El siguiente análisis recoge los elementos más sobresalientes que definen de manera puntual la configuración de un peligroso tejido de relaciones difusas y otras ilegales, que se han consolidado como inercia en la frontera de Colombia y Venezuela, con el agravante de perpetuarse como el hábitat idóneo para el desarrollo de una actividad criminal trasnacional, que constituye un riesgo profundo en materia de seguridad estratégica para ambos países, especialmente para Venezuela. De esta manera, el siguiente trabajo describe a grandes rasgos la configuración de un “hábitat” económico idóneo, compuesto por diversas actividades que dan cuerpo al tejido criminal y, luego, su extensión en grupos paramilitarizados e irregulares que han permeado el lado venezolano. Este análisis también desemboca en una breve descripción de un territorio con gestión difusa o comprometida, espacio de la disolución parcial de la jurisdicción estatal y teatro de operaciones de mafias y factores armados. Un contexto agravado por el cese de las relaciones binacionales, desde 2019, que revisten en una grave amenaza a la seguridad fronteriza.
LA CONFIGURACIÓN DE UN HÁBITAT “PARAECONÓMICO”
La categoría de “paraeconomía” es explicada mediante dos interpretaciones; en primer lugar, para referirse a la conformación de una economía “informal”, “paralela”, claramente estructurada en el corredor fronterizo entre Venezuela y Colombia, que se encuentra atravesado por un marco de ilegalidad. En segundo lugar, el término es aplicado para reseñar la conformación de una economía “formal”, pero asociada a ilícitos económicos, cambiarios, monetarios, contrabandistas y de otras índoles, que revisten actos ilegales altamente lesivos para la vida económica venezolana. Esta segunda acepción se refiere al desarrollo de una economía “paralela” fronteriza, en muchos casos fuera de los marcos de regulación en ambos países, pero en otros casos dentro de la legalidad en el lado colombiano. El concepto refleja el desarrollo de este tipo de “conductas económicas” que, por haberse “trivializado” y “normalizado” en la frontera, adquieren el rango de categoría de constructo económico y social. También reviste su significado la presunta asociación de ese ordenamiento económico con actividades ilegales como el contrabando, la extracción de bienes desde Venezuela a Colombia, así como el narcotráfico y paramilitarismo como elementos medulares en el lado colombiano.
El concepto de “paraeconomía” fronteriza comprende también actividades derivadas del narcotráfico y el paramilitarismo, como el lavado y legitimación de capitales, es decir, la incorporación al tejido real de la economía colombiana y fronteriza de recursos provenientes de estas actividades criminales. Ello infiere que tal incorporación concurre mediante el flujo de dinero sucio a las actividades económicas “formales” e “informales”, dando así cuerpo a un complejo hábitat económico atravesado por irregularidades que son, en la mayoría de los casos, altamente dañinos a la vida en Venezuela.
LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES DEL NARCOTRÁFICO COMO CENTRO DE LA PARAECONOMÍA FRONTERIZA
El nudo financiero y punto de arranque de una buena parte las actividades ilegales parten del metabolismo del narcotráfico, que ha emergido en Colombia como inercia histórica. Este se ha decantado en una incorporación de dichos capitales al tejido económico real de manera sostenida y estructurada, dando forma a relaciones paraeconómicas consolidadas. Los actos de legitimación de capitales en Colombia son registrados con gran énfasis por las propias autoridades colombianas como una actividad en auge durante los años 80 y 90. Son referidos como actos “medulares” de la paraeconomía fronteriza por tener una capacidad expansiva, por abarcar el manejo de un conjunto de bienes y sectores más allá de los dineros generados exclusivamente por actividades del narcotráfico.
Sobre el esquema de funcionamiento, un informe de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, publicado en 2018[1], destaca lo siguiente sobre el circuito económico que generan las drogas exportadas desde Colombia y otros países de producción y tránsito:
“Gran parte del dinero generado en los Estados Unidos por las ventas minoristas ilegales de drogas se queda en los Estados Unidos, dinero que es generado por mayoristas u organizaciones transnacionales de narcotráfico más grandes. El dinero de la droga que sale de los Estados Unidos generalmente fluye a Colombia y México (…) como puntos de tránsito y centros intermedios de lavado de dinero”.
El informe profundiza en la relación simbiótica que existe entre el dinero, que es generado por las drogas en Estados Unidos, y el rol de Colombia como un puerto seguro para el lavado de esas ganancias. Se ha configurado una especie de comercio triangular en una de las industrias de mayor crecimiento en los últimos años (el narcotráfico). En 2015, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una alerta al sistema financiero para intentar limitar la ejecución de estas actividades. Dicha red dio detalles en esta alerta sobre el esquema de funcionamiento de lavado[2].
“En un esquema típico de TBML, conocido como el Mercado Negro de Cambio de Peso (BMPE), los narcotraficantes estadounidenses venden sus ganancias (denominadas en dólares) con un descuento a corredores de dinero colombiano, quienes a su vez venden la moneda a tasas de mercado inferiores a empresas sudamericanas que lo necesitan para comprar bienes estadounidenses. Aunque los corredores venden los dólares estadounidenses a comerciantes sudamericanos, los corredores típicamente harán el pago en su nombre a los exportadores estadounidenses”.
