Intervención del viceministro Alexander Yánez ante la actualización oral de la alta comisionada Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela

Gracias, señor Presidente.

En nombre del pueblo y gobierno de Venezuela aprovecho la ocasión para reiterar nuestro rechazo a la metodología empleada por la Oficina de la Alta Comisionada para elaborar el informe presentado a este Consejo el pasado 5 de julio.

Tal como lo denunciamos en su oportunidad, este informe está dominado por una visión selectiva y parcializada; convirtiéndose en un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores.

Basta mencionar que el informe obvió toda la información recabada por la propia Alta Comisionada durante su visita al país. En cambio, fue elaborado a partir de 558 entrevistas, de las cuales 460 fueron realizadas fuera de Venezuela. En otras palabras, 82% de las fuentes consultadas para elaborar el informe no habitan en Venezuela

Lo expresado el día de ayer en este Consejo ratifica nuestra convicción de que la Alta Comisionada sabe bien que ese informe no refleja adecuadamente la realidad que vio directamente en Venezuela.

A pesar de ello, hace una semana recibimos en Caracas la visita de funcionarios de alto nivel de la Oficina de la Alta Comisionada. Es la tercera visita que realiza dicha Oficina a Venezuela en los últimos 6 meses.

Para el 2 de septiembre de este año estaba prevista la visita al país del Relator Especial sobre medidas coercitivas unilaterales. Lamentablemente, problemas de salud del relator impidieron el desarrollo de esta visita oficial. Hemos solicitado la cooperación de la Oficina para poder concretar la visita de otro procedimiento especial antes de culminar este año 2019.

De igual manera, hemos pedido a la Alta Comisionada acelerar la cooperación técnica para el establecimiento de un mecanismo nacional de seguimiento a las recomendaciones del Examen Periódico Universal y los órganos de tratados, así como para el diseño del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos de nuestro país. Todos estos hechos dan cuenta del compromiso de nuestro gobierno con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de nuestra voluntad de seguir fortaleciendo el diálogo y la cooperación con la oficina de la Alta Comisionada y los mecanismos de este Consejo.

A esto se suma el trabajo con las diversas agencias de Naciones Unidas presentes en el país. Una muestra de ello es el reciente Plan de Respuesta Humanitaria elaborado por la ONU en Venezuela, con toda la colaboración y el apoyo de nuestro gobierno.

Lamentamos que los mecanismos de comunicación y cooperación existentes entre la Oficina y el gobierno venezolano no hayan sido agotados para contrastar, en su totalidad, la información presentada en la actualización oral. Si bien dicha Actualización evidencia algunos matices, sin embargo, sigue padeciendo de fallas metodológicas que se traducen en información sesgada que pasa a alimentar la campaña contra Venezuela. Hay inexactitud de datos, hechos, contextos y conclusiones. No obstante, seguimos abiertos para el intercambio constructivo de información.

Señor Presidente:

Las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Donald Trump al pueblo venezolano causan muerte, dolor y sufrimiento. El secuestro de activos en el exterior, el congelamiento de miles de millones de dólares en bancos extranjeros priva al Estado venezolano de recursos indispensables para adquirir alimentos, medicinas e insumos médicos en el exterior. Lamentamos que existan Estados miembros del Consejo que respalden y justifiquen esta práctica claramente contraria al derecho internacional.

Precisamente en el último informe presentado por el Relator Especial sobre medidas coercitivas, Sr. Idriss Jazairy, del 5 de julio de 2019, indica: “(…) Los Estados Unidos han venido aplicando un número cada vez mayor de sanciones económicas a la República Bolivariana de Venezuela durante más de un decenio (…)”.

Lo anterior, demuestra que la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de EEUU se aplican con anterioridad al año 2015.

En ese sentido, el Gobierno Bolivariano de Venezuela valora la preocupación expresada por la Alta Comisionada sobre y cito: “… el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Medidas que, según la Alta Comisionada, están teniendo “… un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general”.

Si a algún país debería aplicársele una Comisión de Investigación o un procedimiento especial por violación masiva de los Derechos Humanos, es al gobierno de los Estados Unidos.

Señor Presidente:

El gobierno venezolano reitera su voluntad de seguir avanzando en un proceso de diálogo genuino y cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre orientados por los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena, entre otros instrumentos relevantes.

Muchas Gracias

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Temas: Bloqueo contra el pueblo de Venezuela.

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