El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hizo un llamado a los países de América Latina, especialmente a las naciones vecinas, para que en el marco del multilateralismo se articulen acciones conjuntas que conlleven a desmantelar los grupos delictivos que se dedican al tráfico ilícito de migrantes, flagelo que ha incrementado en medio de la pandemia de COVID-19.
Durante su intervención en la Séptima Sesión del Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena, a través de videoconferencia, la directora de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Eulalia Tabares, ratificó el compromiso de Venezuela para combatir este delito con la cooperación de las organizaciones internacionales correspondientes.
“Estimamos contar con la colaboración de la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y demás organizaciones internacionales para estudiar conjuntamente los modos de profundizar la asistencia técnica para el fomento de capacidades de nuestros funcionarios vinculados a la planificación e implementación de las políticas públicas de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de migrante”, manifestó.
El efecto devastador de las medidas coercitivas
La directora Tabares resaltó que el tráfico Ilícito de migrantes ha dejado “saldos lamentables de cientos de miles de seres humanos, quienes producto de la tragedia de la guerra, la desestabilización política, la pobreza, el terrorismo y la violencia generalizada que asola a extensas regiones del mundo, han sido empujados a caer en manos de redes de traficantes, llegando incluso a morir en su intento por aspirar a contar con oportunidades de vida dignas y justas para ellos y sus familias”.
Enfatizó que en el caso particular de Venezuela, debido a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos y sus aliados, las cuales impactaron en la economía del país por el bloqueo ilegal, “se generó una movilización atípica, con flujos particularmente dirigidos hacia diversos países geográficamente cercanos en la región (…) estimulado y facilitado por los países de tránsito y destino, ya que la movilidad se podía realizar sin documentos de viajes y en algunos casos hasta sin documentos de identidad”.
Asimismo, la directora de Relaciones Consulares agregó que una vez desmontada la mal llamada “atención humanitaria” con la que trataban a los migrantes venezolanos para darle fuerza a la hipótesis de “crisis humanitaria” en el país, los Estados receptores iniciaron planes de regularización y exigencias de visado, convirtiéndolos en migrantes irregulares, víctimas potenciales de traficantes.
“Con la llegada del COVID-19, la xenofobia, el racismo, y la intolerancia en contra de los migrantes venezolanos se exacerbaron, sumándose la dificultad en el acceso a servicios de salud, pérdida de empleos, reducción de jornadas laborales y desalojos, motivando que miles de ellos emprendieran su retorno al territorio nacional por las fronteras suroccidentales desde los estados andinos colindantes a pesar del cierre de algunas fronteras”, fustigó.
Retorno masivo
De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno venezolano, más de 95.000 personas han regresado al país en medio de la emergencia sanitaria global, y ante el inexistente interés evidenciado por las autoridades de algunas naciones de la región para coordinar con Venezuela las acciones para el regreso seguro y digno de los venezolanos, muchos se han visto obligados a tomar caminos ilegales y a veces a recurrir a grupos criminales que operan en las distintas fronteras, pero, particularmente, en la frontera entre Colombia y Ecuador.
En este sentido, la directora Tabares recordó que el presidente Nicolás Maduro “en innumerables ocasiones ha exhortado a las autoridades de los países vecinos a coordinar acciones en materia de migración en las zonas fronterizas en el marco de esta pandemia, incluso solicitando la intermediación de la Organización Mundial para la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Lamentablemente, no ha existido receptividad alguna a los reiterados llamados efectuados por las autoridades venezolanas sobre este tema”.
Destacó que a pesar de las dificultades generadas por el impacto económico de las sanciones imperiales, el Gobierno venezolano implementa operaciones soberanas de resguardo de su territorio y mantiene abiertas sus fronteras para, cumpliendo con los protocolos sanitarios recomendados por la OMS, recibir a sus connacionales retornados, además del Plan Vuelta a la Patria, que desde su puesta en práctica ha permitido el regreso al territorio nacional de 84.726 ciudadanos venezolanos.