Exrelatora Hilal Elver calificó como “acciones criminales” imposición de mal llamadas sanciones ante crisis sanitaria - MPPRE

Exrelatora Hilal Elver calificó como “acciones criminales” imposición de mal llamadas sanciones ante crisis sanitaria

Durante su intervención en el conversatorio online “Déjennos respirar. Las sanciones como una violación a los derechos humanos”, este lunes, la exrelatora Especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Hilal Elver, condenó la imposición de medidas coercitivas unilaterales y las calificó como “acciones criminales” que afectan a países enteros por las razones erróneas.

“El derecho a la alimentación y a la nutrición es una de las áreas de derechos humanos más importante y afectada de manera directa por las sanciones económicas unilaterales”, dijo colocando como ejemplo Irak, donde la población civil se vio más afectada por las medidas coercitivas impuestas contra el país que durante la guerra, basada en mentiras del gobierno de Estados Unidos, entonces presidido por George W. Bush.

La exrelatora Elver manifestó que los países como Estados Unidos utilizan las llamadas sanciones por motivos geopolíticos, económicos e ideológicos. “Se producen como una especie de instrumento de políticas, moralmente benigno y más sencillo de manejar que un conflicto armado o una invasión a países, pero en realidad el impacto es profundo, prolongado e importante, principalmente orientado a los objetivos equivocados (…) En realidad no son instrumentos de políticas, son una forma poscolonial de atacar a los países en desarrollo si no les gusta su postura ideológica”, enfatizó.

La exrelatora de la ONU indicó que la aplicación de medidas coercitivas en medio de la pandemia de COVID-19 constituye “acciones criminales en contra de civiles”, recordando que las mismas fueron rotundamente condenadas durante el 75° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Destacó el impacto devastador que han tenido las medidas coercitivas unilaterales en Zimbabue, donde el 90% de los hospitales están cerrados, los alimentos tienen un alto costo y el poder adquisitivo de la población es muy bajo, generando desnutrición, por lo que coincidió con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, con respecto a las sanciones explícitas e implícitas, llegando a afectar a naciones enteras. “Ningún país invierte en Zimbabue, no hay sistema bancario”, las sanciones básicamente “han aislado al país (…) desde mi punto de vista este es un crimen en contra de la humanidad”, reiteró.

Ley Antibloqueo en Venezuela

Por su parte, el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas de Venezuela, William Castillo, señaló que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos han tenido gran impacto en la economía venezolana, por lo que se está llevando a cabo la creación de un instrumento jurídico para dar respuesta desde el punto de vista estratégico a todas las sanciones ilegales.

Se trata de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, presentada recientemente por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, y de acuerdo con el viceministro permitirá flexibilizar los procesos administrativos y de esta manera actuar en un contexto nacional o internacional, que facilite las operaciones de Venezuela.

“La idea de este nuevo instrumento es circunvalar, evitar y contraponerse a todas aquellas medidas que afectan al país en las áreas comercial, financiera de una forma jurídica”, dijo el funcionario venezolano durante su participación en el seminario telemático, añadiendo que la ley tiene previsto “encontrar las formas jurídicas que le permitan al país negociar con oro y con nuestros criptoactivos, el cual fue creado para que se pueda insertar en los criptoactivos internacionales cosa que también está prohibida por un decreto de EEUU”.

El encuentro “Déjennos respirar. Las sanciones como una violación a los DDHH” fue organizado por el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y el Instituto Tricontinental de Investigación Social, con el objetivo de debatir la geopolítica de las sanciones, su impacto social y las violaciones de derechos humanos contra los pueblos.

La actividad contó con la participación del canciller Jorge Arreaza; el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, así como de la directora general de la Fundación Género con Clase, Rebeca Madriz; el dirigente del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stédile; y la exrelatora especial de la ONU, Hilal Elver; quienes analizaron la repercusión de las medidas coercitivas unilaterales como políticas dentro del desarrollo de las guerras híbridas.