La composición medular del narcotráfico como “hábitat” para la legitimación de capitales es una consecuencia, pero a la vez es un factor acelerante del narcotráfico mediante una clara relación simbiótica. El referido informe, a modo de alerta del Departamento del Tesoro estadounidense, conecta el aumento en el consumo de cocaína de la población estadounidense al crecimiento del narcotráfico en Colombia, apoyándose en cifras certeras. Además, estima una cifra del dinero del narcotráfico que estaría ingresando a Colombia por la vía del lavado de capitales. Dice textual el documento:
“El consumo de cocaína en los Estados Unidos aumentó entre 2015 y 2016, según la DEA, y es probable que continúe aumentando debido a la creciente producción de cocaína en Colombia, la fuente principal para cocaína incautada y probada en los Estados Unidos. Organizaciones mexicanas de narcotráfico dominan el transporte de cocaína en todo Estados Unidos. La distribución a nivel minorista se realiza por grupos criminales locales de Estados Unidos y pandillas callejeras. La DEA estima que aproximadamente de $5 mil millones a $10 mil millones de ganancias de cocaína se lavan en Colombia cada año”.
Este dinero que ingresa a la economía colombiana, según el sistema explicado por el Departamento del Tesoro estadounidense, se sumaría a lo generado en el mercado colombiano de drogas que, según Naciones Unidas contra el Crimen Organizado (UNODC)[3], se estima en 2.700 millones de dólares al año. Es decir, para el gobierno estadounidense y para el sistema de Naciones Unidas hay unos 12.700 millones de dólares que cada año fluyen en Colombia, generados a partir las actividades del narcotráfico, modulando de manera estructural una paraeconomía financiada por el narcotráfico. La investigación de esta institución deja ver la amplitud de este flujo de capitales, ya que va más allá de la propia ganancia que genera la venta de cocaína colombiana en los Estados Unidos, donde entraría el lavado de capitales posterior. En tal sentido, el flujo de las ganancias del narcotráfico denominadas en dólares estadounidenses, que generan carteles mexicanos o centroamericanos, también toman a Colombia como un centro de seguro para sus operaciones de lavado de capitales. Como factor antecedente, una alerta de la FinCEN en el año 1997 explica a profundidad cómo funciona la estrategia binacional del lavado de capitales:
“El método de intercambio de peso en el mercado negro colombiano es el sistema de lavado de dinero más eficiente y extenso en el hemisferio occidental. Está diseñado para maniobrar alrededor de los requisitos de informes de la Ley de secreto bancario de EEUU (BSA), que impide transacciones anónimas de divisas a gran escala que ocurren en los Estados Unidos”
De lo general a lo particular, un informe de la UNODC, publicado en 2011 [5], estima cifras sobre el uso de los fondos ilícitos generados por el narcotráfico como un mecanismo de inversión en áreas económicas legales. Se trata de una incorporación, claramente estructurada, de dinero sucio en el tejido económico real:
“Alrededor del 80% de los ingresos criminales eran invertidos; el 57% del total se destinó a ‘inversión convencional´ (bienes raíces, banca, valores) y el 23% se invirtió directamente en diversas actividades comerciales, principalmente tiendas, hoteles y burdeles. Los datos también confirmaron que a mayor ingreso criminal, menor es la proporción utilizada para el consumo y mayor es la proporción de los fondos criminales que se invierten”.
Para 2018, recogiendo información suministrada por el presidente del DANE, Juan Daniel Oviedo, el periódico La República informó:
“La economía colombiana creció 2,7% tras presentar los resultados preliminares del Producto Interno Bruto del año pasado. Según el director de la entidad, en términos reales el crecimiento de la economía colombiana el año pasado (2017) fue $854 billones, y en términos corrientes el PIB fue de $976 billones (…) De acuerdo con la entidad, las tres actividades líderes que contribuyeron al resultado anual fueron administración pública y defensa, educación y salud (4,1%); comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida (3,1%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (5%), que en conjunto contribuyeron en 1,6 puntos porcentuales al PIB de 2018”.
Según esta información, el crecimiento de la economía colombiana oscilaría en 122 billones (de pesos colombianos), cifra que contrasta enormemente con los 10 mil millones de dólares que anualmente se estarían lavando en Colombia producto de las ganancias del narcotráfico en los Estados Unidos. La cifra también contrasta con la más de 5 mil millones de dólares que, según la Unidad de Información y Análisis Financiero, adscrita al gobierno de Colombia (UIAF), se mueven anualmente en la economía interna. Pese a lo contradictorias de las informaciones entre Washington y Bogotá, la admisión desde ambos países coincide en grandes operaciones de lavado de capitales en la nación neogranadina.
Entretanto, en ciudades como Cúcuta y Maicao, el florecimiento de un sinnúmero de actividades comerciales legales, que podrían partir mediante la incorporación de capitales del narcotráfico, han estado también acompasadas de otras formas paraeconómicas. Una de ellas ha sido el histórico contrabando de gasolina desde Venezuela a Colombia, que también tiene un punto conexo con la producción de cocaína.
