El bloqueo como delito de lesa humanidad: del Estado Venezolano ante la Corte Penal Internacional | Por Gisela Jimenez

La Ley 113-278 del Congreso de EE.UU. y la Orden Ejecutiva del Presidente Barack Obama en 2015 (ampliada por Donald Trump) declarando a nuestro país como “una amenaza inusual y extraordinaria” ha servido de marco para acciones que se traducen en un bloqueo económico y financiero criminal contra la población venezolana, violando los derechos humanos de todos y todas, lo que impide el ejercicio del derecho a la salud, a la alimentación y el acceso a bienes y servicios de primera necesidad.

El gobierno venezolano ha denunciado ante la Corte Penal Internacional, y ante el mundo, la configuración del delito de lesa humanidad contemplado en su estatuto, por parte de la administración del presidente de EE.UU. Donald Trump contra el pueblo venezolano, a través de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales al país, en contravención del derecho internacional, que se traducen en una escalada de medidas económicas y financieras que cercenan y obstaculizan la garantía de los derechos humanos de toda la población, vulnerando el derecho a la vida, la salud y la alimentación de grandes mayorías.

La población venezolana resiste diariamente los embates que se generan por la aplicación de estas medidas arbitrarias, con un alto grado de conciencia y de compromiso por la patria lo que permitirá que esta acción incoada por el gobierno nacional permita que se haga justicia y que sean devueltos al país los bienes y recursos financieros apropiados indebidamente por el despojo que impide normalizar la vida de la población.

La brecha de desigualdad social como consecuencia del bloqueo económico y financiero en el ejercicio de los derechos humanos impacta negativamente en la vida de la población. Es necesario señalar que los importantes avances que ubicaban la agenda estratégica de vindicaciones estructurales, se ha retrotraído a una lucha elemental por la supervivencia, por derechos y servicios básicos, que dan al traste con importantes conquistas, vulnerando los derechos humanos de las y los venezolanos en todas las etapas del ciclo de vida.

La demanda del Gobierno venezolano interpuso ante la Corte Penal Internacional contra la administración de Donald Trump por delitos de lesa humanidad demuestra ante el mundo que somos víctimas de leyes extraterritoriales y de un intento de exterminio contra la población civil. Esta demanda contra Estados Unidos que ocurre por primera vez, y genera un impacto desde el punto de vista de los derechos humanos porque demuestra, a través de una remisión, el crimen que se viene perpetrando contra el país. La Corte debería admitir la demanda por estos delitos que se han cometido contra el pueblo venezolano y ordenar que se levante de inmediato el bloqueo criminal contra Venezuela.

El pueblo de Venezuela es un pueblo de paz que anhela resolver las diferencias entre venezolanas y venezolanos, a través del dialogo y la convivencia pacífica, dentro del marco democrático y con respeto a la Constitución. Exigimos que se respete el derecho de los venezolanos y venezolanas a decidir libre y soberanamente su destino, así como el modelo político, económico y social que han decidido darse en el marco de las garantías democráticas.

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