Intervención del viceministro Alexánder Yánez en ONU-Ginebra en respuesta a actualización oral del Informe de la Alta Comisionada de la ONU para DDHH

La República Bolivariana de Venezuela reitera sus serios y fundados cuestionamientos a la metodología utilizada por la Oficina de la Alta Comisionada para elaborar sus informes sobre la situación del país. Aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar documentos equilibrados y apegados a los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.

A pesar de ello, Venezuela ratifica su disposición de diálogo y cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

El equipo de la Oficina que se encuentra en Venezuela ha recibido el pleno apoyo de los órganos competentes del Estado venezolano para el cabal cumplimiento de su misión, en estricto apego a los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas.

Adicionalmente, hemos recibido la visita de funcionarios de la Oficina destacados en Ginebra y la sede regional de América del Sur para avanzar en esta dirección.

Como resultado de la Carta de Entendimiento y el plan de trabajo suscrito a finales de 2019, se ha reforzado la cooperación y asistencia técnica en diferentes temas de derechos humanos, incluyendo el diseño del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.

El personal de la Oficina presente en Venezuela ha tenido pleno acceso a centros de detención en todo el país, en el marco de un cronograma acordado con las autoridades. Durante las visitas han conversado libremente con las personas privadas de libertad. Venezuela no tiene nada que esconder. Ya quisieran los migrantes encarcelados en Estados Unidos que las autoridades brindaran las facilidades que otorga Venezuela a la Oficina para el desarrollo de su labor.

Lamentamos que la Alta Comisionada no reconozca la respuesta brindada por el Estado a los 130 casos presentados ante el Comité de Coordinación. A la fecha, la gran mayoría de las solicitudes realizadas por la Oficina en relación con dichos casos ya han sido oportunamente atendidas.

Reiteramos que en Venezuela no existen personas detenidas por motivos políticos.

Con respecto a la visita de los procedimientos referidos por la Alta Comisionada en su informe, debemos aclararle que en el mes de diciembre de 2019, el gobierno venezolano reiteró la invitación para visitar el país a dos relatores especiales. Igualmente, solicitó el apoyo de su Oficina para poder concretar estas visitas. Hasta la fecha seguimos esperando respuesta a ambas solicitudes.

No obstante, la semana próxima desarrollaremos junto a la Oficina un taller de capacitación a funcionarios y funcionarias del Estado venezolano, sobre el rol de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

El personal de la Oficina de la Alta Comisionada que permanece en Venezuela ha podido constatar que la situación de derechos humanos del país dista notablemente del panorama que un grupo de gobiernos repetidamente presenta en este Consejo, para rendir pleitesía a su amo en el norte de América.

No es precisamente en Venezuela donde aparecen nuevas fosas comunes con cientos de personas asesinadas como falsos positivos. No es en Venezuela, donde un pueblo que se moviliza contra el neoliberalismo y la desigualdad es reprimido con brutalidad, con un promedio de 10 mil detenidos por cada mes.

El gobierno venezolano tiene un sólido compromiso con la promoción, protección y realización de los derechos humanos y así han podido comprobarlo estos funcionarios de la Oficina que están en el país. Aunque no lo digan públicamente en este Consejo, sabemos bien que es así.

Este compromiso de Venezuela con los derechos humanos fue igualmente reconocido por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas que respaldaron la elección de nuestro país para integrar este Consejo.

A pesar de las presiones, chantajes y extorsiones ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos y sus mandaderos en el continente, Venezuela se encuentra por tercera vez como Estado miembro del Consejo.

Desde la última actualización oral de la Alta Comisionada en diciembre 2019, se ha continuado con la imposición de ilegales y arbitrarias medidas coercitivas unilaterales a Venezuela.

No se escapó de estas criminales medidas la aerolínea venezolana Conviasa, empresa que viene desarrollando un inédito y extraordinario trabajo humanitario para facilitar el retorno al país de venezolanos y venezolanas que decidieron migrar por causa de la agresión económica que se ejecuta contra Venezuela. Más de 100 mil migrantes venezolanos en el extranjero se encuentran directamente afectados por estas nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos.

Igualmente se suma a esta ola de odiosas e ilegales medidas las acciones tomadas por el gobierno de Estados Unidos de América contra empresas extranjeras que comercializan petróleo venezolano. Se busca privar al Estado venezolano de su principal fuente de ingresos sin importar los efectos causados en el disfrute de los derechos humanos.

Una vez más, denunciamos en este Consejo de Derechos Humanos, la obsesiva persecución ejecutada por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Se trata, sin duda, de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Es un crimen de lesa humanidad.

A 31 años de la masacre conocida como El Caracazo, 27 de febrero del año 1989, ejecutada en Venezuela por gobiernos plegados a las políticas neoliberales, el Gobierno Bolivariano ratifica su irrestricto apego a los derechos humanos y su voluntad de cooperación con este Consejo y la Oficina de la Alta Comisionada.

Los derechos humanos no deben ser utilizados como armas para enmascarar estrategias de cambio de régimen que solo generan violencia, sufrimiento y violaciones de los propios derechos humanos.

Muchas gracias.

Ginebra, 27 de febrero de 2020

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