Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela no solo vulneran la Carta de las Naciones Unidas y el marco jurídico internacional, sino que generan un impacto adverso en el goce de los derechos humanos, tanto civiles como económicos, sociales y culturales, que se acentúa en el contexto de expansión global del Covid-19.
Este fue uno de los planteamientos centrales de Alfred de Zayas, ex experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de las Naciones Unidas, durante la videoconferencia “Medidas coercitivas unilaterales, armas de destrucción masiva”, que compartió este domingo con Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, y con Aritz Rodríguez, presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD) de España.
El ex experto independiente manifestó su convicción de que los efectos derivados de las denominadas “sanciones” constituyen crímenes de lesa humanidad, a la luz del artículo 7 del Estatuto de Roma; y enfatizó que “mantener sanciones durante una pandemia, sin duda, constituye en derecho internacional un crimen de lesa humanidad”.
“El impacto es que los más vulnerables sufren y mueren”, agregó el especialista.
Entre otras limitaciones, el ex experto independiente dijo que las medidas coercitivas unilaterales atentan contra la libertad de comercio y de navegación, así como contra la igualdad y soberanía de los Estados.
“Estados Unidos se arroga el derecho de imponer sus leyes de manera extraterritorial en otros Estados, eso es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, incluso contrario a la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, advirtió.
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Sin embargo, denunció, el país norteamericano goza de una “impunidad total” con el poder que ejerce mediante la práctica del chantaje a otros Estados
“Han logrado amedrentar a todo el mundo, de manera que las empresas no quieren tomar el riesgo de hacer negocios con Siria, Irán, Cuba, Nicaragua o con Venezuela, porque no quieren sufrir las penalidades que van a ser impuestas por el Departamento del Tesoro”, sugirió.
Corte Penal Internacional
El Secretario Ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos presentó los alegatos de Venezuela en la remisión que hizo en febrero pasado ante la Corte Penal Internacional, por medio de la cual el Estado venezolano solicitó formalmente el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas desde la Casa Blanca.
“Venezuela ha sido víctima de estas medidas al menos desde el año 2014”, recordó el secretario Devoe.
El defensor de derechos humanos explicó que, aunque Estados Unidos no es un país signatario del Estatuto de Roma, Venezuela ha invocado “la jurisdicción por efecto” y la Corte tiene competencia para conocer “todos los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en un Estado que es parte del Estatuto aunque el agresor no haya suscrito o ratificado tal instrumento”.
“En el documento que Venezuela ha consignado en su remisión […] hemos alegado que están dados todos los elementos que exige el artículo 7 del Estatuto de Roma para que se configure un crimen de lesa humanidad. También hemos dicho que es generalizado y sistemático, no es una acción esporádica sino una conducta sostenida que se viene ejecutando desde al menos 2014, como ha denunciado Venezuela, va dirigida contra la población civil venezolana”, afirmó.
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Aritz Rodríguez, por su parte, analizó el contexto en medio del cual se imponen las medidas coercitivas unilaterales y advirtió del componente social de las denominadas sanciones.
“Las medidas coercitivas unilaterales afectan a las clases más vulnerables, tienen especial repercusión en los sectores más vulnerables”, sostuvo.
El politólogo español considera que las denominadas sanciones son utilizadas también como una herramienta de las clases dominantes para intentar incrementar su posición de poder en el plan internacional.
“Son utilizadas como herramientas de castigo contra aquellos pueblos que están desarrollando un proceso de emancipación, de liberación nacional”, agregó,
La videoconferencia, que se transmitió por redes sociales, fue organizada por Comité de Solidaridad Internacional (COSI).