La República Bolivariana de Venezuela presentó este miércoles a la opinión pública nacional e internacional un informe denominado “La verdad de Venezuela contra la infamia del Grupo de Lima”, documento que sistematiza las violaciones de los derechos humanos cometidas por los que promueven la violencia contra la país, en contraposición al informe elaborado por supuestos “expertos” pagados de una misión internacional “independiente” para difamar al Estado venezolano.
En rueda de prensa desde la sede del Ministerio Púbico, que contó con la participación del fiscal general de la República, Tarek William Saab; el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe; dieron a conocer el documento realizado de manera conjunta y “trabajado por activistas de derechos humanos en el terreno”.
“Nosotros, como instituciones, somos los responsables de investigar y sancionar cualquier forma de violación a los derechos humanos (…) Tenemos un mandato constitucional para trabajar en el terreno contra cualquier abuso a los derechos humanos y conseguir su justa sanción”, destacó el Fiscal General, quien además destacó la importancia de realizar este informe, porque “dará para otra narrativa con base en la realidad. Con acciones judiciales, acusaciones, imputaciones y sanciones contra violadores de DDHH”.
Respecto al informe de facto de la misión de supuestos expertos en derechos humanos, señaló que tenía como objetivo “dinamitar e implosionar el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (…) Se trata de un texto elaborado por una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que, como bien sabemos, es enemigo del pueblo de Venezuela”, sentenció.
El fiscal William Saab, refirió que el Estado venezolano ha acusado un total de 811 funcionarios y 129 civiles por violación de DDHH, lo que deja en entredicho el informe presentado por el Grupo de Lima en esta materia.
Aseguró que el Ministerio Público (MP) ha imputado a 603 funcionarios de seguridad del Estado, por ser presuntos responsables de vulneración de los DDHH y 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos. Agregó que por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio han sido imputadas 638 personas.
“Han sido aprehendidos un total de 452 funcionarios de distintos organismos y 24 particulares, para un total de 476 privados de libertad. Han sido acusados un total de 811 funcionarios y 129 civiles, lo que hace un total de 940 acusados, a través de la presentación de 382 acusaciones interpuestas por fiscales especializados en la materia”, detalló.
En este sentido, el canciller Jorge Arreaza aseguró que el Estado venezolano ha actuado con firmeza contra los funcionarios que llegaron a violar los derechos humanos durante las protestas opositoras al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“En Venezuela se ha investigado cualquier exceso que hayan podido cometer funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones. Le pido a los medios de comunicación rigurosidad en el tratamiento de las informaciones”, enfatizó
Por otra parte, el canciller Arreaza aseguró que ninguna instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el informe realizado por los supuestos expertos sobre los derechos humanos en Venezuela. “Son expertos privados que han perdido su carácter, que cometieron un error político y metodológico durante la investigación”. Además reveló que cobraron al menos tres millones de dólares para su elaboración.
Informe mercenario se basó en fuentes secundarias
En la supuesta investigación auspiciada por el Grupo de Lima, no solicitaron un solo dato a las autoridades nacionales. Al carecer de datos oficiales, el reporte que se presentó en la ONU no puede tener validez alguna, denunció el Canciller al tiempo que reveló que se basaron en publicaciones en redes sociales y en medios nacionales e internacionales serviles a la derecha mundial, para difamar la actuación del Gobierno Bolivariano en materia de derechos humanos.
“El 85 por ciento de las fuentes utilizadas por la supuesta comisión de verificación de hechos son secundarias. No hay familiares ni testimonios. Apenas el 15 por ciento es válida”, información que, aseguró, debe estar en manos de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet.
El jefe de Relaciones Exteriores colocó como ejemplo casos de políticos como Juan Requesens, en el que “las fuentes utilizadas en el supuesto informe fueron en un 83 por cientos redes sociales y medios digitales. Sobre Leopoldo López, el 43 por ciento de las fuentes revisadas fueron medios digitales y el 35 por ciento redes sociales”, detalló.
En contraposición, el Informe presentado este miércoles se basa en datos totalmente oficiales, fuentes judiciales, procesos, sentencias, resoluciones, que son verificables de acuerdo a los procedimientos de investigación social y científica que rigen el trabajo de los observatorios de derechos humanos que rectora la ONU.
El ministro Arreaza expresó que el Informe “La verdad de Venezuela contra la infamia del Grupo de Lima” será presentado al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien a su vez, lo entregará al secretario general de la ONU, António Guterres, en la jornada del jueves, y será llevado a todas las instancias internacionales correspondientes.
“El informe que hoy presentamos, que tiene más de 100 páginas (…) Se distribuirá por todo el mundo (…) Hay un esfuerzo conjunto porque es nuestra obligación defender al pueblo venezolano. Seguiremos trabajando con la oficina de Michelle Bachelet fuera del contexto de ataque y la guerra contra el país”, recalcó.
Protección y defensa de los DDHH
Durante su intervención, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, informó por su parte que en los últimos 6 meses, a pesar de la pandemia del Covid-19, esta institución ha realizado más de 2 mil acciones de vigilancia en centros de detención, hospitales, PASI, a fin de garantizar los derechos humanos de quienes allí se encuentran.
Detalló que, además, en el mismo período de tiempo la Defensoría del Pueblo ha recibido a más de 6 mil personas, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, que tenían diferentes reclamos de distintas índoles, por lo que resaltó que el Gobierno venezolano trabaja para prevenir y, en caso que existan, castigar posibles violaciones de los Derechos Humanos.
En tal sentido, repudió el informe sobre supuestas violaciones de los Derechos Humanos en nuestro país y resaltó que dicho documento está plagado de incongruencias y fue elaborado sin ningún rigor científico.
«Es impresionante cómo, para quienes elaboraron este informe, los derechos humanos de unas personas valen más que las de otro», resaltó al tiempo que llamó la atención como en el citado documento se obvia las agresiones de las que fueron objetos policías y Guardias Nacionales durante las protestas violentas de 2017.