Sin embargo, el elemento más grave parte del auge de las casas de cambio en Colombia. Los sistemas cambiarios o el gran tejido de casas de cambio que existen en el lado colombiano de la frontera son de suma particularidad como actividad en un margen entre un país y el otro. No existen otras fronteras entre países con las particularidades de las de Venezuela y Colombia. La Cámara de Comercio de Cúcuta y el Banco de la República de Colombia contabilizaron para el año 2015 unas 523 firmas registradas legalmente para la actividad, mientras que se estimaba un similar número de casas de cambio informales solo en el Departamento de Norte de Santander. Por otro lado, en la ciudad fronteriza de Maicao, también en Colombia, tenían presencia unas 370 firmas registradas y un similar número de cambistas informales. Este tipo de actividad, cuantiosa y numerosa para la densidad poblacional de ambos países en ese trecho, significa un tejido financiero que, aunque es legal y tiene una denominación informal que no es reprimida en Colombia, es símbolo representativo de una paraeconomía estructurada, altamente inferida por el lavado de capitales. La inercia es profunda, arraigada e histórica. En año 1993, la FinCEN explica la génesis de la legitimación de las actividades cambistas que han proliferado en Colombia, especialmente en su margen fronterizo.
El sistema funciona de la siguiente manera:
- Los carteles colombianos de la droga exportan drogas a los Estados Unidos.
- Las drogas se venden por dólares en los Estados Unidos.
- Un cartel en Colombia celebra un “contrato” con un corredor colombiano de peso en el mercado negro que generalmente se encuentra en Colombia;
- El cartel vende sus dólares estadounidenses al agente estadounidense del corredor.
- Una vez que se entregan los dólares estadounidenses, el intercambiador de pesos en Colombia deposita el equivalente acordado (de dólares estadounidenses) en pesos colombianos en la cuenta del cartel en Colombia (en este punto, el representante del cartel está fuera de escena porque ha convertido con éxito sus dólares de drogas en pesos).
- El corredor de pesos del mercado negro de Colombia ahora asume el riesgo de introducir los dólares del narcotráfico en la banca estadounidense; esto se realiza a través de una variedad de transacciones estructuradas.
- El corredor de pesos del mercado negro de Colombia ahora tiene un grupo de fondos lavados en dólares estadounidenses para venderlos a importadores colombianos que usan los dólares para comprar bienes (…) de los EE.UU.
- Finalmente, estos bienes son transportados a Colombia.
El enfoque parece haberse remodelado desde los métodos de 1993 a otros mecanismos “formales” y legales, mediante la creación de un hábitat financiero claramente alterno a los sistemas bancarios regulares, estructurado sobre las actividades cambistas en la frontera binacional. A finales de los años 90 y mediante el auge del narcotráfico, el lavado de capitales y presiones de factores económicos del lado colombiano, el gobierno de Colombia, a cargo del presidente Andrés Pastrana, procedió a dar cuerpo a una legislación marco que regiría desde entonces, y hasta hoy, el desarrollo de una dinámica monetaria con impacto a ambos lados de la frontera. Fue esa la publicación de la aún vigente Resolución Externa N° 8 del año 2000. A la luz de estos eventos, es evidente el financiamiento de un conjunto de actividades irregulares en un contexto paraeconómico signado por la ilegalidad y la legitimación difusa de diversas actividades perniciosas.
DESPLAZAMIENTO DEL CONFLICTO, DELITO TRASNACIONAL, LA FRONTERA COMO “ZONA DIFUSA” Y EL RIESGO DE SEGURIDAD ESTRATÉGICA BINACIONAL
En primer lugar, es indispensable reseñar la existencia de un corredor binacional que demarca particularidades. Estas parten de la configuración de inercias estructurales e históricas que definen la vida fronteriza. Se trata de un conjunto de condicionantes materiales y subjetivos que particularizan la vida en dicho espacio compartido en comparación a la vida en las capitales, ciudades centrales y regiones metropolitanas de ambos países. Es decir, la realidad socioeconómica y sociocultural en estas regiones está marcada por singularidades. La frontera es un corredor geo-humano, un espacio-territorio delineado por el comercio, las relaciones interpersonales y familiares, el flujo migratorio permanente y pendular, así como también por el tipo de economía que se ha consolidado a expensas de la sinergia de desarrollo tanto en Venezuela como en Colombia.
En esencia, Colombia es un país con un modelo de desarrollo centrípeto. Es un país que ha configurado el desarrollo de sus infraestructuras y plataformas de bienes y servicios, así como su economía, privilegiando su región central, especialmente en el eje cundi-boyacense. Ha proyectado su sistema de ciudades también al norte y hacia el Caribe, pero generando inercias intestinas de ostracismo económico en buena parte de su territorio, principalmente en dos ejes, el eje pacífico y el eje oriental, este último, parte del eje fronterizo con Venezuela.
