Ante la sistemática e intencional privación de los derechos fundamentales de migrantes venezolanos en Colombia, el Gobierno Nacional solicitó la activa participación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en aras de “cesar los delitos de odio, violencia y xenofobia”.
En una misiva, fechada el 20 de octubre de 2021, el Estado venezolano instó a garantizar la investigación de los hechos y la aplicación de sanciones ejemplares a los responsables por acción y omisión del avance de la política de estigmatización y violencia, que hasta la fecha registra 2.061 víctimas fatales de nacionalidad venezolana en Colombia.
En la vocería de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, conminó a la ACNUDH exigir al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones de protección de los derechos humanos de los migrantes dentro de su territorio, sea cual sea su nacionalidad o estatus migratorio.
La carta dirigida a la ACNUDH parte de las acciones concretas en defensa de los connacionales a fin de “garantizar la vida de quienes partieron en busca de otros rumbos derivado del criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela”.
“La mano está extendida con el Plan Vuelta a la Patria para nuestros connacionales, aquí esta su familia, aquí esta su hogar y aquí está su Patria”, recalcó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas.
A continuación, el comunicado íntegro:
Caracas, 20 de octubre de 2021
Excelentísima Michelle Bachelet Jeria,
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tengo a bien dirigirme a usted para trasmitir un cordial saludo y, al mismo tiempo, hacer referencia a la grave política de persecución, xenofobia y violencia que se está ejecutando en la República de Colombia contra los venezolanos y las venezolanas que han decidido asentarse en ese país en los últimos años como consecuencia del impacto social de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la economía y a la población venezolana.
De conformidad con las cifras oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia y otras autoridades, así como organizaciones de defensa de derechos humanos, entre los años 2017 y 2020, un total de 2.061 venezolanos y venezolanas resultaron asesinados en la República de Colombia en un contexto donde la violencia y el terror son el sostén de un sistema política profundamente excluyente e injusto, basado en el manifiesto contubernio de las autoridades de ese país con bandas criminales, grupos paramilitares y el narcotráfico.
Solo en el año 2021 han sido asesinados en Colombia 362 venezolanos y venezolanas y en los últimos cinco años un total de 836 migrantes venezolanos han sido reportado como desaparecidos. La muestra más reciente de los crímenes de odio contra la población venezolana ocurrió el viernes 8 de octubre de 2021 en la localidad de Tibú, Departamento del Norte de Santander de la República de Colombia, en los cuales fueron raptados y vilmente asesinados un adolescente indígena de 15 años y un joven de apenas 18 años, ambos de nacionalidad venezolana.
Conforme a trascendido públicamente, ambos fueron primeramente retenidos por comerciantes de la zona al ser acusados de presuntamente cometer hechos ilícitos, bajo el anuncio de ser entregados a las autoridades, exponiendo su imagen a través de las redes sociales y criminalizándolos públicamente. Horas más tarde, ambos jóvenes fueron encontrados sin vida a la orilla de una carretera del sector con heridas de arma de fuego en la cabeza y carteles lesivos a su dignidad humana.
Los hechos de violencia contra la población venezolana en Colombia son el resultado de una campaña sostenida de estigmatización y xenofobia, impulsada por las más altas autoridades de ese país en clara violación de sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante dentro de su territorio.
En efecto, como muestra de la discriminación y la xenofobia, el 21 de diciembre de 2020, el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, expresó públicamente que la población migrante venezolana no sería incorporada al proceso de vacunación contra la COVID-19 a pesar de la gravedad de esa pandemia que afecta a la humanidad. En la misma línea de conducta, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha acusado a la población venezolana de generar un incremento de la criminalidad en esta ciudad.
Esas acciones y conductas han sido ejecutadas en forma sistemática y consciente; y se producen mientras, formalmente, las autoridades de Colombia en un sofisticado show solicitan y reciben recursos de la comunidad internacional para, en apariencia, fortalecer programas de atención a la población migrante venezolana que nunca se ha visto beneficiada por tales ayudas internacionales.
Las acciones u omisiones de las autoridades colombianas en la protección de los derechos de las y los migrantes venezolanos tienen un impacto real, expresado mediante delitos de odio y xenofobia y actos de discriminación contra los venezolanos y las venezolanas en todas las áreas de la vida social, como el empleo, vivienda, salud, entre otros.
De acuerdo con una encuesta realizada en noviembre de 2020 por el barómetro de xenofobia, 69% de los consultados indicó que la inseguridad en Colombia ha aumentado debido a la presencia de venezolanos y, más grave aún, el 76% manifestó sentir miedo, rabia, angustia o fastidio cuando se le acerca un venezolano o una venezolana.
Adicionalmente, investigaciones de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela arrojan que la tasa de homicidios entre la población migrante venezolana es 2.8 veces mayor a la del resto de la población de Colombia.
La República Bolivariana de Venezuela considera que estos abominables actos de violencia y la forma en que se producen deben ser objeto de la más absoluta e inequívoca condena, pues demuestra la degeneración a la que se puede llegar alimentando matrices de opinión contra los migrantes económicos, que terminan siendo víctimas de inusitados actos de violencia y de barbarie injustificable desde todo punto de vista. Además, todos estos actos y particularmente el atentado contra la vida niños y adolescentes violan flagrantemente la normativa internacional, incluyendo la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
En ese sentido, me permito solicitarle su participación activa frente a la masiva, sistemática, grave e intencional privación de derechos fundamentales de la población venezolana migrante en Colombia que constituyen potenciales crímenes de lesa humanidad, a los fines de hacer cesar los delitos de odio, violencia y xenofobia, asegurar que se investiguen los hechos y se sancionen ejemplarmente a los responsables por acción y omisión, al tiempo que la oficina a su cargo exija al Estado colombiano cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos de los migrantes dentro de su territorio, sea cual sea su nacionalidad o estatus migratorio.
Como país que somos, con amplia tradición en recepción de migrantes, demostrada, entre otros hechos, en la acogida y protección a los seis millones de ciudadanos colombianos que migraron a Venezuela en las últimas décadas tenemos la autoridad política y moral para exigir a Colombia un compromiso certero con los derechos humanos de los migrantes.
Sin más a que hacer referencia, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra más alta estima y distinguida consideración, al tiempo que destacamos la palabra de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar en 1812 en los albores de nuestra lucha independentista: “Corramos a romper las cadenas de aquellas victimas que gimen, no burléis su confianza, no seáis insensibles a los lamentos de nuestros hermanos id veloces a dar la vida por el moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos”.