La República Bolivariana de Venezuela reiteró este miércoles su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la protección al migrante, independientemente de su estatus migratorio, sobre todo en medio de la emergencia sanitaria global generada por la pandemia de COVID-19, frente a la cual muchas personas en esta condición no tienen acceso a la atención médica adecuada.
Durante su participación en la “Discusión de enfoques para prevenir la migración irregular», en el marco de la XIII Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que se desarrollará hasta el 26 de enero, la directora general de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Eulalia Tabares, resaltó que Venezuela “ha emprendido una serie de acciones para garantizar el bienestar de nuestro pueblo (…) y no existe discriminación en el mandato constitucional en el trato a nacionales y extranjeros”.
Resaltó que debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra la nación suramericana, muchos venezolanos se encuentran en situación de migrantes irregulares porque se les ha permitido el tránsito por los países sin ningún tipo de documentación. “Pero al momento de regularizarse se les exige documentación con la que no cuentan, dejándolos en situación de exclusión y en manos de las bandas de traficantes de migrantes”, denunció.
En tal sentido, señaló que el Gobierno Bolivariano ha implementado una serie de acciones y medidas para solventar la situación de los connacionales, iniciando con el Plan Vuelta a la Patria, que ha permitido el retorno voluntario a Venezuela de 22.849 personas “que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad”.
Asimismo, la directora Tabares destacó la entrega de “alrededor de 2 millones 500 mil documentos de viaje, que permite la permanencia regular de nuestros nacionales en el exterior”; mientras que los venezolanos que han sido víctimas de trata de personas y tráfico irregular de migrantes han sido atendidos y en algunos casos han sido repatriados.
Al respecto, la representante venezolana solicitó a las naciones de acogida una mayor colaboración para la ejecución de estas medidas que adelanta el Estado venezolano, reiterando su disposición a dialogar y cooperar de manera bilateral con los países de la región “para gestionar esta situación por encima de las diferencias políticas.
Señaló que Venezuela ve con preocupación que los planes de regularización de los migrantes en la región, “no responden a previsiones legales sino de rango sublegal, limitadas en el tiempo, con procedimientos burocráticos y exigencias de requisitos que muchas veces generan exclusión y no la integración de la persona migrante en condición irregular”, por lo que exhortó a la aplicación de medidas adecuadas para el acceso a la regularización y despenalización de este tipo de migración.
Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, Héctor Constant Rosales, señaló que ante el fenómeno migratorio hizo un llamado a los Estados y organizaciones internacionales para consolidar esfuerzos y alcanzar medidas que sean protectoras de los derechos humanos.
“Debemos evitar en la medida de lo posible y cada vez con mayor compromiso, todas las medidas racistas, xenófobas, discriminatorias, que puedan existir en el mundo contra la migración, y reconocer, por el contrario, el esfuerzo de los migrantes y su contribución con el desarrollo de muchos de nuestros Estados”, enfatizó.