Ello indica que el modelo de tipo centrípeto de Colombia, reproduce relaciones centro-periferia, que en las profundidades de la vida colombiana significan un deterioro prolongado y sistemático de las condiciones de vida de la población que habita en las regiones lindantes del país. En el caso de la población que habita en el eje oriental, tienen especial énfasis la población en los territorios de La Guajira, Norte de Santander, Santander y Arauca, que son representativas de altos índices de pobreza estructural. Para el 2019, unas 4 de cada 10 personas son pobres en el Norte de Santander según estudios de Pobreza Monetaria y Multidimensional del DANE (Colombia) y, en el caso de la Guajira, la pobreza Monetaria fue de 53,7% para 2018. Son estas regiones colombianas las que colindan con los estados venezolanos Zulia y Táchira. Las inercias estructurales de la economía colombiana han propiciado que el gentilicio del lado colombiano se asocie y desarrolle en relaciones de mutualismo con la vida venezolana y sus regiones próximas a la frontera, cuestión que ha servido para el desarrollo de actividades comerciales y flujo humano con diversos propósitos de un lado al otro del corredor binacional, en un devenir de más de 80 años de alta actividad.
Según el ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz en Venezuela, Gerardo Izquierdo Torres, consultado para esta investigación, “el corredor colombo-venezolano es el corredor fronterizo más activo del continente, lo que ha hecho de este trecho territorial un espacio-territorio sumamente permeable y altamente vinculado”, lo cual indica que lo que ocurre de un lado de la frontera se aprecia al otro lado. Mientras tanto, del lado venezolano convergen algunas de las contradicciones del propio modelo venezolano en la franja al sur-occidente de Venezuela, en las subregiones del Sur del Lago, Andes y Alto Apure, espacios y territorios con altas vulnerabilidades económicas estructurales que han favorecido la relación de sus habitantes con la frontera colombiana. Son esos entramados territoriales con alta permeabilidad con Colombia donde se desarrollan un conjunto de actividades conexas esenciales al mutualismo económico, social y cultural. Es lo que el ministro Izquierdo Torres define como “la frontera social” o de cómo la presencia de la influencia colombiana es palpable tierra adentro de Venezuela, creando un espacio, en términos subjetivos, sumamente difuso, particular y mixto.
EL TEATRO DE OPERACIONES DE UNA GUERRA HÍBRIDA
Es indispensable ahora referir que tales espacios en ambas naciones están claramente atravesados por los fenómenos derivados del crimen trasnacional, por la guerra en Colombia que se desarrolló durante décadas y por la posibilidad de que mediante el espacio fronterizo sea configurado un Estado portátil, difuso, una “zona difusa” que, tal como refiere el Ministro venezolano Izquierdo Torres, implica con diversas modalidades una zona de guerra híbrida contra Venezuela, “en el marco de una agenda destituyente contra sus autoridades chavistas, a cargo de factores estadounidenses apoyados en instancias de la parainstitucionalidad colombiana”, señala. El motivo de estas acciones estaría delineado en el interés sobre recursos estratégicos de Venezuela, como los más de 300 mil millones de barriles de crudo en reservas que podrían ser objeto de interés de factores estratégicos estadounidenses, así como también de factores de la vida colombiana que proyectan rentabilidad política y económica a expensas de una disolución de la actual institucionalidad en Venezuela.
Para los fines del desmantelamiento del Estado venezolano y su institucionalidad formal es indispensable, también, que se diluyan las formas convencionales de gestión del territorio y esas posibilidades se ciernen en el florecimiento de una estructura criminal, compleja, intrincada y extendida en el trecho fronterizo binacional. La alerta de tipo político que hace Izquierdo Torres no excluye las alertas estrictas en el ámbito concreto de lo militar. La “guerra difusa” histórica que han desarrollado fuerzas regulares e irregulares del lado colombiano, precisamente como mecanismos de sedimentación de hecho del propio Estado colombiano, sabemos, han tenido réplicas del lado venezolano. Esto infiere que la probabilidad de que estos mecanismos se trasladen a suelo venezolano, contra el Estado venezolano, mediante modalidades de nuevo tipo, con fuerzas beligerantes y no beligerantes como actores difusos en el terreno.
EL PUNTO DE INFLEXIÓN Y RIESGO DESDE EL QUIEBRE DE LAS RELACIONES BINACIONALES DESDE 2019
Desde el ascenso del presidente colombiano Iván Duque, Venezuela y Colombia han visto rotos sus lazos de relaciones políticas, todo ello, recordemos, en una trama de retaliaciones políticas contra las autoridades en Caracas y el no reconocimiento a la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018, pero también, en el acompasado reconocimiento de varios países de la región a la figura artificial e impuesta del diputado venezolano Juan Guaidó, autoproclamado “presidente interino” de Venezuela a inicios de 2019. Más allá de la diatriba política binacional, el cese de relaciones supone un cese de las relaciones interinstitucionales que ya venían sufriendo un claro deterioro en medio de la diatriba generada por los gobiernos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su par Juan Manuel Santos. En efecto, la ausencia de interlocución política, la ausencia de mecanismos de colaboración intergubernamental, la ausencia de políticas de control y gestión interinstitucional de la frontera ha permitido la formulación de un clima ideal para la aceleración de delitos y fenómenos que degradan la ley y la seguridad estratégica para ambos países, pero con mayor énfasis para Venezuela.
