Este martes, 11 de agosto, la organización Sures remitió a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fataou Bensouda, nueva información en el marco de la remisión realizada por el Estado venezolano en fecha 13 de febrero de 2020, sobre la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales por parte de las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Las informaciones que acercó Sures a la Fiscal, refieren a dos resoluciones emanadas de las Naciones Unidas durante los meses de julio y agosto de 2020, a través de las cuales se hace una amplia investigación de la situación de los derechos humanos en el país, y se concluye en la condena a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, y en particular en tiempos de pandemia.
El primer informe emana de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y señala que “para millones de venezolanos, el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado se ve afectado diariamente por los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, el precario acceso a los servicios de salud y las persistentes carencias de los servicios públicos, que se han agravado en el contexto de COVID-19 y la escasez de combustible. Las sanciones económicas sectoriales y el consiguiente ‘over-compliance’ del sector financiero han exacerbado esta situación, entre otras razones, por la importante disminución de ingresos del Estado que podrían haberse destinado a la realización de los derechos económicos y sociales».
En el mismo informe se solicita a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que “deberían plantearse la revisión, suspensión o el levantamiento de las sanciones sectoriales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela, que obstaculizan los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a los efectos combinados de la situación humanitaria y la pandemia de COVID-19 sobre la población».
El segundo informe conjunto entre la Relatora Especial sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los Derechos Humanos; el experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional; la Relatora Especial sobre el Derecho a la Salud Física y Mental; el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación y la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, manifiesta que «las sanciones están trayendo sufrimiento y muerte en países como Cuba, Irán, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen, y deben levantarse, o como mínimo aliviar, para que las personas puedan obtener elementos básicos como jabón y desinfectantes para mantenerse saludables, y para que los hospitales puedan obtener ventiladores y otros equipos para mantener a las personas con vida».
Para finalizar, Sures solicita a la fiscal de la CPI, Fataou Bensouda, que se abra una investigación sobre estos hechos que configuran claramente un crimen de lesa humanidad, a tenor del artículo 7 ejusdem y tramite el caso con la mayor celeridad, toda vez que se trata de conductas en curso, que se incrementan progresivamente y cuyos efectos se van agravando con el transcurrir del tiempo, y afectan sensiblemente a niños, niñas, adolescentes, ancianos, ancianas y personas con discapacidad.
Sures