El representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra, Héctor Constant Rosales, reafirmó este jueves la voluntad del Gobierno Bolivariano de preservar y consolidar la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la vez que lamentó que la presentación oral de la funcionaria «carezca, una vez más, del balance necesario, presentando información no verificada que alimenta la campaña mediática contra mi país».
«Preocupa a Venezuela que la Alta Comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido debidamente comprobados con las autoridades venezolanas, a pesar de la presencia de su Oficina en el terreno y de los mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano», argumentó el Embajador en el marco de la 46° sesión ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU.
La alta comisionada Bachelet presentó en Ginebra la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, conforme a la resolución 45/20 del Consejo de DDHH, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela, al ser «promovida por un reducido grupo de países que mantienen abultados expedientes de graves violaciones de los derechos humanos».
En este sentido, el Representante Permanente reiteró el firme rechazo a la imposición de resoluciones contra países soberanos en el Consejo, más aún cuando no cuentan con el consentimiento del Estado concernido.
El embajador Constant Rosales afirmó que Venezuela toma nota de las preocupaciones expresadas por la Alta Comisionada, recordando al respecto el contenido del informe preliminar de la Relatora Especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, que recientemente visitó la nación suramericana y que es contundente sobre los perversos y devastadores efectos de las ilegales sanciones en el pueblo venezolano.
Recalcó que en una evaluación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela no puede ignorarse ni omitirse la existencia de una agresión multiforme por parte del Gobierno de Estados Unidos y sus más cercanos aliados, con un terrible impacto en la vida cotidiana de la población venezolana.
«Este Consejo y, en particular, la Alta Comisionada, deben ser actores claves en la firme condena y el cese de toda sanción que menoscabe los derechos humanos fundamentales y el derecho al desarrollo de los pueblos. Estamos frente a la constitución de atroces crímenes de lesa humanidad que no podrán seguir siendo callados por el poder mediático transnacional», insistió el Embajador venezolano.