Este contexto delineado desde el ámbito estrictamente político han traspasado al ámbito de la sedimentación de los marcos juridisccionales binacionales para la atención de amenazas construidas sobre estructuras criminales. En este ítem, el desarrollo del conflicto histórico en Colombia es pieza clave y punto de partida. La evolución del conflicto en Colombia ha generado saldos que consisten en un impacto significativo a la seguridad del vecino país, de manera profunda y con derivaciones multidireccionales. A saber[12]:
- 7.758.935 víctimas registradas
- Homicidio: 262.980 víctimas directas. 697.107 víctimas indirectas
- Desaparición forzada: 45.567 víctimas directas. 114.534 víctimas indirectas
- 6.5 millones de desplazados internos
- 360.000 refugiados (estimación)
- 1 millón de víctimas fuera de Colombia (estimación).
El traslado de los efectos de la guerra a Venezuela ha ido desde lo militar al flujo humano, este último, denominador exacto de un impacto significativo para Venezuela. No obstante, el nudo crítico de las amenazas actuales a la seguridad fronteriza binacional yace en la continuación de la guerra por otras modalidades. Esto se explica especialmente desde proliferación de bandas criminales que se decantaron desde la supuesta desmovilización de las fuerzas paramilitares en el marco de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. Lo que hay es una evolución del conflicto armado a otras formas, mientras que hasta el presente, luego del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), existe una disidencia de las FARC en el ruedo de las armas y no existe acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Volviendo al tema de la evolución de las fuerzas paramilitares de derecha a modalidades criminales, en Colombia han tenido lugar políticas fallidas de pacificación de esos factores. Para las propias instituciones colombianas ha tenido lugar una reconfiguración y transformación de los actores del terreno, al unísono de un solapamiento de la otrora violencia política en modalidades de violencia criminal. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, publicado durante 2013 y referido por el medio colombiano El Espectador señaló que las bandas criminales hicieron presencia en 409 municipios de 30 departamentos de Colombia, es decir, en cerca del 30% de los municipios (ver infografía). En 285 de ellos hubo una presencia consolidada por parte de estas organizaciones criminales, mientras en otras 76 poblaciones hubo riesgo de que estos grupos armados ilegales se consolidaran del todo.
La reconfiguración del conflicto en Colombia está explicada por las propias acciones de la institucionalidad colombiana. Sobre ello, en un informe presentado en 2017 por el Council On Hemispheric Affairs[14], se detallan algunos de los elementos descriptivos sobre la política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, que implicaron el emprendimiento de una etapa cruenta de la guerra en Colombia a expensas de políticas de Estado y otras de “paraestado”, que impulsaron un auge del conflicto y su irradiación tanto a la periferia del territorio colombiano como a suelo venezolano. Reza el documento al referirse a los logros de la gestión de Uribe en el marco de la guerra y que, lejos de sorprender, ilustra en gran medida lo que sigue sucediendo en la realidad colombiana:
“Sin embargo, tales logros y admiración han cegado a muchos colombianos a las deficiencias de Uribe. Su administración estuvo plagada de escuchas telefónicas secretas, corrupción, apoyo descarado de paramilitares de derecha y graves abusos contra los derechos humanos (…) Además, Uribe fue el arquitecto de la Ley de Justicia y Paz de Colombia, que tenía como objetivo desmovilizar a los grupos paramilitares y hacerlos responsables de sus acciones. La ley fue muy criticada por expertos internacionales en derechos humanos porque, en la práctica, otorgó a los paramilitares una amnistía de facto. El hecho de que la ley no esbozara una transición sustantiva y un sistema judicial para paramilitares condujo al surgimiento de BACRIM, grandes organizaciones de narcotráfico que están dirigidas principalmente por exmiembros de las AUC. La presencia de estos grupos todavía constituye una de las mayores amenazas para la seguridad de Colombia. Además de la corrupción, Colombia sufrió algunos de sus abusos de derechos humanos más atroces durante la presidencia de Uribe. Entre estos abusos estaban las ejecuciones extrajudiciales de miles de combatientes de las FARC, así como el escándalo de falsos positivos en el que las fuerzas militares de Colombia mataron al menos a 5.000 civiles, los vistieron como guerrilleros y obtuvieron bonos del gobierno. La militarización extrema del país, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, condujo al desplazamiento de millones de personas de comunidades vulnerables. Esta escalada de violencia y militarización del país también condujo al asesinato de cientos de sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos a manos de las fuerzas gubernamentales, paramilitares y las FARC”.
