Discurso del viceministro William Castillo durante 41° Sesión del Consejo DDHH de la ONU

Gracias  Señor Presidente.

Un día como hoy, hace 208 años, el pueblo venezolano firmó el Acta de su Independencia, dando nacimiento a Venezuela como República soberana, libre e independiente. Hoy honramos a los hombres y mujeres que forjaron con su vida la libertad de América.

Señor Presidente

En septiembre pasado, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a nuestro país a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Esa visita culminó hace días, y abrió un canal de comunicación entre el Estado y la Oficina de la Alta Comisionada.

En Venezuela, se reunió con el Presidente, las máximas autoridades de los poderes  públicos, y con todos los actores institucionales, sociales y políticos.

Su equipo de trabajo visitó hospitales, mercados, universidades y centros penitenciarios, habló con el pueblo, recogió sus opiniones y accedió a información de forma absolutamente libre.

Recibió abundante información sobre las políticas públicas y el modelo de protección social vigente desde 1999.

Recibió denuncias de diferentes grupos de víctimas, constató los problemas existentes y se enteró de los esfuerzos del Estado por resolverlos.

Por ello, resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada; un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos, y que parece un calco de informes anteriores.

Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y sólo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa.

Basta mencionar que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual significa 82% de las opiniones vertidas en el informe.

El informe no hace mención alguna a los significativos avances de Venezuela en materia de derechos humanos, e ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico, está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo.

Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio por abordarlos debe considerar las causas estructurales.

Desde hace 20 años, Venezuela es blanco de una agresión multiforme por parte de Estados Unidos con el fin de lograr un “cambio de régimen”.

Este plan ha incluido Golpes de Estado como en 2002, intentos de magnicidio como el perpetrado contra el Presidente Maduro en agosto de 2018, sabotajes a la industria petrolera y los servicios públicos, violencia paramilitar y política, cerco diplomático, y desde 2015, un férreo bloqueo a nuestras actividades comerciales y financieras.

En Venezuela no existe una “crisis humanitaria”. Como  muchos países, padecemos problemas económicos  asociados a diversos factores, como la caída de los precios petroleros y el bloqueo económico.

Sólo el ingreso por exportaciones petroleras pasó de 40 mill millones de dólares anuales a unos 5 mil millones a partir de 2015.

Pese a ello, el Gobierno ha mantenido la paz del país, el ejercicio de su vida democrática  y sus políticas de justicia social.

La salud y la educación son gratuitas.

Los programas sociales benefician a todos los venezolanos sin filtro partidista.

En ocho años, se han construido 2 millones 600 mil viviendas, beneficiando a más de doce millones de ciudadanos.

Es cierto: importantes indicadores sociales han sido severamente impactados por el bloqueo económico.

Hoy están confiscados en EEUU 30 mil millones de dólares en activos de PDVSA, mientras 40 bancos retienen 5 mil 400 millones de dólares impidiendo a Venezuela comprar alimentos y medicinas.

Venezuela no puede refinanciar su deuda y se castiga a los buques petroleros y a las empresas que mantienen trato comercial con nuestro país.

Y sin embargo, desde 2015, Venezuela dedica 60% de sus ingresos a la importación de alimentos.

El Gobierno atiende a 6 millones de familias, a través de los CLAP, exitoso programa de apoyo alimentario.

Mantiene un sistema de bonos para equilibrar el salario, y mantiene pensionado a 100% de la población en edad de recibirla.

Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señalados genéricamente de incurrir en violaciones masivas a los derechos humanos.

Más allá de debilidades en el sistema de justicia, y de  desviaciones puntuales en las instituciones policiales, pareciera que se busca que el Estado permanezca inerme, cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional,  planes de golpes de Estado que proponen un baño de sangre entre la población ciivil, e incluso, una intervención militar extranjera, con la que nos ha amenazado el Presidente Trump.

La violencia política de la oposición llevó a la muerte a 43 ciudadanos en 2014 y a 120 en 2017. La Alta Comisionada se entrevistó con familiares de personas que fueron quemadas vivas sólo por parecer chavistas o tener piel oscura. Lamentamos que el informe haya obviado esos testimonios.

Venezuela valora el reconocimiento de que las sanciones agravan la situación económica y lesionan los derechos humanos.

En ese contexto, solicitamos a la Alta Comisionada que, en concordancia con las Resoluciones de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, exija el cese inmediato del bloqueo a Venezuela.

Respetada Alta Comisionada: Venezuela está segura de que usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en Venezuela.

Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina.

En nombre de nuestro pueblo, la exhortamos a alcanzar el equilibrio.

Tal como le manifestó el Presidente Maduro, Venezuela atenderá las recomendaciones constructivas que usted haga, con miras a fortalecer los derechos humanos, y apuntalar el Estado Social de Derecho y de Justicia en Venezuela.

Así, hoy como ayer, con el ejemplo de nuestros Libertadores y empuñando las armas la verdad y la razón, Venezuela seguirá defendiendo su independencia y su soberanía.

Muchas gracias, Señor Presidente.

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