Derechos Humanos (DDHH), entre ellas la Fiscalía General, ha ratificado su apego al principio de complementariedad y colaboración con el proceso.
El trabajo especial Venezuela Garante de DDHH explica cómo ha sido manejada la investigación.
A continuación trabajo especial.