La irradiación del conflicto colombiano implicaría el desplazamiento a la frontera y también al territorio venezolano por vía de la “frontera social”, de un conjunto de complejidades, guerrillas, paramilitares, narcotráfico y refugiados colombianos. Ante esta realidad, el cese de las relaciones binacionales solo acentúa la conformación de un corredor de inestabilidad y la profundización del riesgo en materia de seguridad estratégica. El agotamiento de las formas institucionales para el seguimiento y aplicación de los acuerdos en materia de seguridad y acorde a lo refrendado por ambos países en las convenciones internacionales, a causa de la pérdida de las relaciones interinstitucionales y cese de relaciones entre gobiernos es, en efecto, un factor acelerante de los riesgos y, sobre este ítem, Colombia tiene perfecto conocimiento de dicho saldo, lo cual deja clara su intencionalidad.
EL DESPLAZAMIENTO DE LAS AMENAZAS Y LA “ZONA DIFUSA“
El desplazamiento de los delitos trasnacionales con énfasis al suelo venezolano ha venido de la mano de la propia evolución de la guerra en Colombia. La espiral de violencia en Colombia, lejos de desaparecer con el acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, ha tenido el nuevo énfasis en el recrudecimiento del conflicto ahora con el ELN como factor de primer nivel. Las dilaciones y posibilidades de paz, desde el ascenso de Iván Duque, han quedado claramente frustradas. En efecto, como puede apreciarse en el mapa expuesto a continuación, el traslado del conflicto a otros ejes ha implicado el fortalecimiento del ELN, que ha extendido su marco de maniobra en el territorio colombiano teniendo énfasis en la frontera con Venezuela. Esta información fue levantada por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, creado recientemente por la Universidad del Rosario y difundido en infografía mediante la plataforma InSight Crime.
Esto último ha implicado una ampliación del teatro de operaciones de los factores en conflicto en Colombia hacia territorio venezolano, a expensas de un conjunto de delitos como el narcotráfico y el contrabando, que han sido motores económicos de la guerra, consolidándose al mismo tiempo un esquema articulado y sostenido de guerra híbrida, de tipo no convencional, en el marco fronterizo entre las dos naciones, significando ese elemento un nudo crítico para la seguridad integral de Venezuela, sin que existan, para el año 2019, mecanismos acordes con la nación neogranadina para la debida determinación de responsabilidades. El indiscutido implicativo de la configuración de un desplazamiento de la guerra, aún vigente contra las guerrillas, en este caso frente al ELN, concurre también mediante el énfasis en los delitos en el marco fronterizo. Luego del desarme de las FARC-EP, el conflicto también se ha trasladado a la continuidad de mafias de tipo paramilitarizadas, referidas por el gobierno de Colombia como Bandas Criminales (BACRIM) en un ejercicio probablemente reduccionista del tinte político de estas organizaciones, las cuales son autodeclaradas organizaciones abiertamente antiguerrillas, antiizquierda, antichavistas y anticomunistas. Dejan un matiz de clara oposición a las formas de institucionalidad existentes en Venezuela desde el auge de la Revolución Bolivariana como realidad política de esta nación. Al referirnos a los grupos paramilitarizados, un informe presentado recientemente por el Centro de Memoria Histórica del Gobierno de Colombia, refleja la siguiente situación:
“Sobre los grupos armados surgidos del controvertido proceso de negociación y desmovilización con las AUC, en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), plantea que existen dos grandes constantes detrás del fenómeno paramilitar y de la actual etapa de los GAPD:
1) La configuración particular del Estado colombiano y la promoción durante mucho tiempo de diseños institucionales que incentivaron el uso privado de la violencia y la provisión de seguridad.
2) La persistencia de economías ilegales e informales, particularmente en el ámbito regional que, además de demandar cierto tipo de ofertas de regulación privada, han constituido la única vía de acceso e integración de un conjunto significativo de comunidades y poblaciones locales. Estos mismos factores son también puestos de presente en diversos estudios que sugieren que la persistencia de economías ilegales ligadas con el narcotráfico y la explotación ilegal de materias primas (entre otras), sumado a la baja o corrupta presencia estatal, se encuentran en la base del fracaso de los procesos de desmovilización, la emergencia de los GAPD y el consecuente y posterior aumento de la violencia”.
Entiéndase el segundo punto recién señalado, como la descripción de las relaciones paraeconómicas fronterizas como una bisagra indispensable en la consolidación de una estructura de crimen en Colombia, con capacidades de permear a Venezuela, tanto por las propias inercias de la frontera como por el poder de alcance financiero del narcotráfico, el paramilitarismo y la estructura criminal toda. Tiene lugar en Colombia un declive de las agendas sociales y su probable inefectividad ante la ausencia de programas sustitutivos al entramado económico de la guerra y en el marco del florecimiento de nuevas formas germinales de actividad criminal, mediante modalidades de Bacrim, la destrucción de los tejidos institucionales y formas de autoridad suponen la consolidación de grupos irregulares armados que han sido reportados ampliamente por las propias autoridades colombianas.
