En entrevista concedida al diario El País, de España, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ratificó que «no existe ninguna posibilidad» de aplazar las elecciones parlamentarias como condiciona la Unión Europea (UE) para su observación internacional y que la fecha del 6 de diciembre es inamovible, porque responde a un mandato constitucional.
«Cualquier modalidad de presencia de la UE y de sus países miembros, como observadores o acompañantes, es bienvenida a Venezuela», expresó el Canciller en relación con el próximo proceso electoral, a la vez que confirmó que se mantiene el canal de comunicación con Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Aseguró que desde el Gobierno Bolivariano para con la UE solo habrá voluntad de diálogo y entendimiento para, incluso, ayudarla a rectificar en las decisiones espurias que ha tomado, al margen del Derecho Internacional, en relación con Venezuela. «Estamos dispuestos a tenderle una mano para que pueda rectificar», reiteró.
Sobre las venideras elecciones parlamentarias, el Ministro aclaró además que la oposición venezolana procuraba postergarlas en busca de un mejor momento político, porque «están fracturados, divididos, el liderazgo de la persona que ellos reconocieron el año pasado (Juan Guaidó) está en el suelo. No podrían ir este año con una fórmula única. Quieren ganar tiempo, ese es el juego de la oposición y la UE se ha sumado, pero nosotros tenemos que jugar nada más el juego de la Constitución y las fechas son muy claras y son taxativas, no son cuestionables ni postergables».
El Canciller argumentó que en Venezuela no tiene cabida el pretexto de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 para aplazar las parlamentarias, porque en países de Europa con situaciones más complicadas se han realizado procesos comiciales.
«No podemos violar la Constitución venezolana por una presión internacional con un pretexto sanitario. Si la situación en Venezuela fuese la de Brasil, la de Colombia o la de Chile se pudiese evaluar, pero no es ni lo será. Nosotros no tenemos culpa de las torpezas de la oposición venezolana, de que se sumen a los planes de EE UU, de que tratan de imponer un Gobierno fake, de que luego se arrepientan, se dividan, se fracturen», recalcó el diplomático al medio español.
El País además preguntó al Canciller sobre el informe infame elaborado por la Misión de determinación de hechos a solicitud del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a lo que el representante del Gobierno Bolivariano aclaró que no es un informe de la ONU ni ha sido aprobado por el Consejo de DDHH ni por la Asamblea General. Los supuestos expertos independientes «no vinieron a Venezuela y nosotros estábamos trabajando con la Oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, con su equipo, que están en Venezuela, donde han ido a todos los sitios a los que han querido ir y han comprobado la realidad de lo que ocurre en Venezuela, no como estos señores que hicieron su informe con mando a distancia. Es un absurdo darle validez a esa misión».
En el contexto nacional, el Ministro explicó que las dificultades con el suministro de combustible y con los servicios públicos responden a los efectos del bloqueo impuesto por el imperialismo: «Es porque Estados Unidos no permite que lleguen los buques necesarios para procesar la gasolina en Venezuela. Y, sin embargo, se está restableciendo la normalidad del suministro. El problema de este año es la pandemia como lo es en todo el mundo. Que hay electorado descontento con la revolución, seguramente es así, porque esa es la intención de las sanciones y los bloqueos. Léanse el libro de Richard Nephew, asesor de Obama en materia de sanciones. Es precisamente eso, el objetivo número uno de las sanciones unilaterales es crear dolor en el pueblo del país sancionado para que se rebele contra sus autoridades».
Interrogado, por último, sobre el proceso de diálogo del Gobierno Bolivariano con actores de oposición, el jefe de diplomacia venezolana señaló que la Mesa de Diálogo Nacional y el decreto de indulto buscan es llegar a acuerdos, a la reconciliación, a encuentros, a una mayor participación política y «se dio ese paso al frente».