Intervención del representante permanente ante la ONU-Ginebra, Jorge Valero, en Actualización Oral de la Alta Comisionada para DDHH

Tomamos nota de las preocupaciones expresadas por la Alta Comisionada en su presentación oral y daremos respuesta -a cada una de ellas- en su debida oportunidad.

Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario, pues observa fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela.

La resolución 42/25 contra Venezuela, adoptada por una mayoría circunstancial en este Consejo, es una iniciativa políticamente motivada. Se pretende imponer un infructuoso mecanismo de monitoreo, cuya implementación cuesta más de dos millones y medio de dólares, para elaborar un informe plagado de mentiras.

Constituye un irresponsable dispendio de los escasos recursos con que cuenta el Sistema Universal de Derechos Humanos.

Si se abogara verdaderamente por los derechos humanos, los países que apoyan esta hostil iniciativa, en vez de criticar a la democracia venezolana, deberían preocuparse por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en los países de nuestra región que la propusieron, como Colombia, Brasil, Perú y Canadá. Condenarían el cruento golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Debe preservarse la cooperación y el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que está dando resultados.

Un equipo de su Oficina está en Venezuela y recibe el pleno apoyo de todos los órganos competentes del Estado. Esta cooperación es pertinente y necesaria porque se fundamenta en los principios del derecho internacional, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas: el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Con el Memorando de Entendimiento suscrito entre el gobierno venezolano y la Oficina del Alto Comisionado, el 20 de septiembre de 2019, se ha reforzado la cooperación y asistencia técnica en materia de derechos humanos.

La Oficina coadyuva a la elaboración del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, y a la elaboración de un mecanismo nacional de seguimiento a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos.

Como se evidencia, la cooperación entre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado es posible.

Mientras que la resolución 42/4 sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia en el campo de los derechos humanos en Venezuela, adoptada el pasado 26 de septiembre de 2019 por este Consejo, cuenta con el aval del Estado venezolano; por el contrario, la resolución 42/25 aprobada el 27 de septiembre de 2019, bajo el tema 4 de la agenda de este Consejo, es injerencista y, por lo tanto, ha sido rechazada categóricamente por nuestro gobierno.

La primera, fundada en el diálogo constructivo y la cooperación, está dando sus frutos. La segunda, políticamente motivada, está destinada al fracaso.

Reiteramos la invitación para que los Relatores Especiales sobre el Negativo Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, y sobre el Derecho al Desarrollo visiten nuestro país.

Venezuela trabaja de consuno con todas las agencias de Naciones Unidas que operan en nuestro país. El reciente Plan de Respuesta Humanitaria, elaborado por esas agencias de la ONU, cuenta con el apoyo del Gobierno Bolivariano.

El gobierno supremacista y guerrerista de Donald Trump ha restaurado la funesta Doctrina Monroe. Aplica una estrategia de bloqueo total contra Venezuela. Amenaza con invadir militarmente a nuestro país. Manifiesta que podría instrumentar un bloqueo naval. Amenaza también con aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (Tiar); un instrumento militar que solo podría aplicarse en caso de una supuesta amenaza extracontinental.

Ese gobierno ha renovado la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Pretende, así, justificar las medidas coercitivas unilaterales que ese gobierno viene aplicando contra nuestro pueblo, desde 2014, y que constituyen crímenes de lesa humanidad.

El gobierno estadounidense ha adoptado más de 300 medidas coercitivas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano. Le han robado a Venezuela 116 mil millones de dólares, el equivalente a seis años del presupuesto nacional. Estas criminales medidas violan flagrantemente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

El pasado 13 de febrero de 2020, el Estado venezolano elevó una denuncia (remisión) ante la Corte Penal Internacional, para que se investiguen esos crímenes de lesa humanidad. Nuestro pueblo espera que se determinen responsabilidades y se castigue a sus ejecutores.

Lamentamos que existan Estados miembros de este Consejo que promueven una resolución contra Venezuela, pero guardan un silencio cómplice y hasta respaldan y justifican la imposición de estas criminales medidas coercitivas.

Venezuela es un país libre y democrático, donde los derechos humanos se disfrutan plenamente. El gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros es garante inequívoco de estos derechos.

Los derechos humanos, su promoción y protección, son sagrados para la ONU. No deben ser utilizados como pretexto para generar más violencia y violaciones de los propios derechos humanos.

Muchas gracias.

Ginebra, 10 de marzo de 2020

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