Las amenazas más peligrosas para Venezuela no yacen precisamente por las guerrillas, sino por las estructuras narcoparamilitarizadas que emergieron. Los Rastrojos, Los Urabeños, el Ejercito Popular Antiterrorista de Colombia, las Autodefensas Gaitanistas, Los Paisas y Águilas Negras están diseminados en la geografía colombiana y en la frontera binacional, y ya es sabido para muchos factores de la seguridad colombiana que estos grupos forman parte de un engranaje criminal mucho más amplio, ante la presunción de que mafias como el Cartel de Sinaloa, en efecto, controlan trechos específicos del territorio colombiano mediante presencia paraeconómica y también mediante un componente armado. La “Zona difusa” implica entonces el desplazamiento y extensión a la frontera social binacional de los teatros de operaciones en el marco de una guerra irregular, el desarrollo de un espacio difuso, un espacio donde las relaciones elementales de funcionamiento institucional quedan parcial o totalmente inhabilitadas y donde los grupos en disputa por el territorio imponen sus propias reglas.
Es también un mecanismo de sedimentación de la seguridad estratégica para los países, no solo mediante la ruptura de las formas de seguridad integral, sino también por la declaratoria de hecho de los espacios-territorios como lugares políticamente baldíos, con una población subordinada a reglas atípicas o irregulares en materia económica y social, y mediante la conformación de nuevas prácticas culturales. El cuadro de vulnerabilidades en el hecho fronterizo se amplía en la medida en que se desarrollan actos coercitivos y unilaterales contra Venezuela, mediante el bloqueo de su economía. Es indispensable detenernos un momento en este ítem, que ha signado la vida económica de Venezuela en los últimos años.
Las medidas coercitivas y unilaterales que ha aplicado el gobierno estadounidense, según autoridades venezolanas, han significado una degradación en la base material de la nación y concretamente del Estado venezolano. Es indispensable reseñar este punto, dado que la inhabilitación económica parcial del Gobierno venezolano limita también su aplicación de las formas de gestión social, así como también su capacidad operativa para la aplicación de la autoridad. Este marco crea condiciones para que la población del lado venezolano sea cada vez más vulnerable frente a la paraeconomía imperante en la frontera, y se consolide un marco idóneo para que los grupos armados tengan un mayor poder y control sobre el margen binacional. Se incrementan entonces las relaciones difusas y los riesgos consecuentes. El espacio fronterizo entre Venezuela y Colombia es, en esencia, uno de los referentes y nudos críticos en materia de seguridad en el hemisferio occidental. Para las autoridades venezolanas es también un referente potencial en la germinación de otras formas de guerra híbrida o espacio idóneo para el desarrollo de una guerra regular aupada por Colombia y Estados Unidos, como se ha planteado de manera abierta por la Administración del presidente Donald Trump. Y estos son signos significativos de alerta.
Los riesgos para Caracas se explican mediante el hecho de que paramilitarismo ha mutado a lo largo de la última década, ello implica un cambio profundo de su estructura organizativa y esquema operacional. Un informe del Indepaz de Colombia, publicado en 2015, detalla lo siguiente sobre esto:
“La desmovilización de las AUC y otras grandes formaciones paramilitares marcó un momento de cambio en las estrategias contrainsurgentes hacia la adopción de políticas de institucionalización de la fuerza del Estado. Normas como la derogatoria de los decretos que autorizaron las “Convivir”, la declaratoria de inexequibilidad del calificativo de ‘sediciosos’ a los paramilitares y las reformas a la justicia y a los partidos aportan en esa dirección. El destape de la práctica sistemática de las ejecuciones sumarias, mal llamados falsos positivos, que se realizaron con el apoyo de grupos civiles paralelos, fue al tiempo la muestra de la profundidad del paramilitarismo institucional y la oportunidad para una rectificación en las prácticas de guerra”.
Desde las desmovilizaciones de 2005 y 2006, diversos factores nacionales de Colombia han deslegitimado y deslegalizado el paramilitarismo institucional. El complejo paramilitar ha escalado en la estructura formal de poder, con denuncias exactas de estructuras parapolíticas en lo alto del Gobierno colombiano. Álvaro Uribe es su principal referente. Este tejido paramilitar institucional mantiene formas de reemergencia y rearme y franjas institucionales de tolerancia, omisión e impunidad. Ello reviste en serias amenazas a Venezuela, detonando posibilidades múltiples de conflictos entre ambas naciones.
La influencia del paramilitarismo en la vida política y estructuras de poder el Estado colombiano también se ha transformado, atendiendo a una lógica expansiva. Siguiendo esta línea, el informe de Indepaz ofrece cifras recientes sobre un fenómeno que expresa la profundidad estratégica del paramilitarismo en los espacios de toma de decisión del Estado colombiano:
“Los procesos de Justicia y Paz, no obstante sus limitaciones, dieron insumos importantes sobre la asociación entre políticos de muchos departamentos y los paramilitares. El debilitamiento de la parapolítica obligó a recomposiciones en las elecciones de 2006, 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, y en los gobiernos en las regiones, pero se mantienen alianzas con los sucesores o herederos de la parapolítica en muchos departamentos y en los partidos mayoritarios en el Congreso de la República. Los clanes de parapolíticos, aunque debilitados, volvieron al Congreso como lo indica la foto de 32 parlamentarios en 2010 y otros 32 en 2016. Volvieron menos que los cerca de 100 Congresistas que tenían vínculos con paramilitares y narcotraficantes según dijo Salvatore Mancuso en su momento, pero algunos de los más visibles mantienen sus posiciones, sus redes regionales y tentáculos en las altas esferas. La Fundación Paz y Reconciliación publicó la lista de 140 candidatos —reconocidos parapolíticos— en las elecciones de 2015 a gobernaciones y alcaldías registrados en 19 de los 32 departamentos“.
