El Proyecto de Ley Antibloqueo presentado por el presidente Nicolás Maduro, tiene el objetivo de restablecer el sistema económico afectado por el despojo de activos de la nación en el exterior y por las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos (EEUU).
Se trata de fortalecer «la actuación del poder del Estado frente a las medidas restrictivas. Esto es, superar obstáculos que pudieran generarse frente a determinadas situaciones que afectan al patrimonio venezolano o a los actos de despojo o inmovilización económica», explicó el constituyente Hermann Escarrá en entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias.
En tal sentido, la Ley Antibloqueo se basa en las facultades y procedimientos del Ejecutivo en el equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones, señaló.
Parte de los objetivos es recuperar la infraestructura pública y la capacidad productiva nacional, tomando decisiones de desaplicaciones de determinadas normas legales en casos muy específicos, con un control preventivo por parte del Consejo de Estado.
«Ante la imposibilidad, producto de una norma o un procedimiento, hay potestad para desaplicar y poder avanzar en estas políticas y procedimientos que plantea este proyecto de ley”, precisa.
La norma busca la estabilidad del sistema productivo y financiero, la aplicación de la inversión extranjera a gran escala y sustitución selectiva de importaciones, además de los 16 motores productivos.
Su contraprestación es la recuperación de la calidad de la vida, sobre todo de los mas débiles y vulnerables, el pueblo, destaca.
Resaltó que los ataques a la economía nacional forman parte de una estrategia planificada en los EEUU con “un gobierno paralelo y usurpado fuera del marco constitucional», en referencia al autoproclamado Juan Guaidó.
Protección al salario
Este texto constituyente viene a ayudar al desarrollo armónico, a la generación de fuentes de trabajo; a consolidar un alto valor agregado nacional; a elevar el nivel de vida de la población y a fortalecer la soberanía, indicó.
Plantea «desarrollar sistemas compensatorios de salarios o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, financiar el sistema de protección social, así como la tutela en los derechos humanos; lograr una mayor capacidad en los servicios públicos de mayor calidad, de impulsar la capacidad productiva nacional».
El 29 de septiembre el Jefe de Estado presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el proyecto en respuesta al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero, comercial y amenazas militares impuestas por EEUU.
Además es una acción legal para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales de otros Estados, grupos de Estados, instancias privadas y públicas internacionales como método de presión para propiciar cambios de gobierno.
“En el orden económico se podría decir que la economía venezolana en el ámbito nacional e internacional, se ha visto afectada sus relaciones comerciales, financieras, los inversores extranjeros de manera directa e indirecta por las medidas coercitivas y unilaterales», dice.
Escarrá recordó que la desestabilización promovida por Guaidó y su grupo político ha procurado hacerse con los bienes y activos del país en el exterior.
Ante tal agresión, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que articulará la acción de todos los Poderes Públicos en el deber de defender la soberanía económica, el bienestar social y el derecho al desarrollo.
Recalcó que esta herramienta jurídica no es improvisada, está evaluada y planificada en aras de los intereses patrimoniales de la República, acciones que continuarán con la nueva Asamblea Nacional (AN) que será elegida el 6 de diciembre.
Precisó que las medidas coercitivas unilaterales, así como las medidas restrictivas o punitivas contra la nación han configurado delitos de lesa humanidad y “sin lugar a dudas esta ley está dirigida a la protección y favorecimiento de los derechos humanos del pueblo».
Soberanía económica
La Ley Antibloqueo plantea también la recuperación del ahorro y mecanismos jurídicos varios para la protección del patrimonio nacional, revocar o impedir actos de inmovilización o pérdidas de control de activos, pasivos o pérdidas patrimoniales de la República.
Escarrá señala que se preservará el alcance, la razón de ser del artículo 303 de la Constitución que refiere a conservar, el Estado, la totalidad de la acciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
«Una cosa son las negociaciones, la operativa, seguramente los contratos con de carácter estratégico y otra cosa es la propiedad de Pdvsa, la propiedad de Pdvsa y la soberanía economía de la nación no están en juego en esta ley ni en cualquier otra», advierte.
Reserva de información
Respecto al mecanismo de reserva de información dijo que está dirigida, en apego al artículo 325 de la Constitución, a “hacer movimientos tácticos económicos, defensa y demás asuntos de planificación nacional”.
Esto es “para cerrar el paso a los antagonistas al gobierno de Venezuela; tiene un fundamento en el artículo 325 de la Constitución y de ninguna manera afecta el principio de libertad información, expresión o pensamiento”, recalcó.
El presidente de la República tendrá unos primeros 30 días para dictar las medidas para hacer frente ante el hecho tan grave del que ha sido víctima el país, agregó.
Con el bloqueo económico y financiero que ejerce la administración de Donald Trump para tratar de deponer al presidente Maduro y atacar al pueblo, Venezuela ha perdido más de 30.000 millones de dólares.
También, han sido congelados activos y cuentas en el exterior que pueden ser usados para atender las necesidades del pueblo venezolano.
Por otra parte, fue confiscada -con el apoyo de la derecha venezolana- las refinerías de Citgo, filial de Pdvsa, en EEUU
Asimismo, empresas como la petroquímica Monómeros, ubicada en Colombia; como también se le tienen retenidos al Banco Central de Venezuela (BCV) 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, en Reino Unido.
AVN