Venezuela completa ciclo jurídico ante la CPI en defensa del pueblo - MPPRE

Venezuela completa ciclo jurídico ante la CPI en defensa del pueblo

En materia jurídica, Venezuela completa ciclo para demostrar ante la Corte Penal Internacional (CPI) delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, sentenció la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.

“En materia jurídica hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables en esta remisión que se ha hecho a la Corte Penal Internacional para afirmar que se ha cometido un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”, afirmó en declaraciones a medios de comunicación nacionales e internacionales, desde la Sala de Prensa «Simón Bolívar» del Palacio de Miraflores.

En este contexto, destacó que “afortunadamente, ustedes (dirigiéndose a los medios presentes) han visto al presidente Nicolás Maduro haciendo frente a este grave daño causado, actos inhumanos que constituyen asesinatos, exterminios, persecución contra nuestra población y el presidente Nicolás Maduro actuando para revertir este proceso”.

La alta funcionaria venezolana enfatizó que el Gobierno Bolivariano no pretende victimizarse “ni andar llorando por el bloqueo criminal”, pero sí “demostrar ante el mundo los crímenes que se han cometido por parte del Gobierno de Estados Unidos y quienes se han sumado a este bloqueo criminal contra Venezuela”.

Este lunes 23 de agosto, Venezuela dirigió una carta al Fiscal de la CPI, Karim Khan, en el que detalla el daño que ha causado el bloqueo criminal contra Venezuela, reveló la Vicepresidenta, quien detalló que el impacto negativo ha tenido como ejes el campo de la salud, la alimentación y la atención a la pandemia de la COVID-19.

Caída en la producción de medicamentos

Al detallar sobre dichos daños, la Vicepresidenta cuestionó que “más de la mitad de las trasnacionales productoras de medicamentos en el país se fueron (…) quince filiales de empresas farmacéuticas en el año 2016 y es la caída que vemos en la producción de medicamentos, daño causado por este crimen confeso por sus autores”.

De manera cronológica, describió que tras ese escenario se generó el “impacto en el campo de la salud y tiene que ver con recursos congelados a nivel internacional para vacunas administradas: Pentavalente, la anti neumococo, la valente. Ahí están. Toda la afectación para rotavirus, difteria, sarampión, afectando, sobre todo, a la población infantil”.

Con papel en mano, Rodríguez también desveló una comunicación remitida a la entidad financiera de Portugal, Novo Banco, a través de la cual se solicita “que transfiera para pago de esta vacuna a la Organización Panamericana de la Salud y la respuesta es que esto está congelado”.

Efectos de un crimen confeso

Asimismo, relató que estas pruebas también fueron consignadas a la CPI (este lunes 23 de agosto), así como presentado y demostrado el “impacto en materia de agua potable”.

“Es una cosa bárbara. Tenemos respuestas de todas las empresas proveedoras de equipos de bombas, de equipos de energía para estas bombas, donde dicen que no pueden suministrar a Venezuela sencillamente porque están bloqueadas”, denunció la funcionaria venezolana.

Ejemplificó que ello ocurre con Hidrolago, Hidrocentro, Hidrocapital y el Sistema Falconiano de Agua. “Aquí está, 20 de noviembre del 2020, la empresa dice: Queremos transmitir nuestras disculpas en la demora en el envío de bombas restantes, le dice la empresa a Hidrocapital. Entre las causas que han propiciado retraso podemos citar la situación de bloqueo que vive el país. Efecto de este crimen confeso”.

“(…) Le dicen a la Hidrológica Venezolana respecto a las tres bombas: informamos que las mismas no podrán ser importadas por los momentos debido a que la empresa está inhabilitada producto de las sanciones impuestas por la OFAT (la Oficina de Control de Activos Extranjeros) para la comercialización de equipos y partes en nuestro territorio nacional. Esto ha sido consignado a la Fiscalía, a la Corte Penal Internacional”, indicó.

Otra empresa – prosiguió – señaló a la gerencia de Hidrolago que “lamentablemente no puede recibir el sistema Rolls-Royce para energizar las bombas de agua, puesto que las compañías operadas en Venezuela se les ha prohibido comercializar por las sanciones impuestas, tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea, lo cual hace esto imposible”.

Imposibilitan a empresas

Dentro de las actuaciones criminales contra el pueblo venezolano, se suma el que una “naviera igualmente que iba a traer repuestos y bombas para la recuperación del Embalse La Mariposa, y la planta de La Mariposa”.

Esta compañía – precisó Rodríguez – expone que debido a las sanciones, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, no hay posibilidad de que barcos transporten estos insumos hacía Venezuela. “Es la confesión de una naviera”, fustigó, al rechazar que se haya imposibilitado por el bloqueo criminal contra el país.

La Vicepresidenta Ejecutiva también se refirió a la caída de importación total de alimentos, a partir del año 2014, con las sanciones impuestas por Estados Unidos. “Recordemos que a partir de las ordenes ejecutivas de estas medidas coercitivas unilaterales se sancionó al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Confeso, deliberado, exprofeso: Afectar el sistema alimentación del pueblo venezolano y de la importación de alimentos”.

Igualmente, desestimó la acción ilimitada para atacar a Venezuela, al ilustrar la caída en disponibilidad de proteínas para el pueblo, todo derivado en la causalidad de las sanciones. “Estos son algunos de los ejemplos que hemos consignado (a la CPI) de cómo se ha afectado a la población civil de manera sistemática, de forma generalizada, con conocimiento de daño que se estaba haciendo”.

Insistió en que estas confesiones han sido elevadas en el día de ayer. “Hemos mostrado las confesiones (…) Le hemos demostrado todos los instrumentos que sustentan el daño contra Venezuela. Hemos enviado las confesiones directas de las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos. Con este informe estamos mostrando el efecto y el daño causado”.

Rodríguez recordó que este proceso “comenzó en febrero del año 2020”, cuando fue remitido a la Corte Penal Internacional“ y le decimos: ¡Atención, se está cometiendo un delito de lesa humanidad contra la población civil venezolana!”.

Prensa Presidencial