El mencionado estudio de Paz y Reconciliación muestra que los avales de los parapolíticos reemergentes son otorgados pragmáticamente por casi todos los partidos políticos, entre los cuales se destacan Cambio Radical, Liberal, Unión Nacional (U), Conservador, Opción Ciudadana y Centro Democrático. Volviendo a las formas de amenazas armadas, este mismo informe también presenta una rigurosa panorámica que muestra la extensión geográfica del paramilitarismo en Colombia mediante la expansión del Clan del Golfo–AGC, que en 2016 llegan a tener presencia en 296 municipios de 27 departamentos. “En 2013, cuando dieron el paso de presentarse públicamente como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, registraron hechos en 264 municipios de 23 departamentos. En 2015 ese Clan registró eventos en 304 municipios de 21 departamentos”.
El seguimiento indica que el Clan del Golfo ha fortalecido su presencia en sus zonas de origen del noroccidente de Colombia y Bajo Cauca, Andén Pacífico desde El Darién a Tumaco; rápidamente ha incursionado también en Norte de Santander y Orinoquía. Indepaz también señala el proceso que han lidiado Los Rastrojos. En los últimos años ha sido un grupo narcoparamilitar que se ha confrontado con el Clan del Golfo-AGC y sus activos han sido absorbidos por esta vigorosa fuerza. Todo esto infiere una migración de la violencia en Colombia, desde el enfrentamiento entre fuerzas beligerantes hasta un nuevo ciclo de lucha entre carteles, es decir, fuerzas narcoparamilitares no sujetas a controles políticos, con posibilidades de incrementar su conflicto y de irradiarlo en el trecho fronterizo. Los riesgos ahora se ciernen sobre las posibilidades de una internacionalización o trasnacionalización del territorio colombiano bajo los designios de empresas criminales, tal como las propias autoridades colombianas lo han señalado con la cada vez más consistente presencia del Cartel de Sinaloa (de México) en el tejido de la estructura narcotraficante en Colombia. Desde la desmovilización de una parte de las FARC-EP, al fortalecimiento de las bandas narcoparamilitares y autodefensas de derecha, luego de su supuesta desmovilización, el cuadro del territorio difuso y en disputa acrecentó el desarrollo de modalidades de “franquicia” para este cartel mexicano.
Aunque las relaciones entre la empresa narcotraficante colombiana y mexicana son de muy vieja data, hay nuevas particularidades. “En los años 80, habían estructuras como la de Pablo Escobar o la de los hermanos Rodríguez Orejuela que eran capaces de controlar desde el cultivo, la producción, la transformación de la hoja en cocaína, el traslado de la mercancía en lanchas o aviones y la distribución en las calles de Estados Unidos, pero eso cambió mucho“, explica a BBC Mundo el investigador Daniel Rico. El profesor universitario y consultor internacional en la materia explica que en Colombia, desde el fin de los dos grandes carteles, las organizaciones que quedaron solo pueden controlar alguno de los eslabones de la cadena y desde entonces los mexicanos tomaron protagonismo. “El ingreso promedio de los narcotraficantes colombianos se redujo a un tercio porque las principales organizaciones mexicanas comenzaron a comprar de manera directa acá. La ganancia, por ejemplo, por un kilo de cocaína pasó de US$20.000 a US$7.000”, indica el experto.
Rico añade, explicando sobre la modalidad de “franquicia”, que los carteles de México aprovechan que los grupos criminales de Colombia necesitan de sus recursos para financiar sus disputas territoriales y con ello se garantizan la cocaína que necesitan. Es decir, hay un claro aliento a una carrera armamentista por parte de fuerzas irregulares.
En este punto los riesgos que podrían proyectarse al mediano plazo, en términos estrictamente dentro de la lógica de guerra difusa en suelo colombiano, es que tenga lugar una sedimentación acelerada de las formas de gobernanza (tanto regular como irregular) en el territorio, al punto en que esto se convierta en espacio de oportunidad para que el Cartel de Sinaloa tome directamente el territorio, tal como lo hacen en México, para trasnacionalizarlo. En esos escenarios, esto sería ingredientes de nuevas posibilidades para el auge de nuevas variantes del conflicto narcoparamilitar colombiano, que podría ser irradiado a Venezuela. De esta manera, el quiebre de las relaciones institucionales binacionales, el cese de la colaboración interinstitucional y el factor de vulnerabilidad, formulado desde la configuración de un espacio difuso en el trecho fronterizo, alcanza magnitudes con posibilidades incalculables a plenitud al día de hoy.